La resolución del Parlamento Europeo muestra la inquietud en el bando abortista

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La resolución del Parlamento Europeo muestra la inquietud en el bando abortista
Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Bruselas, 11 abril 2024 (foto: Daina Le Lardic / European Parliament / DPA / Europa Press)

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 11 de abril una Resolución que acuerda incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siguiendo los pasos de lo que hizo Francia el anterior 4 de marzo respecto a su Constitución. El acuerdo del Europarlamento incorpora la retórica radical habitual de los adalides del aborto y exige a las instituciones europeas y a todos los Estados miembros que legalicen el aborto sin restricciones, lo incorporen a la enseñanza en todos los niveles como exigencia del derecho a la salud y a la autonomía personal, prohíban la objeción de conciencia de los sanitarios y eliminen todo apoyo público y financiero a las entidades que se oponen a él.

Esta Resolución no tendrá ningún efecto práctico, pues este tipo de acuerdos parlamentarios no tienen eficacia jurídica vinculante; además, para hacer esa pretendida reforma de la Carta sería necesario el apoyo unánime de todos los Estados miembros de la UE, y varios de ellos (Hungría, Italia, Malta y algunos otros) no votarían jamás a favor de esa propuesta como alguno de ellos ha dicho ya expresamente. Es una mera operación de propaganda política de algunos ante las próximas elecciones de junio que renovarán el Parlamento europeo; pero resulta interesante comprender sus motivaciones últimas.

Los antecedentes recientes
Durante unas décadas parecía que la normalización del aborto era la única opción progresista, y su implantación, imparable. Pero los hechos acreditan que eso no es cierto. La legalización del aborto es un fenómeno muy reciente –y siempre discutido y contestado en todos los sitios– que empezó con carácter general en EE.UU. en 1973; desde ahí se fue extendiendo a Europa y después al resto del mundo a impulsos de ideologías, intereses económicos y estrategias políticas hoy muy contestadas (obsesión maltusiana por el control de la población, revolución sexual, imperialismo económico y colonialismo ideológico de los más ricos, presión de la industria del aborto y la anticoncepción sobre los gobiernos, ideología de género, etc.).

La resolución pretende recortar libertades fundamentales, mientras en distintos países crece la resistencia provida

El aborto no solo no está normalizado en el mundo, sino que encuentra cada vez más resistencia en todas partes; y en primer lugar, en USA, donde empezó este fenómeno. Más de la mitad de los estados de la Unión han aprobado en los últimos años leyes restrictivas del aborto con una cadencia que sigue en aumento tras la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2022 en el caso Dobbs, que revocó la sentencia Roe que inició en 1973 la legalización del aborto en Occidente.

Por otra parte, varios países del ex bloque comunista han aprobado leyes restrictivas del aborto a partir de 1989 (el caso más claro es el de Polonia), y en toda la América Latina se está produciendo una gran resistencia a la aprobación del aborto que se exige a aquellos países de forma insistente y colonialista desde la ONU. En Perú, por ejemplo, acaba de aprobarse en noviembre de 2023 una ley que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. En la misma Europa el aborto es objeto de amplio debate social en muchos países: la propia Resolución del Parlamento Europeo de 11 de abril cita en su exposición de motivos leyes, políticas e iniciativas sociales de resistencia exitosa al aborto en Polonia, Malta, Eslovaquia, Hungría, Italia, Rumanía, Croacia y Bélgica.

La Resolución del Parlamento Europeo del 11 de abril pone de manifiesto cómo los lobbies proaborto están nerviosos por el avance de las posturas favorables al derecho a la vida en distintos países, que parecen indicar la posibilidad en un próximo futuro de un proceso en Europa similar al que se está viviendo en EE.UU. tras la sentencia del Tribunal Supremo que revocó Roe. Por eso, quieren blindar el aborto en normas con rango constitucional para dificultar las decisiones de eventuales nuevas futuras mayorías parlamentarías más comprometidas con la vida.

Las nuevas pulsiones totalitarias

Durante dos mil años ha sido pacífica la idea de que el Derecho debía proteger la vida del no nacido. Esta tendencia la quebró la Unión Soviética a partir de 1917 para su ámbito de influencia, y Roe en 1973 para el mundo Occidental, pero ya ni la una ni la otra existen; y la causa de la vida sigue abriéndose paso con más o menos éxito por todos sitios.

Ha sido habitual en la historia que quienes sienten que pueden perder el poder que han ostentado durante un largo tiempo quieran blindarlo con leyes represivas para así parar las nuevas tendencias que les ponen en peligro. Eso está sucediendo hoy con los defensores del aborto: empiezan a comprobar que su imperio ideológico se tambalea y caen en la tentación de una intolerancia represiva creciente. Es la nueva intolerancia de los presuntamente tolerantes, que no se ruborizan al atacar libertades básicas que parecían consolidadas en Occidente con tal de intentar mantener su control de las ideas y conductas, incluso contra el sentir de las nuevas mayorías que se van formando.

En el caso del aborto, esta nueva intolerancia liberticida se manifiesta en la obsesión por prohibir la objeción de conciencia de los sanitarios, la imposición de la ideología abortista en la escuela y el intento de ilegalizar o, al menos, invisibilizar a las organizaciones de apoyo a la vida y la maternidad. Tal y como ocurre con las resoluciones que viene preconizando la OMS, o con la ley del aborto española de 2023 y su posterior aval por parte del Tribunal Constitucional, la resolución del Parlamento Europeo del pasado 11 de abril incurre en estas prácticas de intolerancia incompatibles con los principios de una democracia sana y con los derechos de libertad ideológica, religiosa y de opinión y expresión.

Lo mismo está sucediendo con las leyes inspiradas en la ideología de género como las vigentes en España. A través de ellas el Estado hace suya una concepción ideológica de la sexualidad que pretende imponer en la escuela y en la vida social; y prohíbe y sanciona las opiniones discrepantes. Por eso, hoy defender la vida y la sexualidad empieza a identificarse con la defensa de las libertades democráticas básicas frente a esta nueva intolerancia de pulsión totalitaria que asoma peligrosamente.

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