El asunto, devuelto a la justicia española, afectaría a los colegios de la Iglesia en unos casos muy particulares.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su reciente sentencia del 27 de junio, responde a la cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional español sobre la exención fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) reconocida a la Iglesia católica en España y su compatibilidad con el Derecho comunitario. Se trataba de dilucidar si la exención sobre este impuesto es aplicable a los colegios concertados pertenecientes a la Iglesia católica en aquellas actividades de enseñanza no subvencionadas que puedan tener una naturaleza económica.

Los hechos del objeto del litigio fueron los siguientes. El colegio “La Inmaculada” de los Padres Escolapios de Getafe realizó unas obras de reforma y ampliación del edificio del salón de actos, destinado a la celebración de reuniones, cursos y conferencias. La licencia para llevar a cabo estas obras ascendió a 23.730,41 euros, que el colegio abonó, pero después reclamó la devolución en virtud de la exención concedida en el artículo IV del Acuerdo con la Santa Sede de 1979 sobre Asuntos Económicos.

Esta exención fue refrendada años después por una Orden del Ministerio de Hacienda (5-06-2001), donde se aclaraba que a la Iglesia católica le corresponde la exención total del ICIO respecto de los bienes inmuebles que le pertenezcan, con independencia de la naturaleza de las actividades a las que se destinen.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Getafe denegó la solicitud al considerar que tal exención no era aplicable por tratarse de unas obras realizadas en un inmueble destinado a actividades que no tenían una finalidad estrictamente religiosa, por lo que quedaba fuera del ámbito de la exención. La Congregación interpuso recurso contencioso administrativo.

El caso afectaría a colegios religiosos pertenecientes a la Iglesia católica, que lleven a cabo en algunos de sus inmuebles actividades que no tengan una finalidad religiosa, pero solo si la cuantía de la exención supera un límite

El juez español aprovechó la ocasión para trasladar al TJUE la cuestión prejudicial de si esta exención fiscal podría resultar incompatible con las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de ayudas estatales, a tenor de lo que establece el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), apartado 1: “Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”.

Requisitos a valorar La sentencia del TJUE, que ha ocasionado cierto revuelo mediático, remite de nuevo la cuestión al juez nacional, ofreciéndole unos criterios para que valore si la exención del ICIO puede resultar contraria al Derecho comunitario. En primer lugar, se detiene en la naturaleza económica de las actividades que se desarrollan en el colegio, distinguiendo entre las actividades de enseñanza concertada (niveles primario y secundario), que no podrán calificarse de “económicas”, y las de enseñanza no subvencionadas por el Estado (preescolar, extraescolar y postobligatoria), y financiadas por las familias de los alumnos: estas sí son, dice la sentencia, “económicas”.

Llegados a este punto, recuerda que corresponde al juez español determinar la naturaleza de la que participa el salón de actos. Si resulta que su uso es mixto, la exención podría resultar contraria al Derecho comunitario, ya que implicaría una “ventaja económica selectiva” concedida a la congregación beneficiaria y una “ayuda otorgada por el Estado”, al suponer una disminución de los ingresos del Ayuntamiento.

El pronunciamiento del TJUE no alcanzará a los colegios concertados con ideario católico que no pertenezcan a la estructura jurídica de la Iglesia

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia recuerda otros criterios para valorar la licitud de la exención. Por un lado, señala que esa ventaja “podría hacer más atractiva la prestación de servicios de enseñanza de la congregación religiosa frente a la de otros centros también activos en el mercado”. Pero, al mismo tiempo, matiza que se ha de tener en cuenta lo que se ha denominado “la ayuda de minimis ”: es decir, para que este tipo de exenciones “afecten a los intercambios comerciales entre los Estados miembros” y “falseen o amenacen con falsear la competencia”, será necesario que el importe supere los 200.000 euros durante un periodo de tres años. En el caso contemplado, aclara, el juez nacional deberá comprobar si se alcanza dicho umbral, teniendo en cuenta únicamente las actividades económicas a las que sirva el salón de actos.

Por último, el TJUE se detiene a analizar qué tipo de ayuda estatal constituye esta exención fiscal, ya que de la calificación que le otorgue el juez nacional dependerá la necesidad de notificarla a la Comisión Europea y no podría ejecutarse sin su consentimiento. A su juicio, aun cuando el Acuerdo con la Santa Sede sea anterior a la adhesión de España a la Unión, como el ICIO se introdujo después, debería considerarse ayuda estatal nueva sujeta a autorización.

Una cuestión muy concreta Como se ve, el pronunciamiento del TJUE recae sobre una cuestión muy concreta. Se trata de una exención subjetiva destinada a determinados sujetos pasivos: la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas. Por tanto, no alcanzará a los colegios concertados con ideario católico que no pertenezcan a la estructura jurídica de la Iglesia.

En todo caso, la solución no es sencilla. Los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal la están estudiando . Los Tratados de la Unión, como pone de relieve en la sentencia, obligan a la UE a respetar y a no prejuzgar el estatuto reconocido a las Iglesias en los Estados miembros, en virtud del Derecho interno (artículo 17 TFUE). Pero no por ello queda la actividad de las Iglesias excluida, con carácter general, del Derecho de la Unión, por lo que el Acuerdo Económico tendrá que interpretarse a la luz del Derecho comunitario.

La sentencia del TJUE remite de nuevo la cuestión al juez nacional, ofreciéndole unos criterios para que valore si la exención del ICIO reconocida a la Iglesia puede resultar contraria al Derecho comunitario

Corresponderá al juez español, con los criterios transmitidos por el TJUE, determinar aquellos supuestos en los que concurren los requisitos en los que la exención podría resultar contraria al Derecho comunitario: tratarse de colegios religiosos pertenecientes a la Iglesia católica, que lleven a cabo en algunos de sus inmuebles determinadas actividades que no tengan una finalidad estrictamente religiosa y que la cuantía de la exención supere el límite establecido respecto a sus actividades económicas. Por el contrario, en los demás casos –que son la mayoría– la exención fiscal se mantendrá en los términos establecidos en el Acuerdo Económico suscrito con la Iglesia católica, que tiene rango de tratado internacional.

Quizá, como ya ocurrió con la desaparición de las exenciones y no sujeciones de la Iglesia católica al IVA, la solución se tendrá que consensuar entre el gobierno español y la Iglesia católica.

El Tribunal de la UE cuestiona una exención fiscal a la Iglesia en España

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