A la conciencia lo que es de la conciencia

Al presidente Obama se le está complicando la polémica sobre los seguros sanitarios. 43 instituciones católicas han presentado 12 demandas ante tribunales federales contra la norma del Ministerio de Sanidad que impone la obligación de financiar anticonceptivos, la píldora del día siguiente y la esterilización. Las demandas coinciden en que el precepto vulnera la libertad religiosa y, a la vez, revelan un conflicto que afecta a las relaciones Iglesia-Estado y a la libertad de conciencia. Las demandas presentadas por 43 instituciones católicas plantean si el gobierno de EE.UU. vulnera la libertad religiosa y la separación Iglesia-Estado

La demanda presentada ante un tribunal de distrito de Indiana por el semanario Our Sunday Visitor y cinco instituciones más (una diócesis, tres asociaciones benéficas y una universidad) plantea principalmente dos cuestiones de fondo. Primera: si el gobierno tiene autoridad para crear la categoría de los “empleadores religiosos” en unos términos tan restrictivos como los de la norma propuesta.

Empleadores religiosos

Este precepto del Ministerio de Sanidad sólo considera exentas de la obligación de suministrar el polémico lote de servicios a aquellas organizaciones religiosas que proveen servicios directamente a miembros de su propia confesión y que tienen como único objetivo la enseñanza de valores religiosos ( cfr. Aceprensa, 27-01-2012 ).

Como ironizó un comentarista estadounidense, ni siquiera Jesús ni los apóstoles –que no distinguían entre griegos ni judíos, ni se limitaban a la enseñanza de las Escrituras– habrían entrado en esta categoría. Tampoco lo harán los cientos de universidades, escuelas, hospitales y organizaciones benéficas de inspiración religiosa, que se dedican a una gama de actividades más amplia que la enseñanza religiosa o que atienden, por ejemplo, a enfermos de otra confesión.

La segunda cuestión que plantean los demandantes al tribunal es si el gobierno puede obligar tanto a instituciones de inspiración religiosa, católicas o no, como a los individuos que trabajan en ellas a suministrar servicios que vulneran sus creencias religiosas.

La Primera Enmienda, en juego

Ambas cuestiones se articulan en torno a la misma línea argumental: la defensa de la libertad religiosa. Escriben los demandantes: “Esta demanda versa sobre una de las libertades más apreciadas de América: la libertad de practicar la religión de cada uno sin interferencia del gobierno. No se trata de dilucidar aquí si la gente tiene derecho a la contracepción, la píldora del día después o la esterilización”.

“En Estados Unidos, estos servicios son, y seguirán siendo, de acceso gratuito, y nada impide al gobierno que amplíe todavía más su acceso. Pero el derecho de acceso a esos servicios no autoriza al gobierno a obligar a los demandantes a violar sus conciencias forzándoles a que suministren esos servicios, los paguen o los faciliten a otros en contra de sus más sinceras convicciones religiosas”.

La libertad religiosa también ha sido el marco de argumentación escogido por los obispos estadounidenses en este debate. En un artículo publicado en el Washington Post (23-05-2012), el cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Washington, conectaba la defensa de esa libertad con la crítica a la cláusula de los “empleadores religiosos”.

A su juicio, si el Ministerio de Sanidad hubiera regulado una objeción de conciencia razonable, esta cascada de demandas no habría sido necesaria. El problema es que la exención de los empleadores religiosos es “la más restrictiva que ha adoptado nunca una ley federal. No contempla, por ejemplo, que una organización pueda atender al público general. De modo que, bajo esta norma, los hospitales, escuelas y programas de servicios sociales católicos –abiertos a todos– no son ‘lo suficientemente católicos’ como para que les dejen seguir nuestras convicciones católicas”.

“La garantía de la libertad religiosa recogida en la Primera Enmienda protege no solo lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de una iglesia, sino también los actos de servicio de inspiración religiosa que una confesión necesita llevar a cabo para desempeñar de manera plena su misión”.

¿Quiere Obama regular las conciencias?

Sobre la “solución de compromiso” que ofreció Obama en febrero ( cfr. Aceprensa, 15-02-2012 ), dice Wuerl que “no estamos ante un problema de dinero. El núcleo del asunto es que el gobierno quiere forzarnos a violar nuestras creencias”.

Las normas dadas entonces admitían que, en el caso de las instituciones de inspiración religiosa, el pago de los anticonceptivos, la píldora del día después y la esterilización se trasladase a sus aseguradores. Pero eso no eximía a aquellas instituciones de la obligación de prestar esos servicios.

Como es lógico, este ajuste no convenció a las organizaciones católicas. Primero, porque la obligación de suministrar unos servicios que les planteaban objeciones morales seguía intacta. Y segundo, porque creaba otro posible problema de conciencia a los dueños de las compañías de seguros, fueran o no creyentes.

De ahí el rechazo al ajuste de Obama, que ahora reitera Wuerl: “Mientras el gobierno pretende regular la religión, nosotros no queremos forzar a nadie en ningún aspecto. Autorizar a las organizaciones religiosas a servir a la sociedad no vulnera la separación Iglesia-Estado. Querer hacernos cómplices de los objetivos del gobierno en contra de nuestra conciencia, sí”.

En la misma línea, la jurista de Harvard Mary Ann Glendon escribe en el Wall Street Journal (21-05-2012): “La principal intención del mandato no es, como alegó el Ministerio de Sanidad, proteger la salud de las mujeres. Más bien se trata de un movimiento para reclutar a la fuerza a las organizaciones católicas a favor de una agenda política, forzándolas a facilitar y financiar servicios que vulneran sus creencias, desde dentro de sus propias instituciones”.

“Estamos siendo testigos de un ataque a las instituciones de la sociedad civil, que son esenciales para limitar el poder del Estado e impedir que invada la esfera de autonomía de los ciudadanos”.

Entre las 43 instituciones que han presentado las 12 demandas destacan: la Universidad de Notre Dame (que en 2009 concedió un doctorado honoris causa a Obama), la archidiócesis de Washington, la Universidad Católica de América, la archidiócesis de Nueva York.

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