Las leyes anti-blasfemia, un cheque en blanco para el odio

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La historia de Meriam Yeilah Ibrahim, una mujer sudanesa condenada a muerte por apostatar del Islam al casarse con un cristiano, ha atraído la atención de los medios internacionales. El tribunal dio a la mujer tres días para renunciar a su fe, pero la mujer no lo hizo. Ella sostiene que nunca se consideró musulmana. Fue educada como cristiana ortodoxa, la religión de su madre, porque su padre, musulmán, las abandonó durante su infancia.

Además ha sido castigada a recibir latigazos por el delito de adulterio, ya que su matrimonio no es considerado válido para la ley islámica. Actualmente, la joven se encuentra en la cárcel con su primer hijo, que ahora tiene 20 meses. En el país está en vigor la Sharia (ley islámica) y es aplicada a todos los ciudadanos, de cualquier fe sean.

Según algunos entendidos, la presión internacional y la falta de una argumentación legal sólida en la acusación hacen prever que el caso de Meriam se resolverá sin que se aplique de la pena capital. Con todo, muchas veces el mayor daño de este tipo de leyes ocurre antes o después de que se produzca la sentencia en firme.

Frecuentemente los jueces paquistaníes sufren fuertes presiones de los radicales islámicos, lo que les lleva a no ser imparciales

Pakistán: la tiranía de la blasfemia
El ejemplo más claro es Pakistán. Un artículo de opinión del New York Times ilustra con varias historias lo que denomina “la tiranía de la blasfemia” en este país. El texto parte del reciente asesinato de Rashid Rehman, un abogado conocido en Pakistán por haber defendido varias causas relacionadas con violaciones de derechos humanos, y más en concreto con las leyes anti-blasfemia. Rehman se había hecho cargo de la defensa de Junaid Hafeez, un escritor y profesor universitario que había sido acusado por un estudiante de insultar al profeta Mahoma en sus clases. Actualmente Hafeez, que ha sido declarado culpable, espera en prisión ser ejecutado.

En muchas ocasiones, los demandados han denunciado que las acusaciones se deben en realidad a motivos que nada tienen que ver con la religión. SawanMasih, un condenado a muerte por haber –supuestamente– injuriado al Corán y a Mahoma durante una conversación personal en la calle, ha señalado varias veces que el motivo real que impulsó a su interlocutor a denunciarle fue una discusión sobre propiedades.

Jueces: o cómplices o héroes
Desde que Hafeez fue arrestado en marzo de 2013 hasta que encontró quien lo quisiera defender pasó casi un año. Ningún abogado estaba dispuesto a arriesgarse a ser etiquetado como un “defensor de cristianos” –aunque en muchos casos los acusados sean musulmanes–.

El caso de Rehman recuerda al de Arif Bhatti, juez asesinado en 1997. Dos años antes había absuelto a dos cristianos acusados falsamente de blasfemos.

Sin embargo, no todos los jueces son tan heroicos. Frecuentemente los magistrados sufren fuertes presiones durante los juicios, lo que les lleva a ser “prudentes”. Según recoge un reportaje de Al Jazeera, durante las vistas por el caso de Hafeez los demandantes amenazaron de muerte a Rehman, abogado defensor en la causa. Además de no proceder contra ellos, el juez, que fue testigo de las amenazas, desestimó conceder a Rehman unas medidas de protección especiales.

Una mujer sudanesa ha sido condenada a muerte por apostatar del Islam al casarse con un cristiano

Otros jueces, llevados por un afán de hacer carrera, cooperan más activamente en la arbitraria aplicación de estas leyes. La causa anti-blasfemia tiene muchos apoyos entre los sectores sociales más populares, especialmente en algunas provincias. Prueba de ello es el caso de Mumtaz Qadri, el asesino confeso del antiguo gobernador de Punjab. El primer día del juicio –que acabó condenándole a cadena perpetua– un grupo de jueces lo recibió a la entrada de los tribunales con pancartas de apoyo y una lluvia de pétalos. Como cuenta la revista italiana Tempi, el criminal se ha convertido en un ídolo para la juventud del país.

Qadri trabajaba como policía y formaba parte de la escolta personal del gobernador. Le mató, según sus propias palabras, por haber defendido a Asia Bibi, una católica condenada a muerte por supuestas injurias contra Mahoma, y cuyo caso –según ABC– será finalmente revisado por el Tribunal Superior de Lahore el próximo 27 de mayo.

Policía negligente
Los cuerpos de seguridad también son parte, a veces pasiva y a veces activa, en el sinsentido de las leyes anti-blasfemia.

En 2009, Gojra –una ciudad en la provincia de Punjab con una proporción de cristianos muy superior a la media del país– vivió uno de los episodios más fragrantes de odio anti-cristiano sucedidos en Pakistán. Después de que circulara el rumor de que algunos cristianos habían “profanado” el Corán (supuestamente durante una boda), una multitud encolerizada quemó más de cuarenta casas y una iglesia. Ocho personas murieron y más de un centenar sufrieron heridas.

La comunidad cristiana de la ciudad acusó a la policía de no haber hecho lo suficiente para impedirlo, y de hecho se inició una investigación para aclarar lo ocurrido. Aunque se detuvo y condenó a algunas personas, la promesa de Gilani –entonces primer ministro– de revisar las leyes anti-blasfemia quedó en nada. En septiembre del año pasado, el Consejo para las Enseñanzas Islámicas, un organismo consultivo que asesora al gobierno en materia religiosa, recomendó no modificar la actual redacción de estas leyes.

Por razones electorales
El surgimiento de facciones radicales, a medio camino entre la política y la acción violenta, se ha convertido en un factor desestabilizador para la ya frágil democracia pakistaní. El partido en el poder, la Liga Musulmana de Pakistán (o, mejor dicho, una de sus facciones, la que lidera el actual primer ministro Nawaz Sharif) mantiene una actitud ambigua ante estos grupos. Condena algunas de sus acciones, pero al mismo tiempo permite su existencia semi-clandestina porque son parte de su base electoral.

Hace dos semanas un grupo de abogados estaba protestando en la calle por la detención, en su opinión arbitraria, de un colega por parte de Umar Dazar, oficial superior de policía en Punjab. Durante las protestas lanzaron gritos contra el policía, que lleva el mismo nombre de pila que una reverenciada figura histórica del Islam. El líder de una grupo radical sunní aprovechó esta circunstancia para denunciar a 68 de los abogados –aunque apenas pudo identificar a una decena de ellos– por injurias contra el Islam.

Al amparo de este viciado equilibrio de miedos, que alcanza a las instituciones que deberían proteger el estado de derecho, las leyes anti-blasfemia constituyen un medio fácil para despachar odios de todo tipo.

Resulta paradójico que unas leyes promulgadas en época colonial para proteger las distintas interpretaciones del Islam y evitar conflictos religiosos, sirva hoy en día como aparato represor.

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