La Iglesia católica en EE.UU. se moviliza contra las leyes que impiden a la gente o a las instituciones religiosas de cualquier credo trabajar de acuerdo con su identidad.

La protección de la libertad religiosa se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la Iglesia católica en Estados Unidos. Los obispos han convocado por cuarto año consecutivo la Quincena por la Libertad, una campaña que busca proteger el derecho de cualquier ciudadano a trabajar por el bien común de acuerdo con sus creencias religiosas. La legalización del matrimonio gay en todo el país creará nuevas presiones a la libertad religiosa Desde 2012, año de la primera convocatoria, el objetivo de esta campaña ha sido siempre el mismo: denunciar las leyes y las políticas del gobierno que impiden a las personas o a las instituciones (hospitales, escuelas, universidades, organizaciones benéficas…) actuar de acuerdo con su ideario. Los problemas vienen, básicamente, de dos frentes. El primero es la norma del Ministerio de Sanidad que obliga a los empleadores –al principio, también a los de las instituciones de inspiración religiosa– a financiar a sus empleadas un seguro sanitario con anticonceptivos, píldora del día siguiente y esterilización. Pero el “mandato anticonceptivo”, como se le conoce popularmente, sufrió un fuerte revés cuando el Tribunal Supremo sentenció hace un año que la obligación de financiar esos servicios imponía a los dueños de las empresas familiares “una carga excesiva al ejercicio de la religión”. Tras los últimos retoques al mandato, las instituciones de inspiración religiosa ya no están obligadas a financiar ni ofrecer un plan de seguros con métodos anticonceptivos pero sí a garantizar que sus empleadas tienen acceso a ellos sin coste adicional. Para lograrlo, han de comunicarlo a una aseguradora, que pagará esos servicios. Lo que, a su juicio, las convierte en “cómplices morales”. La moral de Estado justifica la discriminación El segundo frente son las leyes que imponen restricciones a la libertad religiosa escudándose en la lucha contra la discriminación. Aquí la casuística es muy variada, pero casi siempre se trata de asuntos de alto voltaje ideológico como la educación, la sanidad y el matrimonio. En una carta pastoral publicada hace poco, el cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Washington, pone como ejemplo dos leyes aprobadas en el Distrito de Columbia en diciembre de 2014. La Reproductive Health Non-Discrimination Act (RHDA) obliga a las organizaciones provida a contratar (o a no despedir) a empleados cuyo discurso o conducta pública sean contrarias a la misión de esas organizaciones. En un momento en que se condenan los prejuicios, el anticatolicismo se mantiene como el único prejuicio admisible “Algunos autores –explica Wuerl– han descrito esta legislación por analogía: es como si un partido político se viera obligado a contratar a un abogado de otro partido para evitar la acusación de discriminación”. Por su parte, la Human Rights Amendment Act (HRAA) deroga una norma del Distrito de Columbia que eximía a las escuelas confesionales de la obligación de impartir y financiar programas de educación sexual que fueran contrarios a sus convicciones. Se trata de “la imposición de una moral sexual obligatoria del Estado sobre las instituciones católicas”. En la misma línea van las medidas antidiscriminación que obligan a los pequeños empresarios a prestar sus servicios en bodas gais, aunque no quieran por motivos de conciencia y aunque otros estén dispuestos a hacerlo. Algunos ejemplos recientes son las multas que han sufrido una florista en el estado de Washington, una fotógrafa en Nuevo México, unos pasteleros en Oregón… (cfr. Aceprensa, 6-04-2015 y 13-05-2015). La intolerancia admisible Wuerl sostiene que las denuncias por discriminación se están convirtiendo en “la nueva arma para reducir la libertad religiosa y declarar ilegal la identidad de las instituciones católicas”. Lo paradójico es que “en un momento en que para muchos la virtud cívica suprema es la ‘tolerancia’, la fe católica es considerada intolerable. En un momento en que se condenan los prejuicios, se da por válido el anticatolicismo. Como más de un autor ha observado, es el prejuicio aceptable que perdura”. En la misma línea, el arzobispo William E. Lori, presidente del Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal de EE.UU., denuncia la intolerancia que trata de convertir la religión en un mero asunto privado: “Una cosa es que haya gente que discrepe con las enseñanzas de la Iglesia católica, y otra que discriminen a los creyentes y que les nieguen el derecho a practicar su fe” en todos los ámbitos de su vida. Las denuncias por discriminación se están convirtiendo en la nueva arma para reducir la libertad religiosa y declarar ilegal la identidad de las instituciones católicas Protección legal para la primera de las libertades Según un editorial del National Catholic Register, la Quincena por la Libertad es una oportunidad “para celebrar la primera de las libertades” pero también para preguntarse “qué están haciendo las parroquias, los colegios y las familias [católicas] para explicar la importancia de las protecciones legales que defienden el deseo de amar a Dios y de servir a los demás en su nombre”. Entre esas protecciones legales, los obispos señalan como prioridad el mantenimiento de la Religious Freedom Restoration Act (RFRA), aprobada en 1993 bajo el mandato del presidente Bill Clinton con la práctica unanimidad del Congreso y discutida hoy a raíz de los recientes intentos por parte de Indiana, Arkansas y Arizona de aprobar sus propias RFRA (cfr. Aceprensa, 6-04-2015). ¿Por qué es tan importante esta ley? La RFRA prohíbe al gobierno imponer “una carga excesiva” al ejercicio de la religión, a menos que esa carga sea el medio menos restrictivo de todos los posibles para conseguir un interés público imperativo. Esta ley federal, que concreta la garantía de la libertad religiosa recogida en la Primera Enmienda de la Constitución, fue precisamente la norma en que se basó el Tribunal Supremo para permitir a las empresas Hobby Lobby y Conestoga Wood Specialities objetar frente al mandato anticonceptivo. Entre 1993 y 1997, la RFRA se aplicó tanto al gobierno federal como a los estatales. Pero en 1997, el Supremo sentenció que la RFRA no podía aplicarse a los estados. Desde entonces, 20 estados han aprobado sus propias versiones de la RFRA, incluido Indiana que tuvo que rebajarla tras el boicot que sufrió en marzo. Otras protecciones legales que van en la misma línea son la Marriage and Religious Freedom Act, un proyecto de ley impulsado por más de 60 congresistas republicanos y demócratas, y las más reciente First Amendment Defense Act. Ambas iniciativas, que cuentan con el respaldo de los obispos, establecen garantías para que el gobierno federal no pueda discriminar a personas y organizaciones que defienden que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Libertad para practicar Las garantías de este tipo se hacen más necesarias ahora que el Tribunal Supremo de EE.UU. ha legalizado, por 5 votos contra 4, el matrimonio gay en todo el país, como advierte Massimo Introvigne en un artículo publicado en La Nuova Bussola Quotidiana. Aparentemente, la sentencia garantiza que las personas que se oponen al matrimonio gay, ya sea por razones religiosas o por cualquier otro motivo, podrán seguir “defendiendo” su idea del matrimonio en virtud de la protección que les brinda la Primera Enmienda. Pero en su voto particular, John Roberts –presidente del tribunal y uno de los cuatros magistrados que votaron en contra– denuncia el truco empleado por sus colegas para dejar fuera de esta protección el “libre ejercicio” de la religión, el otro aspecto que junto con la libertad de expresión protege la Primera Enmienda: “La mayoría indica gentilmente que los creyentes pueden seguir ‘defendiendo’ y ‘enseñando’ su idea del matrimonio. No obstante, la Primera Enmienda garantiza [también] el libre ‘ejercicio’ de la religión. Resulta inquietante que la mayoría no haya usado esta palabra”. El propio Roberts advierte de los conflictos que puede crear la sentencia cuando, por ejemplo, una residencia universitaria de inspiración religiosa se niegue a dar habitación a una pareja casada del mismo sexo o cuando una agencia de adopción no quiera dar un hijo a parejas del mismo sexo. Otro de los magistrados discrepantes, Clarence Thomas, subraya que la libertad religiosa es “libertad para practicar la religión sin restricciones”, y no solo para discrepar.

La libertad religiosa, chantajeada por la política antidiscriminación

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