Hace una semana se presentó en Madrid el último Informe de Libertad Religiosa en el Mundo (ILRM), elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ya había sido presentado en Barcelona a finales de octubre. El panorama que ofrece no invita a celebraciones: mientras que en los últimos dos años la situación solo ha mejorado en un par de países, ha empeorado notablemente en algunas regiones de África, y también en gran parte de Oriente y Latinoamérica. Los cristianos son, con diferencia, los más perseguidos.
Este grito de alerta no ha pasado desapercibido en el Vaticano. El propio Papa León XIV, que recibió un ejemplar del informe en octubre de 2025, ha insistido en que el derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial para la dignidad humana. En su reciente mensaje Urbi et Orbi, el pontífice habló del África subsahariana, recordando países como Nigeria y Burkina Faso.
¿Por qué la libertad religiosa es pisoteada sistemáticamente en gran parte del mundo, ante la mirada indiferente de Occidente?
Para Marcela Szymanski, experta en la materia y miembro del comité de redacción del informe, en los países más hostiles a la libertad religiosa “el estado de derecho es más bien un ‘estado de cuento’”. Según explica, en muchos casos los marcos legales que protegen la fe no son más que una “hoja de higuera”, leyes escritas que jamás se aplican, mientras los ciudadanos carecen de cualquier acceso a la justicia. Concretamente, hoy el 64,7% de la población mundial –5.400 millones de personas– vive en países donde este derecho fundamental es vulnerado.
Durante la presentación del informe en Barcelona, José Fernández Crespo, responsable del departamento de promoción en Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés), explicaba que “año tras año las perspectivas son cada vez más negativas”: para cualquier fe. Aunque, a la hora de la verdad, los cristianos se llevan la palma: “Casi cuatrocientos millones en todo el mundo enfrentan niveles elevados o extremos de discriminación, violencia y opresión por su fe en Cristo”.
Nigeria: el epicentro de un calvario silenciado
Nigeria es, actualmente, el país más castigado. Según datos de la Lista Mundial de la Persecución 2026, que muestra cada año los cincuenta países donde seguir a Cristo implica mayor riesgo, en el último período 4.849 civiles cristianos murieron directamente por su fe. De estos, la gran mayoría –3.490– fueron víctimas en este país africano.
Según el Observatory of Religious Freedom in Africa, entre 2019 y 2023 la probabilidad de ser asesinado en África fue 6,5 veces mayor para los cristianos que para los musulmanes
La situación en el denominado “Cinturón Medio” del país es de una enorme crueldad. Según Szymanski, se está produciendo una limpieza territorial para imponer la sharía del siglo VII, atacando regiones donde el 95% de la población es cristiana. “La mitad de este país, más o menos, es cristiana y, la otra mitad, musulmana –cuenta la experta–; sin embargo, cuando tanto el presidente del gobierno como el vicepresidente, ambos musulmanes, llegaron a sus cargos, decidieron inscribir Nigeria en la Organización de Estados Islámicos. A partir de entonces, ejercen una presión constante para que se vuelva más islámico”. La principal amenaza proviene del terrorismo yihadista, en particular de grupos como los Pastores Fulani Armados –responsables del 55% de los asesinatos de cristianos– o de otros grupos terroristas, como Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental (ISWAP), cuyo objetivo declarado es imponer una ideología islamista radical.
Pero también los cristianos de otros países africanos sufren esta lacra. Los datos del informe de la Observatory of Religious Freedom in Africa (ORFA), de 2019 a 2023, son escalofriantes y no dejan lugar a la duda sobre el carácter selectivo de la violencia: de todos los civiles asesinados en este periodo, 16.769 eran cristianos, frente a 6.235 musulmanes. La proporción, ajustada por población, revela que los cristianos tienen 6,5 veces más probabilidades de ser asesinados que sus vecinos musulmanes.
| Grupo de Víctimas | Pastores Fulani Armados | Otros Grupos Terroristas | Boko Haram e ISWAP combinados |
| Cristianos asesinados | 55% (9.153) | 29% (4.895) | 8% (1.268) |
| Musulmanes asesinados | 24% (1.473) | 53% (3.334) | 12% (770) |
| Cristianos secuestrados | 35% (3.914) | 60% (6.657) | 4% (422) |
| Musulmanes secuestrados | 24% (1.903) | 71% (5.635) | 4% (300) |
[Fuente: Observatory of Religious Freedom in Africa (ORFA), período 2019 – 2023]
No son solo números; son vidas truncadas. Son las historias de pastores como el Padre Bobbo Paschal, secuestrado tras un ataque donde los bandidos asesinaron a su hermano antes de llevarlo al cautiverio. O el trauma de los 265 alumnos del colegio Saint Mary en Papiri, secuestrados a finales de noviembre y liberados un mes después.
La religión, en la mirilla por crear comunidad
La persecución religiosa no responde siempre a un estallido irracional de fanatismo. En muchos casos, sigue un patrón reconocible, que se repite con sorprendente precisión en países y contextos muy distintos. Szymanski lo resumía así durante la presentación del informe en Barcelona: “Para controlar un territorio, hay que desarticular la comunidad que lo habita”.
Ese proceso suele comenzar de forma silenciosa. Primero se intenta cooptar a los líderes sociales y religiosos, integrarlos en la lógica del poder o neutralizar su capacidad crítica. Cuando eso no funciona, la estrategia cambia: se les elimina, ya sea mediante presión legal, amenazas constantes o violencia directa. No se trata solo de silenciar una voz incómoda, sino de romper el vínculo que mantiene unido a un pueblo.

En Burkina Faso, este patrón se ha hecho visible con especial crudeza. En los últimos años, decenas de sacerdotes, catequistas y líderes comunitarios han sido asesinados o forzados a huir. Las parroquias no eran únicamente lugares de culto: funcionaban como espacios de cohesión, educación y ayuda mutua. Al desaparecer esas figuras de referencia, comunidades enteras han quedado desorientadas y expuestas, facilitando el control del territorio por parte de grupos armados. Allí, el testimonio de Mathieu Sawadogo, galardonado con el Premio a la Libertad Religiosa 2025, encarna la resistencia absoluta. Secuestrado junto a su esposa embarazada, Mathieu se negó a convertirse al islam. En la oscuridad de su celda, llegó a rezar 700 Avemarías en una sola noche, contando las oraciones con piedrecitas. Al ser liberados, descubrieron que el hijo que esperaban había muerto durante el cautiverio. Aun así, su voz no tiembla: “No puedo dejar de anunciar la Palabra de Dios”.
El informe advierte que este mismo mecanismo puede observarse, con otras formas y lenguajes, fuera de África. En países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, la presión sobre comunidades religiosas no se articula a través de la violencia armada, sino mediante persecución institucional, hostigamiento legal y control social. El objetivo, sin embargo, es similar: limitar la capacidad de las comunidades para organizarse de manera autónoma y sostener una red de solidaridad que escape al poder político.
Algo parecido ocurre en México, donde la persecución adopta una forma económica y mafiosa. Allí, los sacerdotes se han convertido en un obstáculo para el crimen organizado porque, al ofrecer refugio, educación y esperanza a los jóvenes, rompen la lógica del reclutamiento y del miedo y les “roban clientes”. No es casual que el clero mexicano registre uno de los índices más altos de asesinatos de sacerdotes en el mundo, con casos como los del padre Marcelo Pérez o el padre Bertoldo, víctimas de la misma estrategia: eliminar al pastor para dispersar a la comunidad.
La violencia abre el territorio. El control económico lo consolida. Y la población desplazada rara vez puede regresar
No es una persecución motivada únicamente por la fe. Es una lucha por el control social, en la que la religión se convierte en un obstáculo precisamente porque articula comunidad, memoria y resistencia. Allí donde existe un vínculo fuerte –una parroquia viva, una comunidad organizada– el autoritarismo encuentra un límite. Y por eso intenta destruirlo.
El precio del progreso: minerales raros y tierras “limpias”
Volviendo a África, para entender por qué la violencia se enquista en determinadas regiones, no basta con observar la dimensión religiosa. Hay que mirar el mapa con una segunda lente: la del territorio y sus recursos.
Szymanski explica que en el cinturón central de Nigeria muchas de las aldeas atacadas se asientan sobre tierras fértiles y corredores agrícolas clave, que conectan el norte ganadero con el sur más urbanizado. Cuando una comunidad es expulsada, la tierra queda libre. Y cuando la tierra queda libre, alguien la ocupa.
Una dinámica similar se repite en otros puntos del continente. En Burkina Faso y Malí, las zonas más castigadas por la violencia coinciden con áreas ricas en oro y fosfatos. En la República Democrática del Congo, los desplazamientos masivos afectan a regiones donde se concentran el cobalto y el coltán, minerales esenciales para la industria tecnológica global. En Mozambique, la violencia en Cabo Delgado ha avanzado en paralelo al interés por el gas natural y las piedras preciosas.
No es una coincidencia.
Según Szymanski, se produce una dinámica perversa: las empresas necesitan explotar yacimientos en zonas habitadas, y para ello el terreno debe estar “despejado”. Es entonces cuando aparecen grupos armados o yihadistas que, mediante ataques de una crueldad extrema, “despejan la tierra” (clear the land). Aterrorizan a la población –como en el reciente ataque a un hospital en el que se llevaron a todas las mujeres y niñas– y provocan una huida masiva.
La violencia abre el territorio. El control económico lo consolida. Y la población desplazada rara vez puede regresar.
Una “sordera selectiva”
“La Unión Europea tiene reglamentos fuertes de responsabilidad ética, pero esa vigilancia suele terminar justo donde empieza el terrorista que eliminó a la gente”, lamenta la experta. Este encaje entre conflicto y recursos plantea una pregunta incómoda para la comunidad internacional. Muchos de los minerales extraídos en estas regiones alimentan cadenas de suministro globales de las que dependen economías enteras. La prioridad suele ser garantizar el acceso estable a esas materias primas, incluso cuando eso implica mirar hacia otro lado ante la vulneración sistemática de derechos humanos. Como dice Szymanski, hay una “sordera selectiva”.
No se trata de una conspiración, sino de una lógica de intereses. Y en esa lógica, las comunidades locales –con sus escuelas, sus parroquias y sus redes de apoyo– resultan prescindibles.
Ante este panorama, organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada insisten en la necesidad de una presión moral sostenida por parte de la comunidad internacional. No se trata solo de firmar manifiestos o emitir declaraciones, sino de no aceptar como inevitable que comunidades enteras sean expulsadas en nombre del progreso o de la estabilidad económica.
Porque mientras leemos estas líneas, en algún lugar de Nigeria o Burkina Faso, un cristiano –una familia, una comunidad entera– está decidiendo que su fe vale más que su propia seguridad. No mirar hacia otro lado es, hoy, la forma mínima de responsabilidad compartida.