El Tribunal Supremo japonés sentencia a favor de separar religión y política

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Duración lectura: 3m. 37s.

Ashiya. El Tribunal Supremo de Japón declaró el pasado 2 de abril que el uso de fondos públicos por parte de un gobierno provincial con destino a ritos religiosos en el templo sintoísta Yasukuni Jinja, de Tokio, viola la Constitución. El artículo 20 de la misma estipula que “el Estado y sus organismos no deben inmiscuirse en la educación religiosa, ni en otras actividades religiosas”.

Al dar la sentencia, el Juez Supremo Toru Miyoshi dijo que “el desembolso de fondos públicos por parte de la Prefectura de Ehime es de carácter religioso y representa un apoyo y ayuda para cierta religión”, lo que equivale a un acto de discriminación.

Shinto no es propiamente una religión, sino más bien un conjunto de creencias mitológicas que exaltan la “esencia nacional”. Las creencias y prácticas tradicionales siguen siendo una de las principales corrientes religiosas de Japón. Sin nombre al principio, esas creencias vinieron a llamarse Shinto (“camino de los dioses”) para diferenciarlas del budismo, que se impuso más tarde en el país. Shinto se basa en el culto a los prodigios y misterios de la naturaleza. Una cascada, un peñasco, una cueva misteriosa, un árbol grande, una piedra de forma curiosa, una persona poco común, o incluso un insecto -notable quizá por su capacidad de molestar- pueden inspirar una actitud reverencial. Estos objetos de culto se llamaron kami, término un tanto equívoco que normalmente se traduce por dios, aunque no es en absoluto comparable con el concepto judeocristiano de Dios.

En su vertiente política, destaca el culto de Amaterasu (la diosa del sol), legendaria progenitora de la línea imperial. De aquí el concepto de la divinización del Emperador, que fue rechazada -a regañadientes por los tradicionalistas- después de la derrota en la segunda guerra mundial. Pero la entronización del emperador Akihito en 1990 con las antiguas ceremonias sintoístas creó polémicas constitucionales (ver servicio 168/90).

Durante el siglo pasado, y especialmente en la era Meiji, el sintoísmo se usó para exaltar el nacionalismo a ultranza, recibió ayuda y protección del gobierno, se convirtió en la religión del Estado y sus doctrinas pasaron a ser enseñanza obligatoria en los cursos de moral.

Yasukuni, que fue en tiempos -y sigue siendo- uno de los templos más importantes del sintoísmo, constituye un signo de contradicción tanto en el campo religioso como en el político.

En Yasukuni se conmemora a los casi 2,5 millones de soldados japoneses caídos desde finales del siglo pasado, entre los que se encuentran Hideki Tojo y otros generales ejecutados por los aliados como criminales de guerra. Aunque no es un cementerio militar, contiene lápidas con los nombres de los soldados y recuerdos o trofeos de varios cuerpos de ejército selectos, como el Kempeitai (policía militar), los pilotos kamikaze -incluido un avión-, un submarino suicida de un solo tripulante, etc.

Alrededor del 15 de agosto, cuando Japón conmemora el final de la guerra, Yasukuni es todos los años centro de controversias, especialmente desde que en 1975 el entonces primer ministro Takeo Miki visitó el templo en esa fecha, estableciendo un precedente que luego han seguido casi todos los primeros ministros, incluido el actual, Ryutaro Hashimoto.

Para muchos japoneses, Yasukuni simboliza lo que consideran un peligroso deslizarse hacia el militarismo de antaño y es causa de fricciones diplomáticas con China, Corea y otras naciones del continente asiático que recuerdan la época en que estuvieron sometidas al imperialismo japonés.

Por todas estas razones la decisión del Tribunal Supremo hace época: es la primera vez que se manifiesta claramente a favor de la separación entre política y religión en un caso concreto, que sienta precedente y que el público puede entender sin gran dificultad.

La Corte Suprema ordenó la restitución de 166.000 yenes procedentes de fondos públicos que habían sido donados al templo durante los festivales de primavera entre 1981 y 1986. El Supremo llegó a esta decisión por 13 votos a favor y 2 en contra. El caso había sido planteado en 1981 por cinco grupos de residentes de la prefectura de Ehime. Ganaron en primera instancia, pero perdieron en apelación.

Antonio Mélich

newsletter
cabecera_aceprensa

Reciba semanalmente por correo electrónico nuestros titulares