Tras los atentados del 11 de septiembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó por amplia mayoría la ley Antiterrorista, conocida como ley Patriótica. La ley contempla algunos recortes a los derechos civiles de los ciudadanos. Un año después de los atentados, ya hay algunas sentencias que revisan la constitucionalidad de la ley.
El reforzamiento de los poderes del Ejecutivo no es raro en la tradición política estadounidense. Pero esta vez, lo primero que ha sufrido merma ha sido el ámbito de vida privada y autodeterminación que protege la Cuarta Enmienda. De ahí que las asociaciones de derechos civiles hayan denunciado la disminución del control judicial o del Congreso sobre las intervenciones de las agencias de seguridad e inteligencia para obtener información. También se han dado casos de sustracción de delincuentes a la justicia común y limitación de la publicidad de los procesos. El caso más conocido es el de los prisioneros de Guantánamo, cuyo status jurídico aún no está definido.
Junto con esto, Bush ha concentrado en el Ejecutivo el poder para determinar quién es un «combatiente enemigo» -aunque no forme parte de ningún ejército, ni se libre ninguna batalla- de modo que pueda ser juzgado en los tribunales militares y secretos creados por la ley Patriótica. Una vez detenidos, no cabe ningún recurso y la sentencia del tribunal militar será inapelable. Entre los detenidos por este sistema están dos ciudadanos estadounidenses: Yasser Esam Hamdi, de origen saudí, y José Padilla, puertorriqueño convertido al Islam.
No obstante la ley, el caso de Hamdi ha sido revisado por el juez de distrito de Virginia en un recurso de habeas corpus. El juez ordenó que se facilitara al detenido la asistencia de un abogado y declaró que no se le podía retener si no existían cargos. El tribunal de apelaciones solo confirmó el derecho a un abogado, reafirmando la jurisdicción de los tribunales militares. Según el Ministerio de Justicia, al tratarse de una decisión inherentemente militar, tan sólo el Ejecutivo tiene competencia en la materia, según las disposiciones de la Constitución.
Otro frente de batalla es el de los sospechosos de colaborar con el terrorismo. Desde el 11 de septiembre, han sido detenidas más de 1.200 personas procedentes de países musulmanes; en muchos casos, en secreto, sin respeto para el habeas corpus, sin asistencia de abogados o sin estar acusados de ningún delito, con el simple objetivo de obtener información. Las deportaciones de inmigrantes también se han realizado en secreto, por decisión del Ministerio de Justicia, ya que se trataba de procedimientos de «interés nacional». Tanto las asociaciones de derechos civiles como la prensa han reclamado el derecho a la información y a la publicidad de los procesos.
Después de cinco sentencias por jueces de distrito en torno a las libertades civiles y derechos procesales, el caso Detroit News Inc. et al. v. Ashcroft et al. -sentenciado a finales de agosto por el Tribunal de Apelaciones de Cincinnati- ha supuesto el primer revés judicial serio a la política de Bush. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles ante el tribunal de apelaciones, declaró que la sentencia «deja claro que las órdenes de detención en blanco son inconstitucionales y que el gobierno no puede declarar unilateralmente que toda una categoría de casos serán procesados a puerta cerrada sin ningún control público». Según el Tribunal, «la única protección contra este poder gubernamental extraordinario es la publicidad». Negarla es «antidemocrático» y está «en completa oposición a la sociedad que desearon los creadores de nuestra Constitución».
Es posible que el fiscal general recurra al Tribunal Supremo. Algunos tienen la esperanza de que la decisión devuelva la transparencia al ejercicio del gobierno. Mientras tanto, solo el 11% de los ciudadanos considera que la Administración ha ido demasiado lejos; el 25% piensa que debe ser más contundente (International Herald Tribune, 3-IX-2002).