Congo: que el Estado pague a los profesores o que devuelva las escuelas

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Duración lectura: 3m. 36s.

Kinshasa. Ante el fracaso del Estado para financiar la enseñaza, en la R.D. del Congo el sueldo de los profesores de las escuelas públicas es pagado casi en su totalidad por las familias de los alumnos. Para el nuevo curso, la Iglesia católica ha pedido el fin de este sistema para obligar al Estado a asumir sus responsabilidades.

En 1975 el gobierno impuso la nacionalización de la enseñanza. La medida no estaba inspirada por una preocupación de mejorar la calidad. Fue un acto político que quería poner fin al espíritu de libertad simbolizado por las escuelas confesionales, sobre todo católicas, pues hacían sombra al Ministerio de Educación, que no funcionaba con la misma eficacia.

Para obtener el objetivo deseado se escogió la peor de las soluciones: “De la noche a la mañana, el Estado, que estaba ya en crisis económica, asumió la financiación de todas las escuelas y el salario de todos los profesores, con un presupuesto que estaba en constante regresión”, escribe Martin Ekwa Bis (citado en “Congo Afrique”, marzo 2005). La escuela y la universidad vieron enseguida recortados sus presupuestos.

Con la efervescencia política al comienzo de los noventa, el país sufrió los primeros “años en blanco”, en los que no hubo clases en el conjunto del sistema educativo, desde la enseñanza primaria a la universidad. Ante la deplorable quiebra del Estado, los padres dijeron “nunca más” y dialogaron con los directores de escuela y los profesores para buscar soluciones.

Así que en 1992 nació el partenariado entre padres y profesores (de primaria a la universidad) para tomar las riendas de la enseñanza ante el abandono del gobierno (cfr. Aceprensa 166/02). El Estado paga a un profesor de primaria el equivalente de 25 dólares y las familias completan lo que falta hasta los 175 dólares mensuales. Este sistema ha permitido funcionar a la escuela en los últimos 13 años.

Pero desde hace dos años, la población asiste estupefacta a la malversación de fondos públicos por parte de los gobernantes e instituciones surgidas del Diálogo Intercongolés, con el que se intentó dar una salida a la crisis política del país. Los casos de corrupción han llevado ya a la destitución de los ministros de Minas y de Transportes.

Ante tal situación, la Conferencia Episcopal católica, por boca de su presidente Mons. Monsengwo Pasinya, arzobispo de Kisangani, pidió el pasado febrero que el Estado asumiera su obligación de pagar los sueldos de los profesores del sector público. La Iglesia considera que hay suficiente dinero en las arcas del Estado para pagar a sus profesores, y por lo tanto esto no debe recaer sobre los padres, que a su vez están mal pagados.

El Gobierno, a través de su portavoz, respondió que “esto no se puede hacer bruscamente, hace falta negociar entre las partes interesadas para que los alumnos no salgan perdiendo”. Pero desde febrero nada había cambiado hasta que al comienzo de agosto el Estado comunicó que estaba considerando cómo mejorar el salario de los profesores a través del programa de “Países Pobres Muy Endeudados”. Este programa favorece la condonación de la deuda exterior siempre que el Estado se comprometa a destinar esos fondos a la lucha contra la pobreza.

El temor ahora es que el país vuelva a caer en el ciclo de “años en blanco”, pues desde 1990 hasta ahora el presupuesto total del Estado no alcanza los 1.000 millones de dólares, y el 58% es financiado por la comunidad internacional. En estas condiciones, no se ve cómo puede el Estado pagar salarios decentes a los profesores cuando el salario mínimo es de 1 dólar diario.

Puede entenderse que esta postura de la Iglesia católica responde a una estrategia para recuperar sus escuelas y la Universidad de Kinshasa (ex Lovanium), nacionalizadas en 1975. Si el Estado es incapaz de hacer frente a sus obligaciones, entonces que devuelva a sus antiguos propietarios las escuelas y las universidades. Lo que temen las autoridades políticas es que estas se conviertan en la punta de lanza de la crítica a la gestión calamitosa del Estado.

Philémon Muamba Mumbunda