Ashiya. En su afán de reactivar la economía estancada, el gobierno japonés viene proponiendo desde hace algún tiempo una serie de medidas para animar a los ciudadanos a aflojar los cordones de la bolsa y gastar más. Ante el escaso éxito de las medidas anteriores, el gobierno intenta ahora lo nunca visto: repartir bonos para que el consumidor compre gratis.
La prolongada recesión ha producido una fuerte psicosis de ahorro en el pueblo japonés, que contribuye en parte a hacerla más duradera. Varias de las medidas que hacían suponer una respuesta favorable de los consumidores -como la reducción de impuestos, por ejemplo- han resultado, sin embargo, en más ahorro y menos dispendios. Las rebajas de precios y ofertas especiales se han topado también con la negativa de los japoneses, que, preocupados por el porvenir, no quieren gastar más de lo estrictamente necesario.
En vista de esta resistencia a gastar, el gobierno ha decidido poner en práctica una propuesta del Komeito (uno de los partidos de la oposición), que consiste en distribuir gratuitamente bonos canjeables por productos. Se pretende forzar así a los ciudadanos a hacer compras que favorezcan la economía nacional. Hay también la esperanza de estimular el consumo y que el desembolso no se limite sólo a los bonos gratuitos, que no son canjeables por dinero.
Un experimento singular
Al adoptar este plan, el gobierno japonés se ha comprometido a hacer un desembolso de más de 700.000 millones de yenes que no sirven para ahorros. Según dice Katsuyushi Hikasa, uno de los promotores del plan, «se trata del primer experimento económico de este tipo que jamás se ha llevado a cabo en el mundo».
Es también el más singular en cuanto a tratar de revitalizar una economía de primer orden como la japonesa. Bastantes economistas lo critican por las innumerables dificultades logísticas y lo caro que está resultando su puesta en marcha. Los críticos dudan de su eficacia, ya que puede muy bien suceder que los que reciban esos bonos los usen para las necesidades inmediatas y ahorren su valor en metálico, sin hacer mayores gastos, lo que equivaldría a un nuevo fracaso.
El Ministerio del Interior tiene la misión del control general y de la administración de los fondos, pero son las administraciones locales las responsables de su distribución y de elegir a los que pueden recibir los bonos. Cada municipio se encarga también de imprimirlos en unidades por un valor de 1.000 yenes, de acuerdo con unas normas generales, pero con las variaciones que parezcan pertinentes en cada caso.
Las personas elegibles son: a) todos los hijos de familias que tengan menos de 16 años de edad, y b) los adultos de 65 años para arriba, cuyos impuestos sobre la renta sean nulos o muy bajos (por recibir un sueldo mínimo), y los pensionistas. Estas personas tienen derecho a recibir 20.000 yenes cada uno (25.800 pesetas).
Los bonos no son canjeables por dinero: sólo se pueden usar para comprar productos o servicios en los comercios designados por cada municipalidad; no se devuelve cambio en caso de que el valor de la compra sea inferior al de los bonos empleados; y sólo servirán durante seis meses, pues caducan el próximo agosto. En las ciudades grandes su uso está limitado a los comercios de cada barrio, para proteger a las tiendas pequeñas. En algunos lugares se permite también su uso en grandes almacenes o supermercados, pero sólo después de un plazo de varias semanas a partir de la fecha de su distribución.
Bastantes tiendas se ven en un aprieto para cobrar los bonos que han recibido a cambio de sus productos, ya que para cambiarlos por dinero contante y sonante, tienen que pasar factura a la municipalidad correspondiente y esta al Ministerio. Los gobiernos locales transfieren después las cantidades a las cuentas corrientes de los comercios, con lo que, entre unas cosas y otras, se necesita un mínimo de dos semanas. Mientras tanto, los comerciantes se encuentran faltos de dinero en metálico para pagar a sus proveedores. Antonio Mélich.