La presencia del crucifijo en la Asamblea Nacional de Quebec se ha convertido en la cuestión emblemática del espacio que debe ocupar la religión en la vida pública de la provincia canadiense. Un informe encargado a una comisión sobre estos asuntos recomendó a finales de mayo que se retirara. Por su parte, los diputados aprobaron una moción a favor de que siguiera en el mismo sitio. Pero esto es solo un símbolo de problemas más de fondo.
La Comisión se constituyó para estudiar cómo hacer “los acomodamientos razonables” en la aplicación de las leyes para conciliar una norma general y las diferencias culturales y religiosas de una población cada vez más diversa. La provincia tiene 7,6 millones de habitantes, de los que 700.000 son inmigrantes. De ahí que se quiera fomentar su integración promoviendo el interculturalismo.
Los autores del informe, Gérard Bouchard y Charles Taylor, hacen 37 recomendaciones relacionadas con el aprendizaje de la diversidad, las prácticas de armonización de las leyes en función de las diferencias culturales, la integración de los inmigrantes, el interculturalismo, las discriminaciones y la laicidad. De momento, son sus recomendaciones sobre la laicidad las que han provocado más reacciones.
Los autores propugnan una “laicidad abierta”, que no suponga recluir a la religión en la vida privada. Es más, estiman necesario que en el espacio público se expresen las diferencias culturales, en particular las religiosas. El filósofo Charles Taylor está considerado como un intelectual que tiende puentes entre corrientes a menudo enfrentadas y un decidido partidario de proteger los derechos de minorías culturales (cfr. Aceprensa 56/07 y 134/07).
En lo que se refiere a los símbolos religiosos en la vida pública, los consideran compatibles con la laicidad “cuando se trata de un recuerdo histórico más que de un signo de identificación religiosa por parte de una institución pública”. Pero, en nombre de la neutralidad del Estado, recomiendan que sea retirado el crucifijo de la presidencia de la Asamblea Nacional, que fue instalado en 1936.
Pero el gobierno presidido por el liberal Jean Charest, presentó una moción a favor del mantenimiento del crucifijo en nombre de la historia de Quebec, moción aprobada por unanimidad por los 100 diputados presentes. “No se trata de escribir la historia al revés”, ha dicho Charest. “Si la Iglesia ha desempeñado un gran papel desde hace trescientos cincuenta años, el crucifijo es un símbolo de esta historia y no solo un símbolo religioso”.
En cuanto al uso de signos religiosos por parte de quienes encarnan la autoridad del Estado, piden que se prohíba a los magistrados y fiscales, a los policías, a los funcionarios de prisiones, al presidente y a los vicepresidentes de la Asamblea Nacional. En cambio, que se autorice su uso a los profesores, a los funcionarios, a los profesionales sanitarios y todos los demás agentes del Estado. Es decir, no habría inconveniente en que profesoras o enfermeras lleven el hiyab (velo islámico). En las escuelas públicas no habrá lugares de oración permanentes, pero los autores del informe estiman que deberían ponerse a disposición de los alumnos musulmanes locales de oración, si las salas están temporalmente desocupadas.
Esta apertura a otras religiones, mientras se olvida la tradición católica de Quebec, no ha sentado bien a muchos, empezando por los diputados que aprobaron la moción para el mantenimiento del crucifijo en la Asamblea. De hecho, el crucifijo subsiste también en diversas salas de plenos municipales. En el ayuntamiento de Montreal ha habido diversos intentos de retirarlo, pero siempre se ha dado marcha atrás por las protestas de ciudadanos.
Los obispos católicos de Quebec han publicado una nota sobre el informe Bouchard-Taylor en el que señalan que “se ha abordado la cuestión religiosa sin tener en cuenta el papel particular que ha desempeñado el catolicismo en el pasado y en el presente de Quebec”. En el informe, dicen, “el catolicismo es tratado como una realidad del pasado de la que desconfiaría casi unánimemente la colectividad”.
Sin embargo, afirman compartir la concepción de la “laicidad abierta” que se propugna en el informe. Tal concepción está de acuerdo con la insistencia de los obispos “en la aportación de los grupos religiosos a la edificación del bien común y en la importancia de considerarlos como interlocutores válidos para discutir los problemas sociales”.
Cultura religiosa en la escuela
Entre las recomendaciones del informe figura también que “el gobierno promueva activamente el nuevo curso de Ética y cultura religiosa”, que entrará en vigor en septiembre de este año. Esta materia ha modificado el estatuto que tenía la asignatura de religión en la escuela. Hasta ahora existía la alternativa entre clase de religión -católica o protestante- y ética. Ahora ha sido reemplazada por una asignatura de ética y cultura religiosa para todos.
Numerosos padres han expresado su inquietud ante este cambio que impide escoger la educación religiosa que desean para sus hijos en la escuela. Los obispos habían defendido la posibilidad de elegir entre la enseñanza confesional y la enseñanza de una ética sin dimensión religiosa. Visto que esto no ha sido posible, han adoptado, como dicen en un comunicado, “una actitud crítica y vigilante”. Han colaborado en las consultas para elaborar el nuevo programa.
Reconocen que “el diálogo sobre cuestiones éticas y religiosas puede ayudar a los jóvenes de diversas creencias y convicciones a superar las divisiones ideológicas y a respetarse mutuamente”. Además, “el conjunto de los alumnos será iniciado en una comprensión positiva del fenómeno religioso, especialmente de las tradiciones católica y protestante”.
Pero también advierten “cuestiones preocupantes”, como la exposición de los niños a diferentes criterios éticos y religiosos cuando apenas se ha formado su identidad y su capacidad de discernimiento, o la consideración del fenómeno religioso desde un punto de vista estrictamente sociocultural, lo que puede dar lugar a una visión reduccionista de la fe.
Si la experiencia mostrase que la asignatura resulta perjudicial para los alumnos, los obispos recuerdan a los padres que la ley de instrucción pública “prevé la posibilidad de recurrir a la exención, que puede ser acordada o negada por la comisión escolar”