Cuatro obispos norteamericanos y cuatro miembros de la Curia Romana van a revisar colegialmente las normas contra los abusos sexuales de sacerdotes aprobadas el pasado junio por la Conferencia Episcopal de EE.UU., con el fin de mejorar su precisión terminológica y sus garantías jurídicas. Numerosos juristas habían señalado que las normas, aprobadas bajo una fuerte presión mediática (cfr. servicio 85/02), no garantizaban suficientemente derechos humanos fundamentales, como la presunción de inocencia o el derecho a un juicio justo, de modo que no se adecuaban a los preceptos del Código de Derecho Canónico.
El cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación para los Obispos, en una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal de EE.UU. el 14 de octubre, subraya que «el abuso sexual de menores es particularmente repugnante» y que «la Santa Sede respalda a los obispos americanos en su tarea de responder con firmeza ante los delitos sexuales de un reducido número de los que ejercen su ministerio o trabajan al servicio de la Iglesia».
La Santa Sede reconoce los esfuerzos de los obispos para restablecer la confianza de los fieles, pero advierte que las normas y las directrices aprobadas por los obispos «pueden ser fuente de confusión y ambigüedad, pues comprenden medidas que en algunos aspectos son difíciles de conciliar con la ley universal de la Iglesia» (Código de Derecho Canónico). Además, la experiencia de los últimos meses ha mostrado que la terminología de esos documentos es a veces «vaga e imprecisa y, por lo tanto, difícil de interpretar».
Para clarificar esas normas y directrices, se constituirá una comisión mixta paritaria, formada por cuatro representantes de los dicasterios romanos competentes (Obispos, Clero, Doctrina de la Fe, Interpretación de Textos Legislativos) y por cuatro obispos designados por la Conferencia Episcopal de EE.UU. En su carta de respuesta, el presidente de la Conferencia Episcopal norteamericana, Mons. Wilton Gregory, acepta con agrado la sugerencia de la Santa Sede.
Las normas aprobadas por los obispos habían despertado también la inquietud de la Asociación Americana de Canonistas (integrada tanto por clérigos como por laicos), que este mismo octubre concluyó que la llamada política de «tolerancia cero» contradecía preceptos del Código de Derecho Canónico y que conduciría a violar los derechos de los sacerdotes acusados. A su juicio, las normas no respetaban la presunción de inocencia, ya que el sacerdote acusado debía ser apartado de su puesto, antes de ser condenado. Tampoco se tenía en cuenta la prescripción de delitos, reconocida tanto en el derecho canónico como en el civil, pues el culpable de un acto creíble de abuso sexual podía ser apartado del ministerio, aunque hubiera sucedido hace 30 años, y después hubiera llevado una vida correcta. Por otro lado, apartar definitivamente del ministerio a un sacerdote solo corresponde a la Santa Sede.
La idea de la Santa Sede es que hay que cortar con firmeza cualquier abuso sexual de menores, pero también estando precavidos contra acusaciones falsas. En esta línea, el cardenal Darío Castrillón, prefecto de la Congregación para el Clero, manifestó en rueda de prensa que la simple denuncia no puede provocar el cese automático del acusado, pues «no se puede permitir que acusaciones injustas y sin pruebas destrocen la vida de una persona. Para las acusaciones verdaderas hay normas claras. Pero existen, por desgracia, acusaciones falsas y algunos abogados que buscan ganancias fáciles». En definitiva, la «tolerancia cero» no puede implicar «garantía cero» para un acusado.
Aparte de las normas jurídicas para cortar estos casos, dentro de la prevención puede ser determinante la «visita apostólica» de los seminarios, medida acordada colegialmente el pasado abril por el Vaticano y los obispos de EE.UU. En estos casos, la Santa Sede envía un equipo para revisar cómo se selecciona a los candidatos y qué formación se les imparte. Como la gran mayoría de los abusos sexuales han sido cometidos con adolescentes varones, varios obispos han cuestionado públicamente si una persona con tendencias homosexuales puede ser un candidato idóneo al sacerdocio.