Ashiya. La Dieta japonesa aprobó el pasado 29 de octubre una nueva legislación antiterrorista que permitirá enviar tropas a zonas de conflicto armado, fuera de Japón, por primera vez desde la segunda guerra mundial. La medida se refiere a las Fuerzas de Auto-Defensa (FAD): Japón no cuenta con ejército propiamente dicho, pues su Constitución pacifista de 1947 no lo permite. El artículo 9 prohíbe el recurso a la fuerza, de modo que las tropas japonesas están solo para defender el país de una agresión externa. Con esa salvedad, las FAD, con 240.000 hombres y un presupuesto comparable al de los ejércitos franceses, hacen de Japón la séptima potencia militar del mundo.
La nueva ley, propuesta el 5 de octubre, en respuesta a los devastadores ataques en Nueva York y Washington, se ha movido de prisa por las cámaras de la Dieta, en marcado contraste con la velocidad de glaciar a que acostumbran resolver los asuntos los parlamentarios japoneses.
A partir de ahora, las FAD podrán proporcionar ayuda logística a las fuerzas norteamericanas en su lucha contra el terrorismo, en este caso concreto el ataque al régimen de los talibán y la búsqueda de Osama Bin Laden.
Con esta nueva ley -que expirará dentro de dos años, pero podrá ser prorrogada si las circunstancias lo aconsejan-, el gobierno elaborará un plan que especificará el despliegue de tropas y el tipo de actividades que deban llevar a cabo. Por el momento se propone el envío de barcos nodriza para reabastecer de combustible a la flota norteamericana, el transporte de munición (solo por vía marítima) y servicios médicos en hospitales de campaña.
Una ley de 1999 permitía ya a las FAD facilitar apoyo logístico para «emergencias militares en zonas alrededor de Japón», pero la nueva medida antiterrorista extiende el ámbito de este tipo de actividades a todo el mundo, con la autorización de la nación o territorio afectado.
En principio, las tropas japonesas no pueden intervenir en zonas directamente afectadas por conflictos bélicos, ni participar directamente en combates. Pero la nueva ley les permitirá realizar operaciones de búsqueda y rescate de pilotos y otro personal militar, así como prestar auxilio a refugiados. Una de las innovaciones más discutidas es que se les permitirá el uso de armas, no solo para la defensa personal (como hasta ahora), sino también para la defensa de las personas a su cargo, ya sean militares heridos o refugiados civiles.
Para contar en la escena internacional
Esta nueva ley, y la relativa rapidez con que se ha aprobado, se puede atribuir como éxito personal al popular y expeditivo primer ministro Junichiro Koizumi, quien prometió desde el primer momento al presidente Bush todo tipo de ayuda que le permitiera la Constitución. A este respecto ha dicho: «Esto completa los planes para que Japón pueda cooperar con los Estados Unidos y con la comunidad internacional, por propia iniciativa. El quid de la legislación era si consideramos los ataques terroristas del 11 de septiembre como una cosa también nuestra o no».
Hay que tener en cuenta que Japón es parte interesada: 24 ciudadanos japoneses murieron en los ataques terroristas de Nueva York o están en las listas de desaparecidos. El pueblo japonés comparte los sentimientos expresados por el primer ministro, y reconoce que los actos de terrorismo no pueden ser justificados bajo ningún concepto. No son pocos, sin embargo, los que se oponen al uso de la fuerza para combatirlos.
Las cartas al director son un buen muestrario de las distintas reacciones. En general reflejan el profundo impacto causado por los actos de terrorismo, al tiempo que expresan el deseo -en ocasiones ingenuo- de evitar las represalias a toda costa. Los argumentos en contra de la ley están basados en una interpretación estricta del ideal constitucional de «país pacifista», según la cual Japón puede mantenerse en paz evitando toda participación en hostilidades en otros países.
Son muchos los comentarios de periodistas e intelectuales acerca de este punto. Makoto Kito, redactor de The Daily Yomiuri (filial del diario Yomiuri, el de mayor tirada en lengua vernácula), escribe: «Como vivimos en una comunidad insular, en nuestra rutina diaria nos ciega la creencia optimista de que estaremos seguros mientas nos mantengamos alejados de lugares peligrosos, y de que nunca seremos atacados si no provocamos a nadie. (…) Sin embargo, los ataques terroristas del pasado 11 de septiembre en los Estados Unidos prueban claramente que este tipo de razonamiento no es aceptable en la sociedad global. Ha llegado el momento de romper con la idea del pacifismo a toda costa y de la ingenua creencia de que Japón no está afectado por el terrorismo».
Shigeki Hakamada, profesor de Aoyama Gakuin University, comentando la reacción comparativamente apática y hasta cierto punto displicente del pueblo japonés, escribe en el periódico The Japan Times (29-X-2001): «Los japoneses necesitan desarrollar una gestión de crisis más contundente si quieren evitar el aislamiento por parte de otras naciones y compartir más a fondo la responsabilidad internacional».
Los editoriales de los periódicos coinciden en que Japón no puede permanecer inactivo en la escena internacional, pero a la vez revelan notable reticencia a participar en esfuerzos bélicos. En la memoria colectiva pesa aún el pasado imperialista y la desconfianza que la perspectiva de intervenciones de Japón sigue suscitando entre sus vecinos, China y Corea. Pero tras la nueva ley será difícil dar marcha atrás.
Antonio Mélich