Lo que una ley de Quebec dice sobre el presente y el futuro del laicismo en Occidente

Artículo actualizado el 20-01-2026

A finales del pasado noviembre, el partido gobernante en la provincia canadiense de Quebec –Coalición por el Porvenir de Quebec o CAQ, según su nombre en francés– presentó una propuesta de ley para “reforzar el laicismo” en la región. La norma, que en realidad se compone de varios decretos, es conocida popularmente como  “ley 9”. 

Algunas de las disposiciones propuestas son enteramente nuevas, mientras que otras enmiendan leyes anteriores, casi siempre para profundizar aún más en el borrado de la religión del espacio público… e incluso del privado.

Un debate que viene de lejos

Lectores en acción

traer amigos a

transforma vidas

Quiero colaborar

Lo de “aún más” tiene sentido. Y es que las leyes laicistas de Quebec son, probablemente, de las más estrictas o agresivas del mundo, junto con las de Francia, cuya legislación se ha tomado como modelo. En 2019 ya causó revuelo la aprobación de la “ley 21” (de hecho, todavía hay un recurso pendiente ante el Tribunal Supremo de Canadá), que prohibía a trabajadores de la administración con cargos “de autoridad” (por ejemplo, policías, jueces, parlamentarios o profesores de escuelas públicas) llevar prendas o símbolos religiosos. 

En realidad, el debate sobre el laicismo lleva décadas instalado en Quebec. Al igual que ha ocurrido en otros territorios donde la Iglesia tuvo una presencia preponderante en el espacio público (desde la educación a la política), el discurso sobre la fe pasó bruscamente del clericalismo a una cierta hostilidad contra los símbolos religiosos en lo que se llamó la “revolución silenciosa”, durante la década de los 60. En esos años, los sucesivos gobiernos aprobaron leyes para aumentar la presencia de la administración pública en sectores básicos del Estado del bienestar, particularmente la educación y la sanidad, que en gran medida estaban llevados por instituciones católicas. Además, la difusión de una interpretación “progresista” del Concilio Vaticano II, unida a la influencia de la “revolución sexual” y del laicismo francés –la década de los 60 supuso también un auge del discurso nacionalista francófono en la región–, provocó que las enseñanzas católicas sufrieran un fuerte desprestigio en el imaginario público. 

Ni rezos ni símbolos religiosos en instituciones públicas o subvencionadas

El texto de la “ley 9” prohíbe, entre otras cosas, desarrollar cualquier actividad religiosa colectiva en espacios públicos al aire libre (parques, plazas) o en recintos que pertenezcan a la administración provincial o estén subvencionados con dinero público: desde el Parlamento o los ministerios, hasta centros de día, escuelas o universidades. Se permite a los ayuntamientos autorizar algunos de estos eventos, aunque con la condición de que sean “breves”, no comprometan la seguridad y estén abiertos a todos, sin discriminación por sexo, raza… ni religión. En cualquier caso, el municipio puede decidir no autorizarlos, incluso si cumplen con estos requisitos.

Algunas de las restricciones más importantes se aplican a las escuelas, incluidas las privadas, entre las que son mayoría las que tienen una identidad religiosa

Estas disposiciones podrían servir como fundamento legal para prohibir, por ejemplo, cualquier procesión, o incluso la imaginería religiosa navideña. Unas palabras de Jean-François Roberge, “ministro” regional de secularismo, han dado alas a esta posibilidad. Ante la pregunta de un periodista de si una escuela podría organizar una celebración navideña, señaló que se podría felicitar las fiestas o cantar canciones propias de estas fechas, “pero sin hacer referencia al nacimiento de Jesús. Se puede pensar en Papá Noel o sus elfos, pero nada católico”.

El nuevo proyecto de ley también extiende la prohibición de llevar prendas u otros símbolos religiosos: si la ley 21 la circunscribía fundamentalmente a los cargos de autoridad, ahora estarán sujetos a ella todos los trabajadores de instituciones públicas, incluidos el personal de secretaría, limpieza o cocina. Además, incorpora una prohibición nueva; la de que hospitales, cárceles, centros de día o instituciones educativas ofrezcan solo menús escogidos o preparados con criterios religiosos, aunque esto no influya en la calidad de la comida y aunque todos los usuarios estén de acuerdo. De hecho, la “ley 9” derogaría otra anterior que preveía unos criterios para conceder “acomodaciones razonables” por motivos religiosos. 

La educación, en el punto de mira

Algunas de las disposiciones de la “ley 9” están dirigidas específicamente al ámbito educativo. El principal cambio es que las nuevas reglas se aplicarían también a las escuelas privadas –la mayoría de las cuales tienen una identidad religiosa–, aunque no está claro si solo a aquellas que reciban alguna subvención pública (que son prácticamente todas). 

Por ejemplo, el texto prohíbe que cualquier escuela enseñe contenidos religiosos en horario escolar. También se prohíbe habilitar espacios para actividades religiosas, lo que impediría la existencia de capillas escolares y universitarias; o las llamadas “habitaciones de oración”, de carácter interconfesional, como las que hay en algunos centros educativos.

Igualmente, las escuelas que quieran renovar u obtener por primera vez la autorización necesaria para operar tendrán prohibido emplear criterios religiosos en la elaboración de los planes de estudio, o en la selección de estudiantes y de personal. 

Como han señalado algunos analistas, esto supone que las escuelas de carácter religioso solo podrán seguir ofreciendo sus servicios si, de hecho, abandonan su identidad.

El islamismo como detonante (o excusa)

A nadie se le escapa que el nuevo proyecto de ley se presenta como respuesta a algunos escándalos recientes que involucran, fundamentalmente, a ciudadanos de religión islámica. Desde comienzos de siglo, la población musulmana de Canadá se ha multiplicado por tres, y la de Quebec, por cuatro. En los últimos años, se han ido volviendo frecuentes las concentraciones de oración en parques o calles, que en ocasiones han provocado problemas de circulación. Además, algunas de esas reuniones han adquirido un aire reivindicativo. Por ejemplo, recientemente se han organizado varias de ellas justo enfrente de la basílica-catedral católica de Notre Dame de Quebec. En ellas se han escuchado consignas en apoyo a Palestina y contra Israel. 

Aunque no se dice expresamente, la nueva norma viene motivada por la creciente presencia del Islam en las calles de Quebec, que algunos interpretan como una amenaza

En más que probable alusión a estos hechos, el presidente del gobierno de la provincia, François Legault, señalaba como motivo para impulsar la “ley 9” que “en Quebec no queremos ver gente rezando en las calles. Hay lugares de culto para eso”. [Actualización: el 14 de enero, mismo día de la publicación de este artículo, Legault dimitió como premier, aunque permanecerá en el cargo mientras su partido no elija un sustituto. La dimisión se ha justificado por los malos pronósticos electorales que se exponen más abajo. Con todo, el proyecto de “ley 9” sigue en pie].

Otro de los argumentos esgrimidos para lanzar el proyecto, y específicamente en lo que tiene que ver con los centros educativos, es el escándalo en torno a la Bedford Elementary School, un colegio de Montreal. Una emisora local denunció, tras recoger supuestamente varios testimonios de familias y trabajadores, que un “clan” de profesores de ascendencia magrebí habían creado un “ambiente tóxico” en la escuela. La denuncia mencionaba, en concreto, rezos de algunos profesores durante las clases, comentarios sexistas, negativas a seguir el currículum oficial de religión y educación sexual, o la excesiva presencia en la escuela de miembros de una mezquita cercana. La investigación llevada a cabo por las autoridades a raíz de la denuncia ha confirmado algunas de estas conductas –de hecho, se ha retirado la autorización a 11 docentes–, pero también ha desmentido o reducido la gravedad de algunos hechos denunciados, y la importancia del factor religioso en ellos.

Algunos consideran que detrás del proyecto de ley hay una operación de oportunismo político: los escándalos en torno a la población islámica serían la excusa perfecta que el partido gobernante estaría utilizando para, a base de agitar los ánimos nacionalistas de parte de la población quebequesa, recuperar votos, en un momento en que los sondeos de cara a las elecciones de este año le dan una intención de voto muy inferior a la de las pasadas elecciones. En concreto, lo sitúan en tercer lugar, y señalan a Legault como el “premier” con menor valoración de todo Canadá.

Atropello al Estado de derecho 

De manera parecida se está interpretando la propuesta de Legault, al parecer no consensuada con la oposición, de elaborar una “constitución” para Quebec con el objetivo, según el gobierno, de “salvaguardar los valores comunes” de la provincia, entre los que estarían la lengua francesa, la igualdad entre sexos, el derecho al aborto y, por supuesto, el laicismo. Una de las disposiciones prohibiría que cualquier organismo subvencionado con dinero público impugne ante un tribunal las leyes promulgadas por el Parlamento regional, lo que, según algunos juristas, supondría un ataque al Estado de derecho, al entorpecer injustificadamente y con un fin claramente político el equilibrio entre los poderes del Estado.

Lo cierto es que Canadá ya cuenta en su constitución con una disposición similar, la llamada “cláusula a pesar de que” (notwithstanding clause). Esta puede ser invocada en la redacción de algunas leyes regionales o nacionales, e impide que un tribunal suspenda su entrada en vigor a pesar de que estas puedan contravenir algunos derechos fundamentales, entre los que se encuentran la libertad religiosa, de expresión, de reunión, de asociación, o incluso el derecho a la vida. Así pues, otorga una especie de “inmunidad judicial” transitoria a una ley, aunque después pueda ser recurrida.

La notwithstanding clause, que ningún otro país occidental lleva en su Constitución, ya ha sido utilizada en varias ocasiones, para proteger diferentes normas de muy distinto signo. En 2019 se añadió a la redacción de la laicista “ley 21”, y ahora también ha sido incorporada a la de la “ley 9”.

¿Quién amenaza al laicismo?

El proyecto de “ley 9” está siendo bastante criticado, tanto por el uso de la “cláusula a pesar de que” como por su propio contenido. Se han opuesto a ella los obispos católicos de la región, las principales autoridades islámicas (también las judías, aunque con menos contundencia) y varias asociaciones civiles, entre ellas algunas no especialmente conservadoras, como la Canadian Civil Liberties Association o el Canadian Centre for Policy Alternatives. 

Más allá del futuro parlamentario de la norma (lo más probable es que se apruebe, porque cuenta con los mismos apoyos que tuvo la “ley 21”), el mismo hecho de que se presente es interesante, porque muestra la encrucijada en que se encuentra el laicismo en muchos países occidentales. 

Por un lado, durante décadas el discurso secularista ha ido sembrando desconfianza o incluso hostilidad hacia las tradiciones cristianas, que se han presentado como “viejas tutoras” de las que convenía emanciparse. Más recientemente, en distintos países se ha ido extendiendo un discurso nacionalista, en buena medida como reacción a lo que se considera una inmigración excesiva; especialmente la que proviene de países de cultura islámica. En ocasiones, esta sensación de amenaza a la identidad provoca un apegamiento a las “verdaderas raíces religiosas”, en referencia al cristianismo.

En España, fue noticia durante unos días la moción presentada por Vox en un municipio de Murcia para prohibir unas celebraciones islámicas en terreno público (finalmente fue aprobada, aunque sin referencia a ninguna fiesta ni credo en particular). El texto hablaba de “defender nuestra identidad y proteger los valores y manifestaciones religiosas tradicionales”.

En un contexto político de auge de los discursos identitarios –piénsese en los propios Trump o Putin–, el “vacío religioso” que propone el credo laicista es visto por muchos como una postura demasiado débil, con poca fuerza propositiva. Incluso entre personas sin una vida religiosa, el aumento de la población islámica hace que la propuesta de felicitar el solsticio de invierno en vez de las navidades ya no solo parezca ridícula, sino también cobarde. Así, al laicismo ya no lo amenaza única, ni principalmente, la “gente devota”, sino un sector más amplio de la sociedad.

En este contexto, si quienes dicen defender la neutralidad religiosa del Estado abandonaran sus posturas laicistas, supuestamente provocadas por la amenaza de un “monopolio cultural cristiano” que hace tiempo dejó de existir, y abrazaran una idea de laicidad más dialogante y menos hostil, podrían encontrar en la Iglesia un aliado, algo que seguramente no hallarán  en las filas de los “nuevos patriotas”.