Ha pasado más de un cuarto de siglo desde los Acuerdos de Viernes Santo (10 de abril de 1998), que marcaron el camino para un autogobierno compartido entre las comunidades católica y protestante en el Ulster. Los Acuerdos pretendían cerrar el llamado período de “los disturbios” (1968-1998), que ocasionaron más de 3.500 víctimas de la violencia sectaria entre católicos y protestantes. Ahora, la ministra principal del Gobierno del Ulster es Michelle O’Neill, vicepresidenta del Sinn Féin, el brazo político del IRA. A la vez, ha comenzado la aplicación de la reciente Ley de Reconciliación promulgada por Londres.
El Sinn Féin fue el partido más votado en las elecciones de 2022, pero no ha podido encabezar hasta ahora el Gobierno por el bloqueo del DUP (Partido Unionista Demócrata), que representa a los protestantes.
El fin del bloqueo político
En la actitud de bloqueo, que podría haber llevado a una repetición de elecciones con escasas perspectivas de modificar la composición de la Asamblea del Ulster, influyó, sin duda, la resistencia del DUP a formar parte de un Gobierno presidido por un miembro del Sinn Féin, aunque la causa primordial estaba relacionada con el Brexit. El DUP no podía aceptar un estatus diferente del resto del Reino Unido en las relaciones con la UE, pues los unionistas hicieron en su momento campaña a favor del Brexit, convirtiéndolo así en ejemplo de su vinculación con Gran Bretaña, en contraste con las posturas europeístas del electorado católico. Les infundía temor que el Ulster quedara bajo la órbita regulatoria comunitaria, lo que podía equipararles a la República de Irlanda, a la que no quieren pertenecer.
De ahí que el DUP buscara un acuerdo con el Gobierno conservador de Londres para poner fin al estancamiento político. El acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de que cualquier nueva normativa de la UE no se aplique necesariamente de forma automática en el Ulster y crea un nuevo órgano para promover el papel del territorio en el mercado interno del Reino Unido, además de prohibir expresamente que el Ulster sea excluido de los beneficios de cualquier tratado internacional firmado por Londres. A esto se añadirían los 3.300 millones de libras en subvenciones que aportaría el Gobierno británico. Por lo demás, Bruselas no parece que vaya a oponerse a este acuerdo, que, según el DUP, ha servido para “eliminar la frontera del mar de Irlanda”.
Se podría decir que el DUP ha optado por el “realismo” para permitir la gobernabilidad del Ulster, y esto también ha sido posible por la retirada de Jeffrey Donaldson, líder del partido, a su escaño en el Parlamento británico, lo que ha llevado a la abogada Emma Little-Pengelly a asumir el cargo de viceministra principal, al tiempo que la presidencia de la Asamblea recaía en Edwin Poots, un antiguo líder del DUP. Tanto el acuerdo con Londres como estos nombramientos han sido una forma de minimizar la humillación que supone para muchos unionistas tener un gobierno presidido por una representante del Sinn Féin, cuya presidenta, Mary Lou McDonald, no se ha privado de afirmar en Dublín que la reunificación de la isla está “al alcance de la mano”.
El objetivo de la reunificación
Pese a todo, la nueva ministra principal, Michelle O’Neill, ha evitado una actitud triunfalista y se ha mostrado conciliadora. En su primer discurso oficial, se ha centrado en las cuestiones económicas y sociales que preocupan a la gente. Lo cierto es que está al frente de una entidad política que ella desearía que no existiera, sino que fuera una parte de la República de Irlanda. Su éxito electoral no significa que la mayoría de sus votantes se identifiquen con el que fuera el brazo político del IRA; este ascenso obedece, más bien, al retroceso del Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP), un partido nacionalista de centro izquierda, que en su día condenó la violencia del IRA, a diferencia del Sinn Féin. Pasada esa época, el electorado nacionalista de izquierda parece preferir un nacionalismo más “contundente”, un original a una fotocopia: es un fenómeno extensible a otros países en los que el socialismo local es cuestionado desde la izquierda nacionalista, pese a que los socialistas hayan asumidos posturas identitarias.
Aunque el Sinn Féin cuenta con el apoyo del 40% del electorado, empatado con los unionistas, los partidarios de la unión con la República de Irlanda son el 30%
Cabe preguntarse si en las elecciones, previstas para marzo de 2025 en la República de Irlanda, el Sinn Féin crecerá más aún a costa del SDLP, y tentará a uno de los partidos dominantes en la política irlandesa, el Fianna Fáil, que podría definirse como de centro izquierda, a formar una coalición de gobierno, teniendo en cuenta que encuestas recientes sitúan las preferencias del electorado en un 31% para Sinn Féin y un 18% para Fianna Fáil. Este último partido, lógicamente, se resiste a formar una coalición que podría llevar al antiguo brazo político del IRA a la cabeza del Gobierno. Si, pese a todo, se diera esa circunstancia, no cabe duda de que volvería a hablarse de un referéndum para la reunificación de la isla.
Las dos dirigentes del Sinn Féin, Mary Lou McDonald y Michelle O’Neill, se muestran de acuerdo en que el referéndum tendrá lugar en la década de 2030, aunque Londres, conforme a los Acuerdos del Viernes Santo, tendrá la última palabra para organizarlo, y lo hará siempre y cuando el secretario de Estado para Irlanda del Norte considere que existe una probabilidad razonable de que la mayoría de la población del Ulster quiera unirse a la República de Irlanda.
Pese a los cambios demográficos, en recientes encuestas los unionistas representan un 40% del electorado, y los nacionalistas tienen un idéntico porcentaje, mientras que el 20% restante correspondería al resto de los partidos. Sin embargo, estos porcentajes no se aplicarían directamente a los partidarios y a los contrarios a la reunificación. En una encuesta de The Irish Times, los partidarios de la unión con la República de Irlanda solo alcanzan un 30%. Los Acuerdos del Viernes Santo señalan, además, que el electorado de la República de Irlanda tiene que participar en el referéndum, pero está por ver si su voto sería emocional o atendería consideraciones más racionales por el coste económico de la reunificación, que alguno compara con la de las dos Alemanias en 1990.
La Ley de Reconciliación, aprobada por el Parlamento británico, tiene la oposición de los partidos norirlandeses y del Gobierno de Dublín
El Sinn Féin debería actuar con un cierto pragmatismo, y aceptar plenamente que gobierna en Irlanda del Norte, y no en el norte de Irlanda. Se quiera o no, el Ulster es una entidad política autónoma, y sus ciudadanos esperan mejoras en la economía, las infraestructuras o los servicios públicos. Si no notan progresos en su realidad cotidiana, el sentido de los votos de muchos ciudadanos puede cambiar, aunque el Sinn Féin sea uno de esos partidos que cuentan con un electorado incondicional.
Una polémica ley de reconciliación
Un gobierno encabezado por el Sinn Féin en el Ulster no puede hacer olvidar que la reconciliación no se ha producido todavía en la sociedad norirlandesa, tal y como demuestra la Northern Ireland Troubles (Legacy and Reconciliation) Act de 18 de septiembre de 2023, aprobada por el Parlamento británico únicamente con los votos de la mayoría conservadora, y que fue una iniciativa del ex primer ministro Boris Johnson. En ella se establece una Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información, encargada de ayudar a descubrir a las familias cómo sus miembros fueron muertos o heridos. Siguiendo el modelo de la Comisión de la Verdad sudafricana, los responsables de los delitos pueden obtener inmunidad de la Comisión a cambio de una información veraz sobre los hechos.
Sin embargo, la ley ha sido rechazada por la oposición laborista y los partidos norirlandeses, y también por el Gobierno de Dublín, que ha presentado una demanda el 19 de enero de 2024 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que algunas disposiciones de esta ley son incompatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues garantizan la inmunidad a autores de actos de violencia. Según el Gobierno irlandés, la norma viola los artículos que protegen el derecho a la vida y prohíben la tortura y los malos tratos.
Además, la ley suscita controversia porque la Comisión tiene potestad para filtrar y prohibir, en nombre de la reconciliación, las investigaciones policiales y judiciales que puedan llevarse a cabo, por lo que, tal y como se señala en la demanda de Irlanda, las víctimas quedarían marginadas y privadas del acceso a la verdad.
Esta ley, que supone una amnistía condicionada, seguirá vigente, pero sus perjuicios parecen superar a sus beneficios, sobre todo por el hecho de no contar con el consenso de todas las partes afectadas, algo indispensable para una verdadera reconciliación, que no puede ser favorecida por una ley que solo obedezca a intereses políticos. La futura sentencia del Tribunal de Estrasburgo difícilmente redundará en el prestigio de la norma.