Dina Boluarte tras jurar el cargo de presidente en el Congreso (foto: Prensa Presidencia del Perú)
Lima.— Mientras se escribe este informe, las cifras son nefastas para el Perú. Solo han transcurrido siete días del nuevo gobierno de Dina Boluarte y ya se tiene el mismo número de días de revuelta social. Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha confirmado siete muertos por las protestas que se iniciaron en la cuna de la actual mandataria: Apurímac. A estas horas, son 8 las regiones, además de Lima, donde se han registrado heridos, cierres de carreteras y fallecidos. Y la situación se complica, pues se ha acaba de decretar Estado de Emergencia Nacional por 30 días. Los peruanos pasarán Navidad y Año Nuevo encerrados en sus casas.
¿Y cómo se llegó, nuevamente, a este caos nacional? La respuesta no está en la toma de mando de Dina Boluarte –ocurrida luego del “suicidio político” de Pedro Castillo y su posterior vacancia (destitución)–, sino que se gestó hace más de cinco años.
Desde abril del 2016, el Perú ha tenido 6 presidentes. Contemos: Pedro Pablo Kuczynski (renunció), Martín Vizcarra (destituido), Manuel Merino (renunció), Francisco Sagasti (culminó su mandato), Pedro Castillo (destituido) y Dina Boluarte. Un presidente nuevo cada año.
Alta rotación ministerial
El hoy extinto gobierno de Pedro Castillo tuvo siempre un gran opositor: el Congreso de la República.
A pesar de tener una bancada parlamentaria oficialista, sus integrantes no estaban cohesionados y, menos aún, alineados al mandatario. Los líderes del grupo parlamentario eran los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido. Ellos respondían a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, el partido que llevó a Castillo a la presidencia.
Por otro lado, la conformación del Consejo de Ministros siempre tuvo flancos débiles. Uno de los más escandalosos fue la designación de ministros acusados por corrupción, como el hoy prófugo Juan Silva, de la cartera de Transportes y Comunicaciones.
El gobierno de Pedro Castillo tuvo 70 ministros distintos en quince meses y era objeto de continuas acusaciones de corrupción
Otro flanco débil fue la cantidad de ministros que tuvo Pedro Castillo en un poco más de un año de gobierno. La cifra es real: 70 ministros desde el 28 de julio de 2021 hasta setiembre del 2022. Una de sus carteras más débiles fue la del Ministerio de Agricultura y Riego, la cual tuvo tres intentos fallidos en la compra de urea, un fertilizante esencial para los agricultores. Se acabó el gobierno de Castillo y el fertilizante nunca llegó.
Por su parte, el premier Aníbal Torres siempre defendió a capa y espada al presidente Castillo. Torres, un destacado exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no desaprovechaba cualquier tribuna para enfrentarse a los que consideraba “los enemigos del pueblo”: los políticos de oposición, los gremios empresariales y un sector de la prensa.
A esta vorágine de desaciertos, se sumó la continua presión del Poder Legislativo con sus tres intentos de vacancia (destitución), y las denuncias periodísticas de cada fin de semana sobre los presuntos actos de corrupción en el gobierno. Estos hechos llevaron a Pedro Castillo y su séquito más cercano a plantearse la disolución del Congreso.
El inicio del fin
El 7 de diciembre, al promediar las 11 de la mañana, temeroso de la votación del tercer intento de vacancia, Pedro Castillo tomó la decisión que fue el inicio de su fin: un Mensaje a la Nación en el que anunciaba la disolución del Parlamento Nacional.
“Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, dijo Pedro Castillo mientras intentaba sostener, con sus manos temblorosas, el papel que contenía el discurso de marras.
Luego de unos minutos agregó: “A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley. Se declara en reorganización el sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”.
Este anuncio sorprendió a todos. Nadie se esperó tal decisión. Castillo, de esta manera, le facilitaba el camino a los parlamentarios para que lo vacaran. Y así sucedió.
Enterados del anuncio, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, adelantó dos horas la votación. A la 1 p.m., la suerte de Castillo estaba echada: 111 parlamentarios votaron a favor de la vacancia. Hubo 10 abstenciones y 6 votos en contra.
En la calle se vivía una historia paralela. Es decir, de confusión y escándalo.
El exsindicalista de la enseñanza y, en ese momento, expresidente de la República, salía raudo de Palacio de Gobierno junto con su familia y el expremier Aníbal Torres. La intención era llegar a la Embajada de México para pedir asilo político. Su intento quedó en nada. El congestionamiento vehicular de Lima le jugó en contra y le facilitó el trabajo a los efectivos del orden para detenerlo y llevado a la carceleta. De acuerdo con el parte policial, Castillo fue detenido “por encontrarse incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión (artículo 346 del Código Penal), abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal) e infracción a la Constitución Política del Perú (artículo 46)”.
Juramentación y protestas
A las 3 p.m., el Congreso de la República tomó juramento a la primera presidenta del país: Dina Boluarte Zegarra. Sin embargo, los ánimos no se calmaron. Justamente en Apurímac, la región natal de la nueva mandataria, se registraron los primeros actos radicales.
A las dos muertes que ocurrieron el último domingo, ahora se suman cinco fallecidos más. En declaraciones a la prensa, el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), señaló que, a nivel nacional, las protestas van dejando el siguiente saldo: se han incendiado 12 comisarías, hay 119 policías heridos y seis secuestrados. Aunque ya fueron liberados, uno de ellos se encuentra entubado. En Apurímac, además de las cinco muertes, se registran al menos 60 ciudadanos heridos.
Dina Boluarte ha aceptado la presidencia, pese a haber declarado que no lo haría, y ha intentado posponer las elecciones
Otros ataques se registraron a los aeropuertos de dos ciudades turísticas del país: Arequipa y Cusco. Horas después de la toma de estos lugares, la policía logró recuperar el control. Sin embargo, los vuelos hacia esas importantes ciudades han quedado suspendidos por tiempo indefinido.
Las protestas también llegaron a Lima, donde los manifestantes atacaron las sedes de América Televisión, Canal N y Panamericana Televisión, además de un vehículo de Radio Exitosa. En Ica, un reportero de TV Perú fue herido en la mano. Incluso, un bus del Metropolitano con pasajeros fue alcanzado con piedras.
¡Que se vayan todos!
Apenas se ha cumplido una semana del nuevo gobierno y las protestas avanzan peligrosamente por todo el país. ¿Y ahora de quién es la culpa? De acuerdo con los manifestantes, Boluarte ha incumplido una promesa y ha incurrido en un error grave.
La promesa incumplida es que Boluarte aseguró, hace unos meses, que si el presidente Castillo era vacado, ella renunciaría y no aceptaría el cargo. Lo primero ocurrió, pero lo segundo no pasó. “Juro asumir el cargo hasta el 2026”, fue parte del discurso de Boluarte luego de juramentar.
El error grave es que no ha convocado a elecciones generales de forma inmediata como lo exigen las protestas. “¡Que se vayan todos!”, es la frase que resuena en las calles y que inundan las redes sociales.
Hace tres días, en un Mensaje a la Nación, Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso para el adelanto de elecciones para abril del 2024, previas reformas constitucionales y electorales. Este anuncio no calmó los reclamos, sino que encendió los chisperos.
Lo que es evidente es que los peruanos quieren adelanto de elecciones de forma inmediata. Sin embargo, hay trabas legales que no permiten hacerlo en menos de un año. El otro problema es que, si no hay reformas previas en ciertos artículos de la Constitución, la historia se volverá a repetir: se van los actuales parlamentarios, pero regresan otros con el mismo perfil que la población repudia.
Por su parte, los analistas señalan que el adelanto de elecciones para abril del 2023 es imprescindible para evitar más desmanes. Además, Dina Boluarte deberá impulsar el llamado al Congreso a una legislatura extraordinaria para enero y se termine de pulir el cronograma electoral y reformar la Constitución.