La Iglesia frente al terrorismo de ETA

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Duración lectura: 15m. 41s.

Un rechazo sin paliativos
En febrero del año 2001 se produjo en la opinión pública española una áspera polémica en la que la Iglesia católica fue acusada de no condenar con firmeza el terrorismo de ETA. El motivo fue la renuncia de la Conferencia Episcopal a sumarse a la iniciativa política del pacto antiterrorista suscrito entre el partido en el gobierno y el primer partido de la oposición. Para ofrecer datos y elementos de juicio sobre el comportamiento de la Iglesia en este problema, la BAC ha publicado La Iglesia frente al terrorismo de ETA, una recopilación de los pronunciamientos de la Santa Sede, los obispos y otras instituciones eclesiales desde 1969 hasta hoy. El volumen cuenta con un epílogo escrito por Mons. Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, del que ofrecemos una selección de párrafos.

Se dice que ETA nació en las sacristías. Lo justo es decir que ETA nació de la conjunción del marxismo con el nacionalismo frustrado y radicalizado al final del franquismo. (…) En el declive de las instituciones franquistas, los nacionalistas radicales ven la posibilidad de forzar la ruptura institucional y de alcanzar en poco tiempo la independencia. Cuando esta esperanza nacionalista se funde con una visión marxista de la historia y de la política, nace ETA. Una aspersión sobreañadida de Teología de la Liberación aplicada a la situación minoritaria del pueblo vasco completa la fórmula y la hace atrayente para no pocos cristianos y para algunos pocos clérigos. (…)

El conflicto original

Según ellos [los nacionalistas], hay un conflicto original que consiste en el no reconocimiento de los derechos políticos del pueblo vasco, perfectamente diferenciado, que ocupa desde siempre un territorio, injustamente ocupado por el Estado español (y en parte por el Estado francés) y al que se le niega el derecho de autodeterminarse y organizarse en un Estado independiente.

Si este postulado se acepta como verdadero, todas las demás consecuencias están ya implícitamente aceptadas. Así opinan los nacionalistas, pero ¿es ésta una realidad objetiva históricamente demostrable, o es más bien una pretensión opinable y discutible sólo sostenida por una parte de la población vasca? (…)

No parece que se pueda afirmar que, en la España actual, los vascos padecen tales discriminaciones jurídicas que justifiquen la insurrección armada y mucho menos los asesinatos indiscriminados y alevosos que ETA comete para imponer su voluntad contra el sentir de la mayoría de los ciudadanos. (…) Por otra parte, nadie puede tomarse la justicia (o la injusticia) por su mano, ni decidir sobre la vida de los demás, ni decretar la muerte de una persona para atemorizar a la sociedad, o suprimir físicamente a quienes no comparten las propias ideas, o resisten a su predominio en un pueblo, en un barrio, en una ciudad o en una nación entera.

Al margen de cualquier intención política, este procedimiento es intrínsecamente perverso y gravemente inmoral. Es incompatible con la conciencia cristiana no solamente la ejecución de estos atentados, sino cualquier colaboración que apoye la existencia y las actividades de ETA, tanto en el orden cultural como en el social y político.

¿Derecho a la autodeterminación?

Ante la exigencia del pretendido derecho a la autodeterminación, es preciso hacer una serie de observaciones que debilitan y prácticamente anulan la legitimidad de esa reivindicación. En la actualidad no hay un pueblo homogéneamente vasco que ocupe un territorio definido. Los vascos están presentes en todo el territorio español; y en lo que se llama País Vasco o Euskal Herria. Hay, y ha habido, desde hace siglos muchas personas no vascas, viviendo en paz y armonía con los vascos.

Esa unidad ahora invocada como Euskal Herria o País Vasco no ha sido nunca una unidad política independiente, ni puede considerarse un país ocupado por otro, puesto que ha participado, como cualquier otro, en la historia general de los pueblos peninsulares (…).

Si los vascos, como otros pueblos de España, tuvieron que padecer restricciones políticas como consecuencia de la guerra civil, en la actual situación democrática tienen los mismos derechos civiles que los demás ciudadanos españoles y pueden desarrollar y garantizar libremente las notas y peculiaridades de su historia y de su cultura como cualquier otro grupo cultural, lingüístico y hasta político integrado en el Estado español. El ordenamiento político actualmente vigente en España admite la reivindicación democrática y pacífica de cualquier pretensión, opinión y proyecto político dispuesto a respetar los derechos humanos y las libertades y derechos políticos de los demás ciudadanos. (…)

Es preciso afirmar que, actualmente, los vascos no están sometidos a ninguna injusticia objetiva ni padecen una restricción de sus derechos y libertades políticas que justifique la insurrección ni la lucha armada. Por lo cual los católicos vascos y la gente de buena voluntad, sea o no creyente, se encuentra en la obligación moral de desligarse de ETA y oponerse efectivamente a ella, a pesar de los posibles y legítimos sentimientos nacionalistas. (…) Las actuaciones y la misma naturaleza de ETA son absolutamente inmorales, contrarias a la ley de Dios y a la moral humana más elemental. En consecuencia, no es tampoco lícito apoyar en cualquier forma aquellas instituciones que colaboran con ETA, que aceptan su dirección, o simplemente no se desligan públicamente de ella mediante la condena explícita de sus crímenes y extorsiones.

El nacionalismo democrático

Muchos nacionalistas están convencidos de que los crímenes de ETA son contrarios a los intereses del nacionalismo y están pervirtiendo el alma del pueblo vasco (…). Existe también un nacionalismo vasco que quiere mantenerse en el marco de la moral objetiva y de las instituciones y procedimientos democráticos. El Partido Nacionalista Vasco existe desde mucho antes de la aparición de ETA. Y es evidente que su trayectoria ha sido democrática, aunque haya estado fuertemente condicionada por sus pretensiones independentistas.

Está claro que una opción política nacionalista puede ser legítima y perfectamente compatible con una conciencia cristiana. (…) Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que ser nacionalista no es lo mismo que ser independentista. Puede haber un nacionalismo que pretenda defender y desarrollar los elementos específicos de un pueblo, con su historia, su lengua y su cultura, dentro de un Estado plurinacional. Hoy está comúnmente admitido que el viejo principio romántico de un pueblo, un Estado no es aplicable y que su reivindicación cerrada y cerril es una fuente interminable de discordias, divisiones y conflictos.

Otra consideración indispensable es ésta: lo que en política es teóricamente posible, para que sea legítimo en la práctica, ha de manifestarse como un medio de conseguir un bien mayor para la mayoría de la población. El independentismo es una opinión posible. Pero ¿es tan claro que la ruptura independentista, en las actuales circunstancias, es mejor para la mayoría de la población que la continuidad democrática? ¿Qué pasaría con esa casi mitad de la población que se sienten a la vez vascos y españoles y no quieren separarse de España? (…)

Mitad y mitad

El nacionalismo democrático se encuentra en la obligación moral de formar un frente común con las demás instituciones democráticas del Estado para luchar eficazmente contra ETA. (…) No se trata sólo de una obligación democrática, sino de una obligación moral. (…)

El punto clave en la sociedad vasca es que los ciudadanos están divididos en sus preferencias políticas al cincuenta por ciento: un poco más de la mitad son nacionalistas (quizá no todos independentistas) y casi una mitad prefiere seguir viviendo como ciudadanos españoles y vascos a la vez. (…)

En Navarra la situación es muy diferente. El 85 por ciento de los navarros aproximadamente se encuentran a gusto en la situación política actual. La mayoría de los navarros no tienen dificultad en seguir siendo navarros y españoles, y no quieren tampoco alterar su amplia autonomía foral integrándose en ninguna otra institución autonómica ni federal. (…)

Hoy por hoy, la Constitución española, el Estatuto vasco y el Amejoramiento del Fuero en Navarra, son los instrumentos legales que garantizan la convivencia en paz y en libertad. La única postura responsable y realista es la que se apoya en el reconocimiento de esta situación legal y política, para pretender mejorar estos ordenamientos por los procedimientos legales previstos.

Los partidos constitucionalistas

En la situación actual, las personas y las organizaciones no nacionalistas tienen necesidad de ser apoyadas en su derecho a opinar y manifestar sus opiniones sin represalias de ninguna clase. En muchos lugares esta libertad está seriamente amenazada y disminuida.

Por otra parte, los no nacionalistas tienen la obligación de respetar la libertad de opinión y de expresión de los nacionalistas, sin condenar las opiniones nacionalistas asimilándolas o relacionándolas necesariamente con las actividades terroristas de ETA y las complicidades del nacionalismo radical y revolucionario.

Es preciso reconocer serenamente la existencia de un problema político en el País Vasco que no se da en otras regiones de España. (…) Allí hay una parte de la población que habla una lengua diferente y minoritaria, una parte de ciudadanos que reivindican unos derechos históricos, un tanto por ciento importante de personas que no aceptan la Constitución española y no quieren ser ciudadanos españoles. No es exacto decir que el único problema del País Vasco es ETA y los crímenes de ETA. La realidad es que antes de que naciera ETA y después de que ETA desaparezca, en el País Vasco y de distinta manera en Navarra, seguirá existiendo una situación singular que merece y necesita un tratamiento político adecuado. (…)

La intervención de la Iglesia

La Iglesia tiene que denunciar y condenar la violencia. (…) Pero cabe preguntar qué es lo que hay que pedir a cada grupo, a cada participante de la vida social y pública en estos momentos.

A los nacionalistas radicales la Iglesia les dice que las ideas y los análisis marxistas no son verdaderos, ni justos, ni sirven de verdad para fomentar la libertad y la prosperidad de los pueblos. Hay que decirles que no se puede absolutizar ninguna idea ni ninguna realidad social, que ningún proyecto político puede ocupar el lugar de Dios y justificar el atropello de los derechos de nadie. (…)

Cuando el ser de aquí o de fuera es razón suficiente para respetar o no respetar los derechos de una persona, estamos fuera de la democracia, de la moral y de la civilización cristiana; estamos cerrando el camino a cualquier proyecto civilizado y realista de convivencia justa y democrática. (…)

A los nacionalistas democráticos, sean independentistas o no, hay que decirles que no se pueden desconocer los vínculos y responsabilidades comunes con las demás instituciones democráticas, en contra de la violencia y de los radicalismos. Valorar más las coincidencias con los terroristas que las coincidencias morales y democráticas con quienes respetan los derechos humanos y son víctimas de los ataques terroristas es, de nuevo, una forma encubierta de caer en la idolatría de los de aquí. (…) Pretender aprovechar la existencia del terrorismo para ganar bazas políticas o alcanzar algunos grados de soberanismo, sería una forma sutil de hacerse solidarios y dependientes de los violentos. (…)

A los partidos y a las instituciones constitucionalistas la Iglesia debe decirles que es cierto que hay que luchar eficazmente contra ETA, es cierto que hay que garantizar eficazmente los derechos fundamentales de los ciudadanos y es cierto que esto requiere la derrota policial de ETA. Pero también es cierto que la paz y la justicia no llegarán del todo mientras no haya una voluntad política eficaz de encontrar una respuesta razonable a las pretensiones más o menos independentistas de la mitad nacionalista de la población vasca. Ellos no pueden imponer sus ideas a los demás. Pero tampoco sería justo no tenerlas en cuenta de ninguna manera. Esta es la dificultad real, la verdadera cuestión política (…).

La Iglesia no puede decir cómo tienen que ser esas soluciones. Sólo dice que son necesarias, que son también posibles y que tienen que tener en cuenta los derechos verdaderos de todos los ciudadanos, atendiendo a los vínculos históricos y reales de convivencia entre todos los vascos y de los vascos con España entera.

Relativizar las diferencias

La Iglesia puede y debe hacer mucho en una múltiple línea educadora. (…) La Iglesia es la primera educadora de las conciencias de muchos miles de ciudadanos, en la catequesis, en los colegios católicos, en las clases de religión, en las homilías, en los miles de pequeñas revistas y numerosas presencias en los grandes medios de comunicación. Por todos estos medios, los obispos, sacerdotes, religiosos y seglares cristianos debemos inculcar y promover constantemente y con total claridad el rechazo firme y efectivo de la violencia como instrumento político. (…)

Y con la acción, la oración. Los cristianos tenemos que pedir a Dios el don de la paz con humildad, confianza y perseverancia. (…)

Algo que puede hacer la Iglesia como ninguna otra organización, y que resulta especialmente urgente en nuestros ambientes, es relativizar las diferencias entre personas y grupos, favorecer el diálogo social y fomentar la comunicación entre aquellos que piensan de manera diferente, luchar contra la fanatización de la política, subrayar los muchos elementos comunes que todos tenemos, recomendar y testimoniar serenidad y tolerancia. (…) Los padres deberían enterarse mejor y tener más en cuenta qué ideología social y política están recibiendo sus hijos, muchas veces de manera encubierta, en los centros o en las líneas de estudio, en los diferentes ambientes que frecuentan.

Además de educar y rezar, la Iglesia y los cristianos podemos y debemos hacer otras muchas cosas. Podemos manifestarnos, crear opinión pública , formar a dirigentes sociales y políticos para el día de mañana, apoyar a los que luchan de verdad contra el terrorismo, estar cordialmente con las víctimas, apoyar y acompañar a las familias que han padecido los zarpazos del terrorismo, visitar a los familiares de los presos y a los mismos presos de ETA. Ellos son también víctimas del terrorismo, víctimas de sus propios sentimientos y a veces de su propia organización. (…) Hay que estar con las familias de los asesinados. Muchas veces he pensado que no se percibe la verdadera monstruosidad del terrorismo hasta que no se vive de cerca el dolor y el sufrimiento de una de esas familias.

Después de señalar estas posibles actuaciones de la Iglesia, es preciso decir que la intervención de la Iglesia más profunda y eficaz en contra de la violencia y a favor de la paz es simplemente el ejercicio normal y diario de su misión evangelizadora. (…) Y, por el contrario, todo aquello que favorece una vida sin religión y sin moral, todo lo que debilita el respeto a la moral objetiva religiosamente fundada, cuanto debilita el respeto a las personas débiles y excita el deseo intolerante de disfrutar de la vida, sin atender a los derechos o a las necesidades de los demás, en definitiva prepara a nuestra juventud para prescindir con facilidad de las llamadas de una vida recta y aceptar más bien los razonamientos subversivos, egoístas y hasta violentos. (…)

Donde está Dios no crece el terrorismo. Y donde crece la inmoralidad se prepara la tierra para que brote la injusticia y la violencia.

La voz de la Iglesia ante el conflicto

El 7 de junio y el 22 de agosto de 1968 tuvieron lugar en Guipúzcoa los dos primeros asesinatos de ETA. El 22 de agosto de ese año, el entonces obispo de San Sebastián, don Lorenzo Bereciartúa, condenaba el recurso a la violencia y afirmaba que “la Iglesia jamás podrá aprobar actuaciones de esta clase como formas o medios legítimos de actuación pública o privada”. Desde entonces, la condena del terrorismo por parte de la Iglesia ha sido constante, con diferencias de lenguaje o de énfasis según las circunstancias. Sin embargo, en febrero de 2001 se desencadena una dura polémica en la que la Iglesia es acusada de mirar hacia otro lado o de mantener una postura tibia ante el terrorismo de ETA. El motivo fue su negativa a sumarse al pacto antiterrorista suscrito por los dos principales partidos políticos, iniciativa que la Iglesia consideraba legítima pero ajena a su campo de actuación específico. Lo más sorprendente es que la acusación caló en la opinión pública, lo que reveló que la Iglesia necesitaba explicar mejor su postura y hacerla valer.

Este libro (1) es una iniciativa editorial para poner al alcance de todo el que desee documentarse lo que la Iglesia católica ha dicho sobre el terrorismo de ETA desde su aparición hasta nuestros días. Los cinco capítulos recogen una selección de textos procedentes de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal española, otras asambleas episcopales, los obispos diocesanos y otras instituciones eclesiales. La recopilación documental se completa con un epílogo del arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, que es una inteligente reflexión sobre el conflicto del País Vasco y la acción de la Iglesia.

Si algo queda patente es que la condena del terrorismo es unánime, en todo momento (también en los primeros tiempos, cuando algunos que hoy acusan a la Iglesia fueron indulgentes con la violencia de ETA por ir contra el franquismo) y en todo lugar. La lectura de los textos de los obispos del País Vasco, incluidos los de monseñor Setién, puede dar una imagen más completa de su actitud pastoral.

José Francisco Serrano, que ha preparado este volumen, ha hecho una paciente labor para localizar y organizar una serie de textos dispersos, procedentes de fuentes variadas.

Juan Domínguez_________________________(1) José Francisco Serrano (ed.). La Iglesia frente al terrorismo de ETA. BAC. Madrid (2001) 823 págs. 33,13 €.

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