En la pasada primavera, cuando el covid-19 ya obligaba a cavar más fosas de lo habitual en buena parte del mundo, en 41 países africanos había menos de 2.000 respiradores artificiales funcionando –frente a los 170.000 de EE.UU.–, y en otros diez ni siquiera contaban con uno de esos equipos. Algunos donantes, como Reino Unido, Suecia y Canadá debieron tomar nota, porque comprometieron más dinero para… anticonceptivos y abortos.
Según sugiere el estudio “Provisión de oxígeno para hacer frente al covid-19 en África subsahariana”, la situación se veía venir. No solo escasean –y escaseaban– los respiradores, sino que las botellas de oxígeno son caras. “Por ejemplo, en 2018, solo uno de cada diez niños con neumonía en Nigeria recibieron el oxígeno que necesitaban, y en Kenia, muchos hospitales rurales no cuentan con equipos de oxígeno suplementarios, ni con una adecuada cadena de suministro de estos, ni con una red eléctrica que garantice el tratamiento. El impacto de estas carencias durante una epidemia ya ha podido verse en la respuesta a la influenza”.
Pero los intereses de los donantes y los de los “beneficiarios” parecen discurrir por líneas paralelas. El gobierno británico aseguró que, en el contexto pandémico, daría 10 millones de libras suplementarias al Fondo de Población de la ONU (UNFPA), que se encarga de promover abortos en los países pobres. El sueco aportaría 20 millones de coronas (casi dos millones de euros) a DKT International, que distribuye fármacos abortivos en Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania y Mozambique, y el canadiense anunció, como parte de su “compromiso con los derechos sexuales y reproductivos en medio de la pandemia”, que asignaba otros 8,9 millones de dólares a tales fines, repartibles entre Ipas y Marie Stopes International, entidades que, además, contribuyen a cabildear a favor de esta práctica allí donde todavía encuentra resistencia.
El 85% de los kenianos se opone a una hipotética legalización del aborto a demanda
Los kenianos son de los que aún se resisten: un 85% de ellos, según un sondeo de Ipsos MORI, entiende que no debería permitirse jamás (lo cree el 86% de las mujeres y el 84% de los hombres). El lobby abortista, sin embargo, está tratando de sacar adelante una ley de interrupción del embarazo a demanda, en una muestra de que la opinión, las tradiciones y la cultura de la inmensa mayoría de las personas importan bien poco.
Una práctica “contra los valores del país”
Los gobiernos y las fuerzas parlamentarias de Kenia, Ghana, Malaui, Namibia y otros países están experimentando la presión de grupos poderosos. La propuesta de ley del aborto de Malaui, por ejemplo, tiene detrás el empuje del Centre for Solutions of Journalism (CSJ), organización que cuenta entre sus partners a entidades como Ipas, el Safe Abortion Action Fund (gestionado desde Londres por Planned Parenthood) y la pro-LGTB PlanetRomeo Foundation (con sede en Berlín y Ámsterdam).
El CSJ le ha hecho saber al nuevo presidente de Malaui, el teólogo Lazarus McCarthy Chakwera, que “necesita recordar que es jefe de Estado de una nación secular (…) y que muchos que votaron por él puede que no compartan sus creencias religiosas”. Además de a McCarthy, sin embargo, la ONG tendrá que intentar convencer a 113 diputados –de un total de 193–, que rechazan la propuesta porque sería “legalizar el asesinato”.
En Kenia, entretanto, el borrador de ley impulsado por la senadora Susan Kihika persigue permitir el aborto hasta el momento del nacimiento. Para justificarlo bastaría argumentar que corren peligro la salud o la vida de la madre, y al médico que se niegue a ejecutarlo le caerían tres años de cárcel sin mayor discusión. El trámite del proyecto está paralizado desde agosto, a la espera de “más consultas”, pero la ministra de Salud, Mercy Mwangangi, adelantó que normalizar el aborto a demanda iba contra la Carta Magna “y contra los valores del país”.
Un matiz interesante es que, a pesar del ya mencionado rechazo popular a la idea, la senadora Kihika ha querido darle visos de respaldo a su iniciativa, y lo ha hecho presentando una carta firmada por “organizaciones de la sociedad civil”, entre las que se cuentan… Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, Ipas y el Center for Reproductive Rights.
Que hasta donde se sabe, no son africanas.
Con la ayuda, la imposición
Es llanamente “imperialismo cultural”. Así lo denomina Elyssa Koren, abogada de ADF International y directora de su sección de Naciones Unidas, en un artículo en Newsweek.
Koren ilustra la prioridad que tiene la anticoncepción en la agenda de la ONU contra el covid-19. Según explica, del fondo de más 2.000 millones de dólares de apoyo frente a la pandemia, 450 millones van de cabeza al UNFPA. Por eso alerta: “La existencia de una relación de larga data del UNFPA con Planned Parenthood y con Marie Stopes International nos da motivos para temer que se emplearán fondos de la ONU para efectuar abortos en países donde esa práctica es ilegal”.
“Obligar a los países pobres a adoptar prácticas ajenas a sus valores, so pena de perder financiación, es chantaje humanitario”
Sucede en África, pero también en otros países del sur. Preguntada sobre este tema por Aceprensa, Koren ha respondido con algún que otro ejemplo culturalmente más cercano:
— En materia de anticoncepción, Ud. habla de “chantaje humanitario”. ¿Por qué puede utilizarse propiamente este concepto?
— Se transpira el chantaje humanitario en que los países ricos y las entidades donantes intentan obligar a los países en desarrollo a aceptar prácticas que van contra sus valores y sus leyes nacionales. Esto sucede frecuentemente en relación con el aborto: los representantes de países en desarrollo son objeto de presiones para que acepten las disposiciones proaborto contenidas en las resoluciones de Naciones Unidas. Si las rechazan, se arriesgan a perder la ayuda por asistencia al desarrollo, que salva vidas y en la que confían desesperadamente. La pobreza, por tanto, los pone en situación de ser recolonizados por la vía de imponerles reglas de actuación. A eso me refiero con el término “chantaje humanitario”.
— ¿Cuáles han sido algunas de esas condiciones proaborto impuestas durante estos meses?
— Lo que ha sucedido recientemente con Ecuador revela las condiciones que se aplican a los países en desarrollo cuando la atención está puesta en la pandemia: ha recibido 7,25 millones de dólares para hacer frente al coronavirus, y en adición, otros tres millones destinados a “salud sexual y reproductiva, y salud neonatal y materno-infantil”. Con ello, vino la indicación directa de que el país implementara el “aborto seguro y legal”.
Ecuador es, además, receptor del denominado “paquete de servicios mínimos iniciales” (MISP, por sus siglas en inglés), suministrado por el UNFPA. El MISP comprende kits de “materiales de salud reproductiva” para mujeres y niñas, y el personal que lo gestiona está entrenado para derivar a las gestantes a practicarse abortos y para realizarlos. Los kits incluyen una variedad de materiales, entre ellos, extractores de embriones y fetos por succión, instrumentos para la dilatación y el curetaje, medicación diversa, que incluye el misoprostol, y craneoclastos (herramienta utilizada para aplastar el cráneo del feto). Para disipar toda duda sobre en qué se utilizan, se incluye un manual con instrucciones sobre su uso en abortos del primer trimestre.
Ojo a la Casa Blanca
— ¿Por qué esta particular fijación de los donantes en los “derechos sexuales y reproductivos” en las regiones pobres, como África?
— Porque estos derechos se han presentado como el antídoto contra la pobreza y como la clave para el empoderamiento de la mujer africana. Dicha lógica descansa en que si las mujeres quieren alcanzar la igualdad con los hombres, necesitan estudiar y tener acceso a oportunidades de empleo, lo cual es cierto. Sin embargo, en vez de promover un auténtico empoderamiento a través de la educación y de las oportunidades, estas organizaciones impulsan el aborto como un medio de “planificación familiar”, para que la maternidad no se les interponga en el camino.
La solución real pasa por asegurar que tanto hombres como mujeres puedan ir a la escuela, que se les ofrezcan verdaderas oportunidades y que sean libres de planificar sus familias; todo esto, al tiempo que celebramos y apoyamos a las madres.
— Una nueva administración norteamericana está a punto de tomar el poder. ¿Qué espera Ud. acerca de su posición sobre el respeto a la vida en las regiones en desarrollo?
— Una de las cosas que creemos que va a ocurrir es que la administración Biden anulará la Protecting Life in Global Health Assistance Policy, conocida como “Política de Ciudad de México”. Como resultado, miles de millones de dólares que hoy se destinan a asistencia de salud materna se emplearán en la promoción del aborto. Los dólares de los contribuyentes norteamericanos financiarán fondos abortistas en el mundo en desarrollo, en su mayor parte, en países donde la práctica es ilegal o está severamente restringida.
— ¿Qué podrían hacer los ciudadanos, desde Europa y EE.UU., para contribuir a implementar una agenda respetuosa de la vida, por ejemplo, en África?
— Es esencial difundir el mensaje de que África no debe quedar subordinada a ningún poder externo. Como Estados soberanos, los africanos deben decidir por ellos mismos.
Todos debemos trabajar en nuestros propios contextos para hacer que los gobiernos tengan esto en cuenta cuando provean asistencia al continente. La ayuda monetaria debe ir dirigida a aliviar la pobreza, a ofrecer alimentos, agua, sanidad, vivienda, educación y empleo. No debe destinarse a impulsar prácticas ilegales que destrozan vidas y que pasan por encima del ethos de los africanos.