Alemania: menos privilegios para los funcionarios

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El cambio laboral en Alemania ha alcanzado también a los funcionarios, tradicionalmente atrincherados en una confortable situación. Sindicatos y “empleadores” públicos alemanes acordaron el 9 de febrero en Potsdam reformar, por primera vez en cuarenta años, el convenio colectivo que rige las condiciones laborales de los 2,1 millones de funcionarios estatales y municipales (los 900.000 funcionarios regionales quedan fuera).

La principal medida, calificada como “reforma del siglo” por los propios sindicalistas, establece una regla única de sueldos para funcionarios (en lugar de las siete “tablas de tarifas” hasta ahora existentes), y la adapta al mercado: desaparece la diferencia entre funcionarios y otros empleados de la Administración.

Se rebaja -para evitar la privatización de empleos que resultan caros a la Administración- el sueldo mínimo en 300 euros, con lo que aparece un nuevo grupo inferior de funcionarios que cobran a partir de 1.286 euros mensuales. Aumenta el sueldo de los funcionarios jóvenes y desaparece el principio de antigüedad. Los años de servicio, la edad y la familia no influirán tanto en el sueldo como la eficacia del trabajador. Se establece un incentivo de productividad, que a partir de 2006 podrá suponer un aumento del 2% en el sueldo, y a medio plazo del 8%.

Las partes aceptaron unificar la duración de la semana de trabajo en 39 horas para los funcionarios estatales. No está previsto “castigar” con una reducción de sueldo a los funcionarios menos productivos. Para los funcionarios del oeste (no para los del este, antigua RDA) se garantiza un aumento de sueldo de 300 euros anuales en 2005, 2006 y 2007.

La financiación de estos incentivos es un punto flaco de la reforma: los aumentos de sueldo de los funcionarios más productivos se deducirán de los fondos de vacaciones y Navidad del resto de trabajadores, o aprovechando el aumento de la renta nacional (y por tanto de los impuestos). Sólo si esto resulta insuficiente, se recurrirá a la supresión de puestos de trabajo en el funcionariado. Así las cosas, al menos a corto y medio plazo la reforma implicará mayores gastos.

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