El gobierno dará a los habitantes de los barrios de chabolas certificados de vivienda, que les permitirán acceder a servicios públicos, y en algunos casos, títulos de propiedad de sus casas.

Buenos Aires.— No ambulancias. No móviles policiales. No distribuidores de mercadería. Nadie se arriesga a ingresar a una “villa-miseria” en Buenos Aires. En especial, a la reconocida “Villa 31”, sub-mundo marginal donde no hay domicilios, no hay calles, no hay servicios de cloaca o agua potable, todos se “enganchan” para bajar la luz o la TV y la inseguridad es la verdadera dueña del terreno. Inseguridad laboral. Inseguridad educativa. Inseguridad por la violencia y la droga. Precariedad de “los nadies”, diría Eduardo Galeano; los ninguneados, “hijos de nadie, dueños de nada. Que no son, aunque sean. Que no tienen cara, sino brazos. Que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local”.

Ahora, más de un millón y medio de “nadies” pasarán a ser “alguien”, con domicilio reconocido oficialmente por el Estado mediante un “certificado de vivienda”. Se trata de un plan de regularización de tenencia que propone integración social y urbana a los habitantes de 4.100 asentamientos informales en todo el país, con más de 400 mil familias radicadas adentro. A la par, otro plan conexo se apresta a entregar títulos de propiedad a habitantes de la Villa 31 en plena Buenos Aires.

Los 43.000 vecinos de la Villa 31, en Buenos Aires, recibirán títulos de propiedad de sus casas

Los números no tienen alma, dicen. Pero cuando plantan dimensión al dolor, la cosa cambia. Decir que el 32,2% de los argentinos son pobres y que el 6,3% son indigentes es un cachetazo para un país que produce alimentos para 400 millones de personas (y los exporta). Esos porcentajes se traducen en 16 millones de pobres e indigentes sobre un total de 44 millones de habitantes, según el informe de marzo de 2017 del Observatorio de la Deuda Social Argentina, organismo que conduce la Universidad Católica Argentina y toma, entre otros, datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Una familia de 4 integrantes necesita en Argentina 800 euros mensuales para superar el umbral de pobreza (en 2003, ese valor era de 85). El salario mínimo fijado por el gobierno es de 500 euros, con lo que para apenas salir de pobres, se deben sumar dos empleos. La realidad indica que una familia tipo requiere al menos 1.500 euros mensuales para vivir moderadamente. El millón y medio de habitantes de villas en este país perciben desde nada (son desocupados) a salarios precarizados de 150, 400 euros. No tienen agua ni cloacas ni transporte público ni gas ni servicios sociales ni seguridad policial ni electricidad ni cable de televisión ni ni ni. Villas-miseria, asentamientos o “barrios populares” como les llama el último eufemismo local. Algunos de estos “barrios” alcanzan características de verdaderas “ciudades ocultas”, al estilo de México o Río.

Ante esto, el gobierno de Mauricio Macri propuso un corte: otorgar a todos un “certificado de vivienda”, una carta de existencia con la que tendrán un nombre en el mapa y podrán reclamar derechos.

Primer paso: el censo Para certificar, primero hay que saber. Hasta hace 8 meses, una bruma de anonimato y desconocimiento cubría las “villas” argentinas: quiénes, cuántos, dónde… A partir de octubre de 2016, la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) y la Jefatura del Gabinete de la presidencia encararon un censo específico, junto a 7 mil relevadores financiados por el Estado, pertenecientes a cinco organizaciones sociales. La tarea constató 4.100 asentamientos en todo el país que, si se fusionaran, cubrirían 330 kilómetros cuadrados, una superficie más grande que la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de los asentamientos, se identificaron 800 mil parcelas, terrenos con vivienda, muchas de estas superpuestas (el crecimiento vertical de la Villa 31 ya supera la altura de la autopista contigua).

Con los certificados de domicilio, los habitantes de las villas podrán solicitar servicios públicos y prestaciones sociales

Paso 2, el mapa Nombres. Situación. Y consignar todo en un mapa georreferenciado. Se apuntó a más de 400 mil familias, de las cuales, el 38% de sus integrantes son menores de 20, y apenas el 3% es mayor de 65 años. “Más que un proyecto de titulación, la información de calidad es un insumo para otras políticas públicas que iremos implementando”, define Ramón Lanús, titular del Renabap. El censo detectó que muchas familias beben agua de pozo y eliminan sus excretas en pozos ciegos sin cámara séptica, lo cual conecta las napas; el 60% de los asentamientos se inunda cuando llueve y el 70% presenta factores de riesgo como rutas de alto tráfico, basurales o torres de alta tensión.

Paso 3, los papeles El 1° de junio comenzó a funcionar el Renabap, Registro Nacional de Barrios Populares. En la semana del 20 de este mes, el organismo junto con la ANSES hizo la primera entrega de certificaciones en tres asentamientos: uno en la ciudad de Corrientes y dos en Buenos Aires. El mecanismo es arduo: la Jefatura de Gabinete de Ministros notifica a cada una de las 400 mil familias para que concurra a las oficinas de la ANSES a solicitar y retirar el certificado.

Paso 4. De habitantes a ciudadanos El documento “servirá para declarar el domicilio legal o fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –informa la ANSES en su página web–. De esa manera, (cada familia) podrá solicitar la instalación de servicios a su nombre como agua corriente, electricidad, cloacas o red de gas; solicitar la CUIL (Clave Única de Identificación Laboral), prestaciones de salud, previsionales y educativas”. Transporte urbano, comisarías, centros culturales y deportivos… todo.

¡Propietarios! Paralelamente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en un proceso similar en conjunto con el Estado nacional, para entregar –acá sí– títulos de propiedad de vivienda en la Villa 31. Un asentamiento pegado al muy top barrio de Recoleta, surgido hace 80 años en tierras fiscales, donde viven 43.190 personas en situación de guetificación. Con mucho narco suelto distribuyendo el “paco” (residuos de la pasta base de cocaína) sin que nadie, a excepción de los “curas villeros” que se asientan a vivir allí, se anime a intervenir. La tasa de homicidios es 7,5 veces mayor que en el resto de la ciudad, y la droga deja muertos en la calle por enfrentamientos y muertos caminantes en las casas por efecto “zombi”.

La pobreza tiene la cara de la ignorancia: 7 de cada 10 adultos no terminaron el secundario, y 2 de cada 10 menores nunca asistió a la escuela.

En las 4.100 “villas-miseria” de todo el país habitan más de 400 mil familias

Ahora, la apuesta es reconvertir la “villa” en “barrio” para 2019. Entregar títulos de propiedad, mejorar unas 9 mil viviendas, destruir otras 892 y construir 1.200 más en un terreno contiguo, con un presupuesto de cien millones de euros. Diseñar calles, pavimentar, poner luminarias, servicios de salud, construir un polo educativo, un centro de desarrollo laboral y generar paridad de condiciones con el resto de la ciudad. “Tomamos referencias de procesos similares en Medellín, Bogotá, San Pablo, Río de Janeiro, Guayaquil –dicen desde el gobierno porteño–. Aprendimos de sus lecciones, de las intervenciones de gobiernos locales en favelas y villas para la regeneración e integración social y urbana”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del mismo signo político que Macri, trasladó en noviembre pasado como gesto simbólico sus oficinas al corazón de la 31, en lo que antes era un búnker de distribución de drogas. Si se concreta el nuevo “Barrio 31” (los argentinos tienen inserta en su ADN la desconfianza hacia toda promesa gubernamental), reportaría al macrismo una imagen de sensibilidad social en un curriculum asfixiado de sospechas contrarias.

Ser “un alguien” No ser nombrados es como no existir. Y cuando la mirada que devuelven los demás, los de la “ciudad real y formal”, dice que uno “es nadie”, lo que se quiebra no es la identidad de papeles sino la otra, esa que va más allá del DNI o la green card: la identidad de ser. La desidentidad de pensarse anónimo y sin raíces conduce a la apatía, el doblegamiento o peor: a la violencia. Ser “un alguien”, un humano, un igual, forma ciudadanos con derechos y con futuro.

Verónica Toller es periodista argentina, escritora, integrante de FOPEA, Foro de Periodistas Argentino

Argentina: vecinos de villas-miseria tendrán por fin papeles

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