Análisis
Los envíos de correo contaminado de ántrax crearon después del 11 de septiembre una psicosis de inseguridad en Estados Unidos y recordaron la necesidad de controlar mejor las armas biológicas. Sin embargo, la Administración Bush acaba de bloquear la revisión de la Convención contra las armas biológicas, de 1972, con su oposición en solitario frente a los otros 143 Estados firmantes.
En la conferencia celebrada en Ginebra durante tres semanas, se trataba de acordar un régimen obligatorio de inspección internacional, para vigilar las instalaciones donde podrían fabricarse tales armas, como el adoptado ad hoc por la ONU para Irak tras la Guerra del Golfo. Las armas biológicas son mucho más fáciles de fabricar y difíciles de controlar que las nucleares, y los mecanismos de vigilancia son débiles.
La principal objeción de Estados Unidos es que la inspección internacional haría vulnerables sus proyectos secretos de investigación para defenderse de ataques bacteriológicos y permitiría el espionaje industrial contra las empresas norteamericanas de biotecnología. La conferencia trató de introducir reformas para dar satisfacción a las preocupaciones norteamericanas, pero -aunque las discrepancias se referían solo al 5% del texto- Estados Unidos acabó rechazando en bloque el proyecto de protocolo y aun pidiendo que se disolviera el comité encargado de prepararlo. La reunión no pudo llegar a ningún acuerdo y ni siquiera redactar una declaración final: solo se convino en repetirla dentro de un año.
La oferta norteamericana era implantar una «cooperación voluntaria» y un compromiso de promulgar leyes nacionales para obligar al cumplimiento de la Convención, en vez del sistema de vigilancia internacional. Tal postura obedece a una lógica similar a la que Estados Unidos sostiene para retirarse del tratado ABM y negarse a ratificar el tratado de prohibición de pruebas nucleares. Alega que, a diferencia del pasado, hoy muchos Estados «pequeños» pueden fabricar armas de destrucción masiva.
La amenaza procede, pues, no de las grandes potencias, sino de regímenes peligrosos que no respetarán las reglas del juego. De modo que los tratados internacionales dejan en desventaja a los Estados que los cumplen.
Pero esto es un problema de todo pacto de no proliferación de armamento, y muestra precisamente la necesidad de reforzar los controles. Que la primera potencia militar del mundo se niegue a ello no hace más que aumentar el peligro: «Si los que quieren que las reglas se cumplan no las respaldan, ¿por qué habrían de plegarse a ellas los inclinados a no respetarlas?», pregunta The Economist (15-XII-2001).
Estados Unidos insiste en que, por su parte, cumplirá escrupulosamente la Convención contra las armas biológicas y la prohibición de pruebas nucleares. En suma, pide al mundo que se fíe de su palabra pero no quiere obligarse a aceptar la palabra de los demás. Solo se aviene a un control de armamento a su manera, reservándose el derecho a determinar quiénes son los malos de la película y a castigarlos por su cuenta cuando detecte un peligro. Quiere para sí en exclusiva la función de policía del mundo.
Rafael Serrano