Del éxito de la Transición política provienen los problemas que aquejan a la democracia española. Y éstos no serían otros que los derivados de la extraordinaria dificultad en la que se encuentran los españoles de hoy a la hora de fijar un lugar común, plenamente aceptable por todos (o por lo menos por la gran mayoría), a fin de elaborar un discurso cívico legitimador del sistema democrático.
De esa proposición fuerte se vale Gabriele Ranzato para plantear la tesis central de su reciente libro El pasado de bronce. Y hasta tal punto es así que sólo en la medida que le concedamos plena validez, y de paso asumamos los presupuestos que la sostienen, es posible captar con claridad a quién o a quiénes, de entre los distintos sectores, grupos, o sensibilidades presentes en la vida social y política española, dirige el autor esta dura, en ocasiones descarnada, denuncia del grave problema estructural que arrastraría la democracia española desde su mismo restablecimiento -y como consecuencia directa del modo como dicho restablecimiento se habría producido-.
Ese problema estructural no consistiría en otra cosa -nos dice con insistencia Ranzato- que en la cuestionable legitimidad de origen de un sistema político resultante, al fin y al cabo, de la “imposibilidad de facto de rechazar las condiciones impuestas por los herederos ‘neodemócratas’ de Franco”.
De la reforma pactada entre esos ‘neodemócratas’ y las fuerzas del antifranquismo acabó llegándose a la Constitución de 1978. Esta sin duda consagró un nuevo sistema político de libertades; pero el coste de ese tránsito sin traumas ni rupturas, de una legalidad (la de la dictadura) a otra (la de las libertades), fue una democracia débil… y al cabo de los años -nos dirá el historiador italiano-, el pago de esa factura se demostraría muy difícil de saldar.
Un pacto de coexistencia
La imagen idílica y ejemplar de la Transición propuesta y construida casi -o sin casi- ‘a tiempo real’ por tantos observadores y estudiosos de la realidad española ha de ser sensiblemente corregida. Y para corregirla adecuadamente -apunta el autor- es imprescindible acabar de una vez por todas con una serie de habituales lugares comunes. Como, por ejemplo, la referencia a la madurez democrática de los españoles a la hora de aludir al eje del proceso de cambio. O, todavía con mayor urgencia, la insistencia en el supuesto consenso armonioso de todos en la búsqueda de una salida plenamente democrática para España.
En aquellos difíciles e inciertos años -recalca el profesor de la Universidad de Pisa- fue mucho más decisivo lo que se pudo hacer que lo que se quiso hacer. Muy particularmente en el campo del antifranquismo. El constante ruido de sables, las provocaciones de la extrema derecha o las resistencias de los nostálgicos del sistema; también la amenaza desestabilizadora del terrorismo -muy particularmente de ETA- o las graves dificultades cotidianas provocadas por la crisis económica. Todos esos serios condicionantes hicieron que, a fin de edificar juntos un nuevo sistema de convivencia democrática, todos – virtualmente todos- se mostrasen dispuestos a dejar de lado heridas y viejos agravios.
Como escribe Ranzato, fue la ausencia de alternativas lo que movió a la oposición antifranquista a apoyar la reforma política recién iniciada, aun a costa de tener que renunciar a “cualquier acción de repulsa simbólica del régimen franquista y a cualquier medida de depuración, sobre todo en las fuerzas policiales.” Debajo de ese consenso democrático lo que hubo fue un pacto de coexistencia obligado por las circunstancias. Que si bien aseguró la paz y la estabilidad, haciendo posible la instauración de la democracia, adquirió con relación a los sectores del antifranquismo un carácter asimétrico.
Estos, no sólo tuvieron que renunciar a un legítimo derecho de rendición de cuentas por las injusticias de la Dictadura, además se vieron obligados a aceptar la impunidad ante el acto ilegal de la sublevación de julio del 36, ante la depuración y la represión que la España derrotada hubo de arrostrar durante décadas por pronunciarse en nombre de la libertad.
La Transición, así pues, selló una situación en la cual se impuso un pacto de olvido sobre ese pasado.
La consecuencia de esa renuncia a saldar cuentas con la historia, nos dirá el profesor italiano, fue que para un sector de la izquierda la Transición a la Democracia se juzgase como una operación inacabada, y que la República de 1931 se convirtiera en el referente de lo que había que hacer para instaurar un genuino sistema de libertad, y de superar de una vez por todas lo que no pudo hacerse tras la muerte de Franco.
La distorsión del pasado
El pacto de olvido, sin embargo, no ha significado ni un estado de amnesia ni, mucho menos todavía, un compromiso de silencio. Si esto último sí pudo operarse en relación a los poderes del Estado, o a los representantes políticos de ese Estado (si bien no siempre a todos y, en cualquier caso, sólo durante un cierto espacio de tiempo), en absoluto se podría sostener en relación a los opinion makers o a los intelectuales. Entre éstos, después de un inicio bastante cauto, empezaría a articularse una posición republicana, para la cual ni la Transición habría sido el éxito que se proclamaba en el relato oficial del régimen democrático, ni ese régimen contaría con todos los títulos de legitimidad democrática -que por contraposición sí habría tenido aquella República arrollada por Franco y los franquistas-.
Como consecuencia, en España, durante los últimos treinta años, han ido proliferando, sobre todo en el cine y en la narrativa, una versión indiscriminada del pasado republicano, según la cual todos los que se destacaron en su defensa frente a la amenaza fascistas habrían sido símbolos de las libertades y de la democracia -aunque esa defensa se hubiese realizado en nombre de Moscú o contra las libertades burguesas-.
El problema que ha planteado esa posición republicana ha sido doble, apunta Ranzato, la distorsión del pasado -se presentan como demócratas figuras para quienes el antifascismo significaba otra cosa muy distinta-, y la aparición de un revisionismo reactivo, al final exculpatorio del franquismo (si los franquistas fuero antidemócratas, tan antidemócratas también habrían sido los otros) o lisa y llanamente reivindicativo de aquel régimen (lo que Ranzato denomina el ‘moísmo” en referencia a las posiciones asumidas por un Pío Moa o por un César Vidal).
Pedagogía política
La cuestión, nos dirá el autor, no consiste sólo en los efectos contrarios a la estabilidad política que puede producir el choque entre el revanchismo republicano de unos y la complaciente -o interesada- defensa de la impunidad ante las injusticias del franquismo de otros. Siendo esto último ya grave; todavía más aún es que, en el fragor de ese combate, en España se esté descuidando cultivar a las jóvenes generaciones según una conciencia histórica saludable y constructiva del pasado común. Una tarea que, para Ranzato, sólo puede proceder de una revisión plenamente democrática del pasado; aquella mediante la cual quede firmemente expuesto que la República, a pesar de sus limitaciones democráticas, a pesar de haber sido arrollada por un movimiento revolucionario (para el cual la democracia liberal no era más que la despreciada ‘democracia burguesa’), logró mantener en su interior las fuerzas de la democracia liberal.
Para el autor es imprescindible una pedagogía política, que es obligación de los poderes públicos proteger y estimular; y también es una obligación cívica y moral de los intelectuales comprometidos con la democracia ejecutar. Pero para ello es imprescindible romper de una vez por todas con los mitos de la posición republicana, a fin de que el antifranquismo no sirva para otra cosa que para generar un consenso sólido sobre las instituciones vigentes, y para que la condena moral y simbólica del franquismo -que aún está pendiente de completar- no se convierta en un arma de división entre los españoles.
Ranzato, con su libro, se abona así pues a las tesis de la corrección política; según la cual en nombre de las libertades y de la fortaleza democrática estaría justificada la utilización política del relato histórico. Este no habría de responder sólo, ni principalmente, al criterio de autonomía intelectual e independencia crítica, sino también a la exigencia de servir de cauce de un discurso político legitimador del sistema imperante y de sus instituciones. Quizás olvide el autor que cimentar la moral pública en un relato oficial y canónico del pasado puede significar condenar a la democracia a un futuro de cristal -y como éste traslúcido y tan quebradizo-.