Después de un largo proceso parlamentario y judicial, el Tribunal Supremo filipino ha dado el espaldarazo final a la conocida como “Ley de Salud Reproductiva” (Act 10.354). El texto fue aprobado por el pleno del Parlamento en diciembre de 2012, después de una fuerte campaña por ambos bandos y unas votaciones muy reñidas; pero la presentación de varias cuestiones de inconstitucionalidad provocó que, apenas tres meses después de su aprobación, la ley quedara suspendida sin haber llegado a entrar en vigor.
Sí a la distribución de anticonceptivos
El Tribunal ha dictaminado por unanimidad la constitucionalidad de la ley en conjunto, pero ha declarado inconstitucionales por mayoría algunos puntos específicos. Esto significa que el núcleo del texto, la distribución legal y gratuita de anticonceptivos en los centros sanitarios públicos, ha sido avalado.
Desde ahora, el Philippine National Drug Formulary (un listado de los medicamentos que, por su carácter esencial, deben estar al alcance de los ciudadanos de toda condición social) deberá incluir anticonceptivos mecánicos (preservativo, dispositivo intrauterino) y hormonales (orales, cutáneos, inyectables).
Los profesionales de la sanidad pública y los centros privados podrán alegar obejción de conciencia para no participar en programas oficiales de control de la natalidad
Además, la sentencia avala la constitucionalidad de la sección 14 de la ley, que establece que todos los adolescentes reciban una educación en salud reproductiva acorde con su edad. También confirma la legalidad de las campañas multimedia promovidas por el gobierno para fomentar los “derechos reproductivos” a nivel nacional.
Sin aborto y sin coerción
Los partidarios de la ley han recibido estos avales como una victoria, aunque incompleta. Sus promotores han señalado que, pese a los artículos declarados inconstitucionales, la sentencia supone la confirmación del derecho de la mujer a gobernar su sexualidad.
No obstante, la sentencia deja claro que existen límites a este derecho. Por eso han sido declarados inconstitucionales los artículos que no reconocían la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios del sector público –y, en otro orden, la de los padres que no quieren que sus hijos reciban una educación sexual contraria a sus valores–, la que negaba la necesidad de que los menores cuenten con consentimiento paterno para acceder a métodos de planificación familiar, o la ilegalidad de los métodos de contracepción que se consideren abortivos.
En definitiva, como señala una noticia en el Manila Times, la sentencia es coherente con los dos límites que la jurisprudencia filipina ha consagrado en lo referente a la salud reproductiva: no aborto y no coerción.
Los anticonceptivos quedan incluidos entre los medicamentos esenciales, pero los de efecto abortivo siguen prohibidos
Objeción de conciencia
Por ejemplo, varios preceptos de la ley rechazados por el Tribunal Supremo establecían sanciones para los proveedores de servicios de salud reproductiva que se negaran a apoyar los programas del gobierno, a distribuir información sobre ellos, o a remitir a los pacientes a otros médicos no objetores. Además, la sentencia reconoce el derecho de los centros privados a no ofrecer estos servicios, por motivos religiosos o de conciencia.
Otro de los límites fijados por el Tribunal ha enfadado al colectivo feminista: se declara inconstitucional la provisión que permitía a un individuo casado acceder a “procedimientos” de “salud reproductiva” sin el consentimiento del cónyuge. No queda claro a qué tipo de intervenciones se refiere, aunque puede entenderse respecto a la esterilización, ya que el aborto sigue prohibido. Según algunos defensores de la ley, esta decisión del Tribunal supone un paso atrás en el reconocimiento del derecho de la mujer a ser dueña de su cuerpo. Desde el punto de vista contrario, es un reconocimiento de que la decisión de tener hijos o no tenerlos no puede ser unilateral.
Aparte de las ideas feministas importadas de Occidente, que ligan la dignidad de la mujer a su “autonomía reproductiva”, algunos defensores de la ley han invocado la superpoblación de Filipinas para justificar la necesidad de la norma. Los contrarios han contestando que lo que el país necesita para luchar contra la pobreza son mejores infraestructuras, y que la mentalidad maltusiana es propia de una mirada paternalista de Occidente sobre el resto del mundo.