Algunos pretenden que el gobierno o el parlamento impongan a la Iglesia lo que tiene que hacer en cuestiones religiosas.

La secularidad del Estado siempre ha sido considerada como un logro de la modernidad. A veces se ha tergiversado la historia para presentar a la religión como el enemigo en este proceso. Sin embargo, en el debate público actual da la sensación de que son precisamente los que se consideran progresistas quienes no respetan algunas consecuencias de la separación entre Iglesia y Estado, ya que pretenden que el gobierno o el parlamento le impongan a la Iglesia lo que tiene que hacer en cuestiones religiosas. Lo que está ocurriendo en San Francisco (Estados Unidos) es un ejemplo. Como explica un artículo en la web de la Heritage Foundation, el arzobispo presentó hace un mes una actualización de la guía para los profesores de religión que dan clase en colegios de la archidiócesis. En ella se recordaba a los docentes su obligación de explicar a sus alumnos que conductas como la pornografía, la contracepción, las relaciones homosexuales o la masturbación son consideradas “pecado grave” por la Iglesia; algo que no debe sorprender a quien conozca el Catecismo. Pues bien, a pesar de que las nuevas disposiciones utilizan una terminología estrictamente religiosa, y de que no califican a las personas sino a los actos, han indignado a algunos, sobre todo por lo referido a la homosexualidad. Otros han criticado las consecuencias laborales que la nueva guía puede tener para los profesores de religión, pues se les pide que se comprometan personalmente con los valores que enseñan. Ocho senadores californianos enviaron una carta conjunta al arzobispo quejándose de que la guía fomentaba “un ambiente discriminatorio” con respecto al resto de profesores. Dos de ellos incluso han pedido formalmente al Comité de Empleo estatal que lo investigue. La legislación antidiscriminación se está utilizando para exigir a instituciones católicas medidas que nadie se atrevería a exigir a otras de distinto ideario El caso recuerda a otros intentos de injerencia pública en la religión, típicos de regímenes totalitarios. En China, el gobierno ha recordado recientemente al Dalai Lama que la potestad para decidir si se reencarna o no, y en quién lo hace, es del Partido (The New York Times) Del mismo modo, sigue empeñado en que decidir el nombramiento de obispos católicos, sin intervención del Vaticano. La pretensión de que la enseñanza religiosa sea moldeada por las instituciones políticas se da también en países democráticos. En España, medios y grupos políticos que siempre insisten en la aconfesionalidad del Estado, han criticado hace poco que sea la Conferencia Episcopal quien determine el currículum de la asignatura (voluntaria) de Religión, recientemente aprobado, y han defendido que la autoridad política negocie con los obispos para que no se enseñen cosas que a ellos les molestan. (Aceprensa). Yo sí soy quién para juzgar Resulta curioso que quienes critican las nuevas directrices del obispo de San Francisco lo hagan con la pretensión de estar rescatando la verdadera religión de manos de unos pocos dogmáticos y retrógrados. La ya célebre frase papal “¿Quién soy yo para juzgar?” es el lema que los críticos han escogido para su protesta. Sin embargo, con esto de no juzgar ocurre a veces algo paradójico: los que consideran que calificar determinados actos de inmorales es una manifestación prepotente, no tienen problema en erigirse en intérpretes preclaros de la palabra de Dios, de modo que se tomen sus ideas como mucho más fiables que dos milenios de reflexión teológica. Por ejemplo, un antiguo profesor de religión en San Francisco, que ha escrito una carta a los estudiantes y profesores contrarios a la guía, después de citar las palabras del Papa explica sin ningún empacho que “lo primero en el catolicismo es el perdón; lo segundo la conciencia”. Porque lo digo yo. Pekín le dice al Dalai Lama que el gobierno decide su reencarnación, y al Vaticano que los obispos los nombra él Detrás de esta simplificación de la moral y el dogma hay un gran desconocimiento de la doctrina de la Iglesia, o una visión interesada. En un artículo crítico con la nueva guía para la religión en los colegios católicos, el periodista cita un punto del Catecismo que habla del respeto que se debe a los homosexuales. En cambio, ni una palabra sobre lo que en ese mismo libro se dice sobre que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”. Y encima, se acusa al obispo de “seleccionar unas pocas enseñanzas y presentarlas de forma que dan una imagen distorsionada del cristianismo”. Por si fuera poco, también se le recrimina estar llevando a cabo una “guerra cultural” con este tema. Es decir, no solo se quiere moldear la doctrina a placer y enseñarla así en colegios confesionales; además se considera una agresión que quien está en posición de asegurar la ortodoxia de las lecciones –el obispo es un intérprete autorizado de la fe y los colegios dependen de la archidiócesis que él dirige– cumpla con su responsabilidad. Encarnar unas creencias Una manera de conseguirlo es exigir a los profesores una implicación personal con la doctrina. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en 2012 que un profesor de religión, en tanto que “personificaba las creencias” de una determinada confesión, podía ser despedido si el colegio perdía la confianza en él para esa labor (Aceprensa). Muchas veces los gobiernos saben que cuentan con un importante factor de negociación si quieren interferir en la enseñanza de la religión en la escuela: los conciertos educativos. Así está ocurriendo en San Francisco. Los que piden que intervenga el estado para impedir una supuesta “discriminación laboral” lo hacen aduciendo que los colegios católicos están financiados por el Estado. Sin embargo, que el gobierno mantenga una labor de supervisión de los centros que financia no significa que pueda ni deba moldear su identidad. Los que han matriculado a su hijo en un centro católico pueden esperar que los profesores de religión sean ortodoxos y, si no comparten privadamente algunos puntos de la fe, al menos que no se opongan a ella públicamente. En San Francisco y en España algunos políticos quieren impedir que en las clases de religión católica se enseñen doctrinas que a ellos les molestan Sin variedad no hay libertad real para elegir Otras veces, la legislación antidiscriminación se está utilizando para exigir a instituciones católicas medidas que nadie se atrevería a exigir a otras instituciones de distinto ideario. En la región de Alberta (Canadá), la cámara legislativa ha aprobado una ley que obliga a cualquier colegio a facilitar la creación de clubs estudiantiles en apoyo de la causa homosexual (Gay-Straight Alliance Clubs) con tal de que un solo alumno lo pida. Los centros católicos han adoptado un discurso conciliatorio, diciendo que acatarán la normativa y que se valdrán del amplio margen que deja el texto para asegurar que esos clubs no contradicen la identidad de los centros. Con todo, no deja de ser una ley innecesaria y dañina. Innecesaria porque los estudiantes que quieran pueden hablar de esos temas fuera del colegio; si lo que se pretende es crear una atmósfera acogedora hacia los alumnos homosexuales, o evitar el acoso, el gobierno puede escoger otros medios. De hecho, las autoridades católicas han señalado que en sus centros estudian gays y lesbianas sin que nadie se haya sentido ofendido. Dañina porque, como han señalado muchos padres de alumnos, parte de la libertad para elegir colegio depende de que previamente haya una variada gama de centros con sus respectivas identidades. Es lógico que un colegio católico sienta que su identidad se ve erosionada si uno de estos clubs invita a ponentes que defienden, dentro del centro, la ideología de género o el matrimonio homosexual. Existe una mayor sensibilidad hacia los “valores corporativos” cuando los hechos se producen en sentido contrario. Los mismos medios progresistas que critican las nuevas directrices en San Francisco alabaron una decisión del Tribunal Supremo norteamericano que permitió a la Universidad de Toledo (Ohio) despedir a una empleada por sus opiniones homófobas “contrarias a los valores de la universidad”. Más recientemente, una enfermera británica ha sido despedida del centro infantil donde trabajaba por negarse a leer a los niños unos cuentos con protagonistas homosexuales, y por expresar ideas supuestamente ofensivas (Aceprensa). Cabe preguntarse: si a estas instituciones se les permite definir y defender su identidad, ¿por qué a los colegios católicos no?

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