Existe un consenso en las relaciones internacionales contemporáneas para inhibirse de intervenir en otros países y modificar su integridad territorial. Ello ha sido la base del extraordinario grado de paz internacional constatable desde 1945, y Rusia había aceptado hasta ahora ese estado de cosas.
Así lo explica Sir Adam Roberts, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Oxford, en entrevista con Radio Free Europe: si bien no existe un acuerdo internacional sobre este tipo de acciones, “las resoluciones del Consejo de Seguridad han sido extremadamente firmes en los casos de anexión, como ante el intento de Iraq de anexionarse Kuwait en 1990. Cuando se proclamó la anexión, el Consejo se opuso, incluida la entonces Unión Soviética”.
Para el experto, una situación como la de la península ucraniana de Crimea, donde hay tropas rusas desplegadas y se organiza un referéndum separatista, es muy inusual. Sí ha habido, asegura, casos de transferencia de territorios, previo acuerdo, pero no anexiones, y también otros algo más parecidos a la anexión, pero sin llegar a serlo, como el papel de Turquía en el norte de Chipre: Ankara, que invadió el territorio en 1974 para “proteger” a la población turcochipriota, no ha llegado al punto de proclamar como suyo ese territorio.
El profesor británico apunta, por otra parte, que hay antecedentes de interconexión entre un país y una región de otro, una relación como la que Rusia dice avalar en el caso de Crimea, con fuerte presencia de población rusoparlante. Por ejemplo, en el caso de Croacia: “Durante algún tiempo, Croacia llegó a arreglos para que ciudadanos bosnios de origen croata pudieran tener pasaporte expedido por Zagreb, y que algunos de ellos, como los maestros, recibieran su salario de Croacia”. Un tipo de acuerdos que la propia Rusia ha buscado en su momento en Abjasia y Osetia del Sur, ambas en Georgia.
La diferencia, y lo realmente inquietante en el caso de Crimea, es que Rusia actúa como potencia ocupante de una región autónoma ucraniana, a la vez que organiza a la carrera un referéndum sin observadores internacionales. Y está en cuestión, además, la legalidad de una decisión tomada por una parte del país –las autoridades crimeas–, mientras que el gobierno nacional, al que Moscú no reconoce, no ha sido consultado.
Bajo este intríngulis subyace un principio que, por su vaguedad, algunos han utilizado a su arbitrio en el caso de Crimea y en otros: el del “derecho soberano de los pueblos a la autodeterminación”. Según Roberts, desde 1945 ha habido controversias sobre el significado de esta expresión y su aplicación en situaciones reales.
“¿Qué pueblos están avalados por este derecho y cuáles no?”, se pregunta. La cuestión ha resultado extremadamente problemática en muchas partes –Kosovo, Georgia, Sri Lanka–, y en el caso de Crimea, pasa por determinar quién es el sujeto de la autodeterminación: si Ucrania como un todo, o si solo Crimea, o si únicamente los tártaros de la península.
No hay, advierte Roberts, respuestas generales a esta cuestión, por lo que la solución del problema de Crimea debe provenir de una negociación en la que se vean representados los legítimos intereses de todas las partes.