Las “empresas sociales” buscan compaginar el beneficio económico y el rendimiento social de su actividad.

Varios países han aprobado nuevas figuras jurídicas para empresas que, aun teniendo ánimo de lucro, conciben su negocio como una forma de servicio a la sociedad. Este modelo pone rostro concreto a la idea de un capitalismo responsable.

Hay quien piensa que el capitalismo, tal y como lo conocemos, está herido de muerte. Otros consideran que, para bien o para mal, no hay un modelo alternativo para sustituirlo, y que lo único que puede hacerse es tratar de corregirlo “desde fuera”, fundamentalmente a través de más vigilancia.

Sin embargo, en el mundo de la empresa está cobrando fuerza la idea de que el sistema puede mejorarse desde dentro, gracias a las “empresas de interés público”: no se trata de asociaciones, fundaciones o compañías sin ánimo de lucro, el conocido como “tercer sector”. Son empresas ordinarias que, además de mirar por su rentabilidad económica, llevan en sus estatutos la obligación de considerar el impacto social a medio y largo plazo de sus decisiones.

Las Benefit Corporations funcionan como empresas tradicionales, pero su actividad ha de redundar en un impacto social positivo y medible

La idea de promover un capitalismo responsable no es nueva. A favor de esta causa se han alzado voces tanto desde el ámbito de la economía, como desde el de la ética y la religión, con Benedicto XVI (cfr. Aceprensa, 25-08-2009 ) y Francisco (cfr. Aceprensa, 13-06-2014 ) como protagonistas destacados. Sin embargo, las iniciativas surgidas en torno a estas propuestas se han concentrado en el sector no lucrativo: las charities en el mundo anglosajón, las compañías sin fin de lucro o las ONG generalmente reciben donaciones, subvenciones o exenciones de impuestos, y su actividad casi siempre es directamente asistencial.

En cambio, las empresas sociales desarrollan una actividad comercial en un sector de la economía, tienen ánimo de lucro y utilizan estrategias comerciales para conseguir beneficios, se financian como cualquier otra compañía y no disfrutan de ventajas fiscales de ningún tipo.

De las CIC a las Benefit Corporations Este concepto ha recibido diversas denominaciones en los diferentes países que lo han regulado. El primero en hacerlo fue el Reino Unido, que en 2005 creó las Community Interest Companies (CIC). Varios documentos gubernamentales recientes aclaran que estas empresas, aunque funcionan como las demás, han de perseguir un objetivo social, y deben emplear sus beneficios y sus activos “para el bien público” (lo que se conoce como asset lock ). Sin embargo, a diferencia de las charities , las CIC no desarrollan una actividad directamente asistencial, sino que pueden dedicarse a cualquier sector siempre que sus actividades redunden en un beneficio para la comunidad. El nivel de supervisión por parte del gobierno es menor.

En Estados Unidos, la empresa social ha encontrado en las Benefit Corporations (BC) una forma jurídica para desarrollarse. Se trata de compañías privadas y con ánimo de lucro que entre sus objetivos establecen, además del beneficio económico, un impacto social.

Los dos rasgos que mejor las identifican son el estar obligadas a una evaluación del impacto social por parte de un organismo privado independiente (las CIC británicas son supervisadas por el gobierno), y la existencia de un mecanismo de control específico ( Benefit Enforcement Proceeding ) por el que los accionistas o los propios directores pueden llevar a juicio a la empresa si consideran que no está cumpliendo su función social. Ambas características las distinguen de una figura parecida, las Social Purpose Corporations (SPC), aprobadas en los estados de California, Washington y Florida. Las SPC comparten muchos rasgos con las BC, pero solo están obligadas a una evaluación interna y no contemplan ningún procedimiento de control judicial más allá de los tradicionales en el ámbito privado.

Aunque la idea de “humanizar” el capitalismo no es nueva, sí lo es el auge de algunas figuras jurídicas que pretenden concretar este propósito

A finales de 2015, 30 estados norteamericanos habían aprobado la figura jurídica de las BC. Por esas mismas fechas, Italia hizo lo mismo. En gran medida, el auge se debe a la presencia de B Corps, una organización sin ánimo de lucro dedicada a expandir este modelo y a certificar a empresas que cumplen con los requisitos mínimos para ser consideradas compañías con beneficio público: apenas diez años después de su fundación, 1.700 empresas en 150 países ya han recibido su sello; otras 40.000 utilizan la herramienta de B Corps para medir su impacto social.

En un reciente informe , los fundadores explican cómo, a pesar del auge mediático de las Benefit Corporations, las empresas todavía encuentran barreras legales para registrarse en esta figura jurídica. Según los autores, estos obstáculos, herencia del viejo capitalismo que siempre pone los intereses a corto plazo de los accionistas por encima del impacto social, han de ser eliminados para permitir que más compañías puedan contribuir a la prosperidad común sin perder su orientación comercial.

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