Contrapunto
En España los mayores de 65 años constituyen el 17% de la población. Pero solo el 3,6% de todos los representantes políticos (diputados, senadores, concejales de grandes municipios, diputados de parlamentos autonómicos o dirigentes de los partidos) superan los 64 años, según los datos expuestos durante el Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores.
De los 609 diputados y senadores solo 29 (4,7%) tienen más de 64 años y entre los 249 miembros de los comités ejecutivos de los cuatro mayores partidos, solo hay seis mayores.
En un mundo que ha hecho bandera de la lucha contra la discriminación, parece que la discriminación por la edad es admisible. En un país donde si no lloras tu condición de minoría discriminada no mamas, los mayores de 65 -la minoría llamada a ser cada vez más amplia- es ninguneada en la vida política. Los partidos la llevan en autobús a los mítines, pero apenas cuentan con gente de esa edad para subir al estrado.
El PSOE, que no tiene a nadie mayor de 65 años en su ejecutiva, está en cambio muy decidido a exigir la paridad de hombres y mujeres en las listas electorales para mejorar el acceso de la mujer a los puestos políticos. Sin embargo, la representación de las mujeres en el Parlamento no es ahora desdeñable (126 de 350 diputados, es decir, el 36%.).
Por eso, es curioso que la «cuota» se intente imponer solo a propósito de los sexos, como si otras posibles discriminaciones no fueran importantes. ¿Por qué no reservar también unos puestos para los mayores de 65 años, hombres y mujeres, que tienen experiencia, tiempo y no se ausentarían de los debates parlamentarios? Quizá porque si entramos en la dinámica de las «cuotas» habría que reservar otras para minorías hoy marginadas políticamente (jóvenes, parados, amas de casa…), hasta conseguir que los parlamentarios fueran representativos de la composición del cuerpo electoral. En último término, las listas electorales tendrían que formarse según los criterios con que se elige una muestra para hacer un sondeo.
De entrada, antes de imponer nada por ley, los partidos podrían imponerse a sí mismos una cuota de mayores en sus órganos directivos.
Ignacio Aréchaga