Una campaña electoral también se libra en una pregunta que no aparece en las papeletas: ¿a quién creemos? Entre promesas, acusaciones y vídeos que duran menos que una explicación, los ciudadanos tienen que decidir qué ocurrió, quién merece su confianza y cuánto están dispuestos a disculpar a los suyos.
Jayson Harsin (Kansas City, 1968) lleva años investigando ese terreno donde se cruzan la verdad, el poder y la persuasión. Profesor de Comunicación, Medios y Cultura de la Universidad Americana de París y director de su Centro de Medios, Comunicación y Cambio Global, estudia la posverdad, la desinformación y la economía de la atención. Su próximo libro, The Critique of Pure Information, cuestiona que la crisis democrática pueda resolverse simplemente con información más precisa.
En esta conversación, el profesor estadounidense, afincado entre París y la campiña de Provenza desde 2003, examina la supervivencia de los dirigentes a los escándalos, las lealtades políticas, el negocio de captar nuestra atención y la responsabilidad del periodismo. Su esperanza es prudente y exigente: recuperar la confianza requiere instituciones que respondan, ciudadanos con posibilidades reales de participar y un desacuerdo que permita discutir el futuro sin expulsar al otro de él.
— ¿Ha cambiado la relación entre la política y la verdad, o es la mentira de siempre amplificada por las nuevas tecnologías?
— Ha cambiado algo importante, pero debemos ser cuidadosos al precisar el qué. No disponemos de una base histórica fiable para afirmar que los políticos mienten hoy con mayor frecuencia que en el pasado, ni deberíamos imaginar una supuesta edad de oro anterior en la que la política estuviera gobernada por la honestidad y la exactitud de los hechos. Ha cambiado la propia organización del espacio público: quién ve y escucha qué, a qué públicos llegan los mensajes políticos y qué permanece visible para el conjunto de la sociedad.
La posverdad no tiene que ver únicamente con las condiciones del conocimiento; es también un estado de ánimo público marcado por la ansiedad: la sensación generalizada de que el engaño está por todas partes y de que resulta cada vez más difícil establecer hechos aceptados públicamente. Esa percepción tiene consecuencias políticas por sí misma, con independencia de que podamos demostrar o no un aumento histórico sin precedentes de las mentiras.
— ¿Es la desconfianza una amenaza para la democracia mayor que la propia mentira?
— No separaría tan tajantemente la verdad y la confianza. Uno de los argumentos que he desarrollado es que lo que Hannah Arendt denominaba verdad factual –los hechos relativos a los acontecimientos de nuestro mundo político compartido– siempre ha dependido de relaciones de confianza mediadas por otros.
La desconfianza puede estar plenamente justificada y, de hecho, ser necesaria para exigir responsabilidades en democracia. La cuestión es por qué la desconfianza se ha extendido tanto, cómo se utiliza políticamente y si los ciudadanos disponen de medios creíbles para distinguir entre una sospecha justificada y los esfuerzos organizados por desacreditar pruebas incómodas.
Y hay algo fundamental: no podemos reconstruir la confianza limitándonos a decirles a los ciudadanos que vuelvan a confiar en las autoridades establecidas. Las instituciones políticas y periodísticas tienen que demostrar que son dignas de confianza, entre otras cosas mediante la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta y una mayor participación pública.
— ¿Nos dirigimos hacia sociedades con versiones incompatibles de los hechos?
— He utilizado el concepto de mercados de la verdad para describir entornos en los que actores políticos, periodísticos, expertos y otros, que compiten económica y culturalmente, luchan por establecer su credibilidad y su autoridad como personas o instituciones que dicen la verdad, pero sería cauto antes de concluir que las sociedades ya no comparten una misma realidad.
“Sobrevivir a un escándalo no equivale a responder por los propios actos.”
Existe una diferencia entre la realidad misma y las condiciones socialmente mediadas en las que determinadas interpretaciones de esa realidad llegan a ser aceptadas públicamente. Los actores políticos pueden ofrecer relatos contrapuestos sobre un mismo acontecimiento sin que el acontecimiento en sí se convierta en una cuestión de preferencias individuales. Lo que me preocupa es la capacidad de actores organizados y dotados de abundantes recursos para explotar la desconfianza, la incertidumbre y las distintas formas de representar la autenticidad.
Sarah Banet-Weiser y Kathryn Claire Higgins plantean una cuestión importante en su libro Believability, que examina las controversias públicas sobre la violencia sexual y el movimiento #MeToo. Describen una “economía de la credibilidad” en la que algunas personas gozan de una presunción de veracidad, mientras que otras tienen que esforzarse mucho más para que se tome en serio incluso un testimonio sólidamente respaldado por pruebas.
El objetivo democrático no debería ser recuperar un consenso universal imaginario, sino crear condiciones más equitativas para establecer, cuestionar e interpretar públicamente los hechos.
— ¿Ha disminuido el coste político de mentir o han cambiado los criterios para juzgar a los dirigentes?
— Que una mentira o un caso de corrupción perjudique una carrera política siempre ha dependido del poder institucional, las lealtades partidistas, las prácticas periodísticas y el contexto político general.
Los dirigentes políticos son evaluados cada vez más según convenciones habituales en la cultura promocional y de las celebridades: la autenticidad percibida, la identificación emocional, la combatividad y la capacidad de captar la atención.
Para algunos seguidores, la negativa de un dirigente a disculparse o a retroceder puede convertirse por sí misma en una demostración de fortaleza o autenticidad. De hecho, un político puede ser percibido como alguien que habla con sinceridad incluso cuando lo que dice es objetivamente incorrecto. Pero eso no significa que la verdad haya dejado de importar. Significa que los juicios sobre la honestidad, el carácter y la legitimidad política se están organizando a través de convenciones culturales y retóricas diferentes.
— ¿Pesan más la identidad política y la lealtad a los partidos que la exigencia de verdad entre los votantes?
— Uno de los cambios más importantes de la política democrática durante las últimas décadas ha sido el debilitamiento de las lealtades tradicionales a los partidos, especialmente en Europa. Estados Unidos ha seguido una trayectoria algo diferente, con una identificación partidista y una polarización más intensas, pero no deberíamos generalizar la experiencia estadounidense al resto de las democracias.
También debemos distinguir entre la lealtad a un partido político y la identificación con un dirigente, un movimiento o una identidad cultural más amplia. Y un antagonismo político intenso no implica necesariamente una lealtad fuerte hacia el propio partido. Las investigaciones de Samuels y Zucco sobre Brasil, por ejemplo, han mostrado cómo la hostilidad hacia los adversarios políticos puede ser más importante que la adhesión positiva a un partido determinado.
También distinguiría entre el compromiso ideológico y la lealtad partidista incondicional. Tener convicciones políticas firmes no es incompatible con respetar los hechos. El problema aparece cuando la identificación política se organiza alrededor de una lealtad incondicional, de manera que se rechaza automáticamente cualquier prueba contraria al dirigente o grupo preferido.
“Cuando los adversarios se convierten en enemigos existenciales, el desacuerdo puede transformarse en una justificación de la exclusión”
— ¿Y si algunos ciudadanos aceptan las mentiras porque consideran más importantes otras cosas?
— En mi libro analizo la circulación de una cita inventada atribuida a Donald Trump. Lo que queda claro es que las personas interactúan con ese material de maneras muy diferentes. Algunas lo aceptan literalmente; otras reconocen que es falso, pero lo consideran retóricamente verosímil; otras lo utilizan con humor, como forma de identificación política o simplemente para participar en una conversación. La cuestión no es que la exactitud factual carezca de importancia. Es que los usos sociales y políticos de la comunicación no pueden reducirse a la creencia en determinados hechos.
Lo mismo sucede con los seguidores de los dirigentes políticos. Una persona puede reconocer la exageración, la contradicción o incluso el engaño y continuar apoyando a un político por los beneficios que atribuye a sus políticas, por identificación simbólica, por resentimiento hacia sus adversarios o por otros compromisos políticos. No deberíamos confundir esto con la simple credulidad, pero tampoco deberíamos suponer automáticamente que existe una complicidad consciente.
— ¿Se ha convertido la resistencia política en un sustituto de la rendición de cuentas?
— En algunos casos, sin duda, pero creo que resulta más productivo entenderlo como un repertorio de estrategias de comunicación política.
Un escándalo no tiene necesariamente que recibir una respuesta en sus propios términos factuales o éticos. Puede reinterpretarse como persecución, conspiración institucional, combate ideológico o prueba de la disposición del dirigente a enfrentarse a enemigos poderosos. Se produce así una transformación retórica de la situación. La pregunta deja de ser “¿Ha hecho algo malo esta persona?” y pasa a ser “¿De qué lado estás?”.
La supervivencia del dirigente se convierte en una representación de legitimidad, incluso cuando las acusaciones originales siguen sin respuesta. El problema democrático es la sustitución de la rendición de cuentas por un espectáculo de antagonismo. Sobrevivir a un escándalo no equivale a responder por los propios actos.
“La razón y la retórica no son enemigas. En la política democrática están necesariamente entrelazadas”
— ¿La indulgencia con la corrupción de “los nuestros” es hipocresía o revela algo más profundo?
— La hipocresía es un vicio humano y forma parte de la explicación, pero la comunicación política construye con frecuencia una oposición entre un “nosotros” colectivo virtuoso y un “ellos” corrupto o amenazante. Dentro de ese relato, las malas acciones de los adversarios confirman su carácter esencial, mientras que comportamientos comparables de los aliados se consideran una excepción, un malentendido o un ataque de instituciones hostiles. Esto no supone necesariamente un cálculo consciente por parte de cada seguidor. Es útil distinguir entre una tendencia humana general hacia el juicio selectivo y una comunicación política que explota deliberadamente esa tendencia.
— ¿Qué sucede cuando tratamos como enemigos a quienes piensan de manera diferente?
— La democracia exige la posibilidad de un desacuerdo apasionado, incluso fundamental. Los ciudadanos no tienen por qué considerar que las posiciones políticas de los demás son igualmente razonables o moralmente aceptables, pero la política democrática depende de mantener instituciones y prácticas que permitan a los adversarios enfrentarse sin negarse mutuamente su derecho a participar.
Cuando los adversarios se convierten en enemigos existenciales, el desacuerdo puede transformarse en una justificación de la exclusión, la represión o la suspensión de las limitaciones democráticas ordinarias. Es ahí donde el antagonismo político puede adquirir orientaciones claramente fascistas. Como sostiene Jack Bratich en su trabajo sobre el “microfascismo”, no deberíamos buscar esas tendencias únicamente en movimientos organizados o Estados autoritarios. También pueden desarrollarse mediante prácticas culturales cotidianas que normalizan la deshumanización y el deseo de excluir o eliminar a grupos enteros de la vida política y social.
Algunas luchas políticas afectan a injusticias fundamentales y una confrontación enérgica puede estar plenamente justificada. Desde mi perspectiva, la respuesta no es menos política, sino una política más genuinamente democrática: instituciones públicas y prácticas comunicativas que hagan posible un desacuerdo con consecuencias reales sin reducirlo a una enemistad permanente.
— ¿Ha dado el entorno comunicativo un poder desproporcionado al miedo, la indignación y el resentimiento?
— Los entornos digitales contemporáneos proporcionan, sin duda, mecanismos poderosos para difundir y amplificar contenidos políticos con una fuerte carga emocional, pero conviene recordar que el juicio político siempre ha implicado emoción, identificación, valores e imaginación. La cuestión más importante es cómo se movilizan determinadas emociones, a través de qué formas comunicativas y en beneficio de quién.
La indignación no es intrínsecamente antidemocrática. Ante una injusticia, por ejemplo, puede impulsar la participación democrática y el cambio social. El miedo también puede estar justificado cuando los ciudadanos se enfrentan a amenazas reales.
También debemos considerar cómo el diseño de las plataformas y la comunicación política profesional pueden privilegiar reiteradamente determinadas expresiones emocionales frente a otras.
— ¿Puede tener éxito un político que apele a la razón, la moderación y el compromiso?
— Por supuesto, pero cuestionaría qué significa apelar principalmente a la razón. Incluso el argumento político más riguroso depende de la retórica: el lenguaje, el relato, la credibilidad, el tono y la comprensión del público al que se dirige.
La moderación tampoco es necesariamente una virtud democrática en todas las circunstancias. El compromiso puede ser valioso, pero también puede preservar situaciones injustas u ocultar desacuerdos políticos fundamentales.
Uno de los problemas de la comunicación política contemporánea es que las técnicas profesionales de marketing sustituyen con frecuencia la participación política por la gestión de las percepciones públicas. La alternativa no es un lenguaje tecnocrático, frío y carente de vida, compuesto únicamente de datos. Es una forma más exigente de persuasión democrática que combine pruebas, compromisos éticos, competencia retórica y disposición a confrontar los argumentos contrarios.
La razón y la retórica no son enemigas. En la política democrática están necesariamente entrelazadas.
— ¿Gobernar se ha convertido en una campaña electoral permanente de autodefensa?
— Lo que los investigadores han denominado campaña permanente es una parte fundamental del entorno político contemporáneo, aunque sus orígenes son anteriores a las redes sociales en muchas décadas.
Las políticas no se evalúan únicamente por sus consecuencias prácticas, sino también por sus efectos sobre los índices de aprobación, la marca política y el posicionamiento electoral.
No deberíamos imaginar que el engaño organizado se produce únicamente mediante campañas clandestinas de desinformación o actores políticos ilegítimos. También puede estar integrado en la comunicación política ordinaria, legal y altamente profesionalizada.
El resultado puede ser una forma de gobernar en la que mantener el apoyo político y controlar las percepciones públicas se convierten en actividades permanentes, desplazando en ocasiones el trabajo más difícil de la representación, la justificación pública de las decisiones y la rendición de cuentas.
— ¿Se ha convertido la comunicación política en una competición por conquistar la atención más que por establecer qué es verdad?
— La comunicación política siempre ha implicado una competencia por la atención. Un argumento que nadie escucha tiene poco efecto político. Lo que ha cambiado es la organización de esa competencia y el extraordinario poder de las plataformas comerciales para estructurar la visibilidad pública. A través de los sistemas de recomendación, el diseño de las interfaces, el orden en que se presentan los contenidos, la repetición y la amplificación, contribuyen a determinar qué se vuelve perceptible, qué permanece y qué desaparece rápidamente.
Una acusación falsa puede tener éxito al atraer la atención, generar controversia, reforzar relatos existentes o simplemente crear incertidumbre. Sus efectos políticos no dependen necesariamente de que todo el mundo la crea, pero tampoco opondría de manera absoluta la atención y la verdad. Las afirmaciones verdaderas también necesitan publicidad y atención para tener consecuencias políticas.
La cuestión democrática es quién tiene el poder de organizar la atención colectiva, mediante qué mecanismos y con qué posibilidades de escrutinio y cuestionamiento.
“Los hechos no se imponen simplemente por ser hechos; su aceptación pública también depende del testimonio, las instituciones, la credibilidad y la interpretación”
— ¿Pueden imponerse los hechos si se desconfía de las instituciones que los verifican?
— Los hechos no se imponen simplemente por ser hechos. Una afirmación factual necesita pruebas, pero su aceptación pública también depende del testimonio, las instituciones, la credibilidad y la interpretación.
La verificación de hechos es importante y no la desprecio, pero el fact-checking por sí solo no puede superar unas condiciones políticas en las que los periodistas, las autoridades científicas u otras instituciones han sido desacreditados.
La credibilidad debe ganarse y mantenerse continuamente. Eso exige algo más que corregir falsedades individuales. Implica un periodismo bien financiado, educación cívica, rendición de cuentas pública, oportunidades de participación y atención a las enormes desigualdades de poder comunicativo entre los ciudadanos corrientes y los actores políticos organizados.
— ¿Ha contribuido el propio periodismo a crear las condiciones de la posverdad?
— El periodismo desempeña un papel indispensable al establecer hechos públicamente aceptados, investigar los abusos de poder y exigir responsabilidades a las instituciones políticas, pero debemos distinguir esas funciones democráticas de las estructuras comerciales y profesionales a través de las cuales se practica el periodismo.
Las organizaciones periodísticas pueden amplificar afirmaciones políticamente estratégicas precisamente porque son provocadoras o tienen valor noticioso, incluso cuando los periodistas intentan corregirlas después, pero las responsabilidades democráticas del periodismo van más allá de la verificación: incluyen la explicación, la educación del público y la creación de oportunidades para defender posiciones y debatir.
Mi crítica a lo que denomino infocentrismo resulta relevante aquí. El periodismo no puede entenderse simplemente como la transmisión de información precisa a ciudadanos que después forman opiniones políticas correctas. El periodismo es, en sí mismo, una práctica retórica e institucional. Selecciona, compone, narra, visualiza e interpreta las realidades políticas.
— ¿Qué necesitamos para reconstruir la confianza y la rendición de cuentas?
— La democracia necesita mucho más que votantes bien informados. Requiere oportunidades reales para que los ciudadanos participen en la identificación de problemas colectivos, cuestionen las decisiones políticas, formulen argumentos e influyan en las instituciones que gobiernan sus vidas. Muchos ciudadanos creen que sus representantes electos no los escuchan ni se preocupan por lo que piensan.
Necesitamos reformas institucionales que fortalezcan la rendición de cuentas política, la participación significativa y la independencia y la capacidad de servicio público del periodismo.
También debemos afrontar la organización político-económica de la comunicación contemporánea, incluidos los incentivos comerciales de las plataformas, el marketing político basado en la recopilación de datos personales y los enormes recursos persuasivos de los que disponen los actores políticos y empresariales poderosos.
Los ciudadanos necesitan comprender cómo funcionan los relatos, las imágenes, los géneros, las emociones y las representaciones de credibilidad. También necesitan oportunidades para desarrollar sus propias capacidades de argumentación, réplica, investigación colectiva y acción política.
Christopher Lasch formuló un argumento provocador: lo que más necesita la democracia no es información en abstracto, sino un debate público vigoroso, a través del cual los ciudadanos descubren qué información importa y por qué. No reconstruimos la confianza democrática eliminando el desacuerdo, sino creando condiciones más equitativas y responsables en las que ese desacuerdo pueda resultar políticamente productivo.
— ¿Es optimista respecto a la capacidad de las democracias occidentales para conseguirlo?
— Tengo una esperanza prudente, pero no creo que el optimismo esté justificado simplemente porque las instituciones democráticas hayan sobrevivido a crisis anteriores.
Debemos resistir contra dos tendencias igualmente improductivas: la nostalgia de un pasado imaginario de democracia consensual y basada en la verdad, y el fatalismo ante un supuesto descenso inevitable hacia el autoritarismo o el engaño universal.
Las democracias occidentales siempre han estado marcadas por exclusiones, desigualdades, propaganda y luchas por la representación política. Sus historias son también las de movimientos que desafiaron esas situaciones y ampliaron los derechos democráticos y la participación.
Durante décadas, los ciudadanos han vivido inmersos en una cultura pública saturada de publicidad, marketing, construcción de marcas y relaciones públicas. Estas industrias de la persuasión no operan principalmente mediante una argumentación sostenida y basada en hechos. Funcionan a través de asociaciones, imágenes, atmósferas, identificación emocional y lo que hoy podríamos llamar sensaciones, impresiones o vibes.
Esto no significa que sean necesariamente engañosas, pero sí contribuyen a configurar las expectativas de las personas sobre la credibilidad, la autenticidad e incluso sobre aquello que parece real o verosímil.
Soy especialmente escéptico respecto a que las soluciones tecnológicas –ya sea la detección mediante inteligencia artificial, la moderación de plataformas o la verificación de hechos cada vez más sofisticada– puedan resolver por sí solas estos problemas. Los desafíos son también políticos e institucionales y afectan a la concentración del poder comunicativo y a las condiciones en las que los ciudadanos pueden participar de manera significativa en la vida democrática.
Nuestra tarea no consiste simplemente en defender la verdad frente a las mentiras, por importante que eso sea. Consiste en fortalecer las instituciones, las relaciones y las prácticas comunicativas mediante las cuales las personas pueden participar en la construcción y reconstrucción de su mundo político compartido.
Esa posibilidad sigue abierta, pero hacerla realidad exigirá imaginación política y cambios institucionales, no solamente mejor información.
