Ciudad de México.— Las sirenas están encendidas en México y Estados Unidos. Con los dos agresivos intentos de reforma que el Ejecutivo ha propuesto para el sistema electoral, lo que se juega es la autonomía y viabilidad operativa de los árbitros electorales, el INE (Instituto Nacional Electoral) y el Tribunal Electoral. En otras palabras, que podamos hablar de un árbitro electoral imparcial o un árbitro manipulable al son del partido oficial. Con riesgo de nulificación para la elección de 2024, como dice el portal alemán DW.
Una ley electoral sólida y el respeto institucional son pilares para la paz social. Una reforma cínicamente confeccionada o la erosión de instituciones ya consolidadas es pólvora archivada para futuros estallidos sociales. Basta ver antecedentes recientísimos: los asaltos al Capitolio en Estados Unidos (2021) o a las sedes del poder en Brasil (2023). Con retórica ampulosa y la ausencia al acto de alternancia del Ejecutivo, tanto Trump como Bolsonaro socavaron la confianza en las instituciones electorales de sus respectivos países.
Más grave fue el conflicto post electoral de Bolivia (2019), al que siguió una rebelión intestina de gran escala. Evo Morales trastocó las reglas constitucionales para reelegirse y, tras una elección desaseada, la oposición maquinó un golpe al presidente. O la inestabilidad crónica de Perú.
Expondré el problema mexicano en su marco histórico. Luego describiré el devenir de los hechos recientes y el desafío que suponen.
Evolucionistas y creacionistas
Pugnan dos narrativas sobre la democracia en México. De un lado, la narrativa evolucionista afirma que en México existe la democracia operativa desde hace tres décadas, consumada con la alternancia presidencial del año 2000, fruto de un progreso paulatino.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México hegemónicamente durante más de 70 años (1929-2000): la “dictadura perfecta” (Vargas Llosa). Pero hubo una lucha democrática, que los partidos de izquierda y derecha buscaron desde los 70. Especialmente tras los timos electorales de los 80, particularmente el posible fraude en las presidenciales de 1988.
Según AMLO, la democracia en México emergió en 2018, cuando él ganó la elección presidencial por tan gran mayoría, que el órgano electoral tuvo que reconocer su triunfo
En lugar de reventar al país con levantamientos, las fuerzas del espectro político consensuaron edificar instituciones que permitieran una democracia real. Así, se fundaron organismos estatales, pero autónomos al partido oficial. El IFE, en 1990 (INE desde 2014), que organiza las elecciones, fiscaliza el dinero de los partidos y equilibra una competencia justa durante las campañas. Y el Tribunal Electoral, fundado en 1996, que califica una elección y resuelve controversias. Estos órganos sentaron las bases de una democracia germinal y son hoy piedra angular (1).
De otro lado tenemos la narrativa creacionista, de AMLO y sus huestes. Abreva del mito del fraude de 2006 (2). Afirma que la democracia en México se creó en 2018, cuando el voto popular fue tan avasallador –más de 30 millones de votos para AMLO– que constriñó al órgano electoral a reconocer su triunfo. Por tanto, la democracia –el gobierno del pueblo– tiene hasta ahora a un único representante: Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Ciertamente, en 2004-5, cuando AMLO era candidato presidencial, el entonces presidente, Vicente Fox, en un ardid fallido, instrumentalizó el aparato estatal federal para desaforar a AMLO, a fin de descarrilar al popular candidato de la izquierda. Luego, empresarios y medios de comunicación orquestaron una campaña sucia: “AMLO, un peligro para México”, equiparándolo a Hugo Chávez.
Así, en 2006 AMLO perdió las elecciones contra Felipe Calderón por menos de 0.35 puntos. Poco más de 250 mil votos, en una elección superior a los 41 millones de votantes. AMLO desconoció el resultado y cantó un fraude electoral –estudiosos de su trayectoria vaticinaron que él desconocería el resultado si perdía–.
AMLO descargó la furia y frustración de sus votantes contra el IFE, con un parón multitudinario de 3 meses en la calle emblemática de Reforma. Así, inició el mito fundacional del fraude. AMLO nunca apeló la elección con pruebas ante el Tribunal, ni adujo quejas ante tribunales internacionales. Sólo contó una historia… Y comprometió toda su fuerza política a esta narrativa. Pero se ha demostrado con solvencia la imposibilidad técnica de un fraude en las urnas (2).
En 2007 el IFE confeccionó una reforma de ley para impedir campañas publicitarias sucias en el futuro. En 2014 el IFE, que ya gozaba de enorme prestigio internacional, mutó a INE, para desligarse de cualquier tufo de polémica histórica. El INE cuenta con una trayectoria impecable.
El acoso sistemático al INE y dos iniciativas para controlarlo
Durante su sexenio, el presidente ha generado un discurso beligerante contra los organismos autónomos, en especial hacia el INE. Acosa con una retórica inflamada a los directores que lo conforman, principalmente a Lorenzo Córdova, consejero presidente. Por otro lado, Obrador organizó dos consultas populares de democracia directa, una de ellas inconstitucional y prescindiendo del INE.
A mediados del 2022 el presidente presentó una ambiciosa iniciativa para “reformar” constitucionalmente al INE y al Tribunal. Anómala en la forma, fue propuesta justo antes de las elecciones presidenciales del 2024, claro indicio de inclinar la balanza a favor de Morena, el partido de AMLO.
En el fondo proponía, entre otras, que los consejeros electorales del INE –directores de esa institución, que serán renovados en abril del 2023 por 9 años– fueran propuestos por “La Presidencia” y luego sujetos a elección popular. Tal sesgo nulificaría la autonomía e imparcialidad del INE. En cierto modo, permitiría su control a favor del actual partido del Estado. En definitiva, era el intento coyuntural de Morena por configurar, con mecanismos actuales, un estatuto análogo al del PRI a mediados del siglo XX.
El fracasado intento de reformar el Instituto Nacional electoral habría dado al partido de AMLO un dominio de las votaciones análogo al que tuvo el PRI
La iniciativa de reforma fue rechazada a finales de noviembre… No alcanzó en el Senado la mayoría calificada, requerida para configurar una enmienda constitucional. Luego de que actores internacionales y nacionales advirtieron su peligro, como la Comisión de Venecia para la Democracia, que la desaconsejó completamente; grupos civiles, empresariales y partidos políticos de oposición presentaron cartas a los legisladores para rechazar la propuesta, o la misma Conferencia del Episcopado Mexicano, que evaluó la iniciativa como “regresiva, un agravio a la vida democrática del país”.
Sobre todo hubo gran resistencia civil. Se convocó una marcha, capitaneada por José Woldenberg –prestigioso profesor de la UNAM e intelectual de izquierda–. Decenas de millares de personas se arremolinaron en el Monumento a la Revolución y a voz en grito de “El INE no se toca”, exigieron a los legisladores rechazar contundentemente la iniciativa de reforma. En medio centenar de ciudades hubo marchas paralelas, de distintas dimensiones.
En su discurso, Woldenberg declaró: “Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad políticas, la trasmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades”.
El “Plan B” de AMLO para el Instituto Nacional Electoral pretende recortarle el presupuesto, con el consiguiente despido del 85% de los funcionarios
En airada respuesta, el presidente saturó con epítetos a los participantes y convocó a una contramarcha dos semanas después. So pretexto de su cuarto informe de gobierno, pidió a los 22 gobernadores estatales de su partido y a sus operadores políticos congregar a una muchedumbre más numerosa que la de sus antagonistas. Así fue: cientos de camiones y medios de transportes públicos, financiados con el erario público, aglutinaron una gran multitud en el Zócalo, en apoyo a su carismático Huey Tlatoani. Muchos de ellos en patente acto de acarreo político.
Un “Plan B” tóxico
Despechado por el primer fracaso, el presidente reviró en diciembre con el Plan B, que pretende la reforma de leyes secundarias. Aquí Morena sí cuenta con una mayoría simple en ambas Cámaras, suficiente para su aprobación. El paquete propuesto es enormemente nocivo para el país.
En el fondo, pues, so pretexto de austeridad económica, amputa al INE. Propone cercenar 300 distritos y con ello el despido del 85% de los funcionarios que conforman la institución. A los profesionales que han: a) confeccionado el padrón electoral (hoy cuenta con casi 95 millones de personas inscritas, el 98% con una credencial para votar, hoy convertida en cédula de identidad personal); b) gestionan la instalación y organización de las casillas en cada elección; y c) realizan el cómputo de votos, junto a la sociedad civil, que ellos capacitan. En otras palabras, destaza la capacidad operativa del INE y destruye su memoria institucional. ¿Para qué se querría sino para manipular una elección?
Segundo, quita a los órganos los dientes jurídicos para sancionar las infracciones electorales, favorece así la impunidad ante las triquiñuelas durante las campañas. Tercero, expande el concepto de propaganda gubernamental. El presidente y sus 22 gobernadores podrían impulsar las campañas a favor de su partido en 2024, algo que ahora es completamente ilegal.
En la forma porque lo hace mediante una imposición unilateral. Como es ostensible, las instituciones son perfectibles, pero ninguna reforma legal podría denominarse justa cuando todo apunta a consolidar tramposamente la hegemonía del partido actual del Estado, Morena, y su proyecto de nación.
Fue ignominiosamente aprobada por la Cámara de Diputados a las pocas horas que el Ejecutivo la expidió: sin leerla siquiera, sin la búsqueda de consenso alguno con la oposición. No fue un acto de contrapeso entre Ejecutivo y Legislativo, sino de obediencia incondicional al Huei Tlatoani que puede bendecir con prebendas y canonjías políticas su lealtad al amo.
En el Senado ha comenzado el debate y finalizará las próximas semanas de febrero. La iniciativa es muy desaseada, plagada de pifias inconstitucionales. Por ello, ya ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia por diversas instancias: por los 11 consejeros del INE, quienes, tras un informe ejecutivo y técnico, emitieron dos controversias constitucionales; también por los partidos de oposición. La alianza @unidos ha convocado una megamarcha para el 26 de febrero, para mostrar inconformidad con la reforma electoral, bajo el lema #mivotonosetoca.
El reto democrático de una nación
Como concluyó J. Woldenberg, “México vivirá conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país. (…) Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato: padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los votos, resultados preliminares en la noche [de la contienda] y, por supuesto, que ganadores y perdedores sean definidos por el voto de los ciudadanos y solo por ellos”.
Jorge Quesada
Historiador (UNAM) y filósofo (UP). Profesor
@JorgeQuesadaPe
(1) Woldenberg, J. (2012), La transición democrática en México. Colmex, México.
(2) Ciertamente, meses previos a la contienda, AMLO fue sujeto de una campaña sucia de publicidad, pero se ha demostrado con suficiencia la imposibilidad técnica de un fraude el día de la contienda. Ver Luis Carlos Ugalde (2010), Así lo viví. testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida en la historia moderna de México, Random House.
Un comentario
Es una pena este gobierno que sólo quiere el poder para beneficio de unos cuántos y tener más pobres, menos intelectuales, menos científicos, menos empresarios, para tener el control de un país y llevarlo a ser otra Venezuela, sin sueños y sin aspiraciones.