Con maniobras económicas y judiciales, los gobiernos de Kirchner y de Chávez quieren acallar a la prensa que les critica.

Montevideo. El avance de algunos gobiernos latinoamericanos sobre los medios de comunicación privados se produce a pasos agigantados. Es el caso de Ecuador, Bolivia o Nicaragua, pero muy especialmente la situación se agrava en Argentina y Venezuela. En el primero, en el contexto de una guerra de los Kirchner contra el Grupo Clarín, un poderoso conglomerado de medios, y en el segundo, con la marcha de la revolución bolivariana emprendida por el inefable Hugo Chávez. En lo que muchos analistas han tildado como la ofensiva más importante contra los medios en la historia del país, el gobierno argentino llevará ante la Justicia tanto al Grupo Clarín como al diario La Nación por la compra de la compañía Papel Prensa, proveedora del 75% del papel para prensa en Argentina. La presidenta Cristina Fernández entiende que la operación, realizada en noviembre de 1976 ya con la dictadura militar en marcha, se realizó bajo presión del propio gobierno de facto hacia los dueños de entonces, la familia Graiver. La denuncia es por “apropiación ilegal” en un trámite lleno de “irregularidades”. El conflicto entre las partes, que se agudizó tras la derrota oficialista en las elecciones legislativas de junio de 2009, quedó abierto en varios frentes: en los tribunales, en la arena política, el fútbol, los medios y los mercados. La primera gran embestida de los Kirchner hacia Clarín se dio en el mundo del apasionado fútbol argentino. El Estado se quedó con los derechos televisivos de los partidos de primera división tras forzar la rescisión del contrato que el Grupo Clarín mantenía con la Asociación del Fútbol Argentino. Ya se disputó una temporada con los encuentros transmitidos por TV abierta y con publicidad exclusiva del Estado. Por entonces, agosto-septiembre del año pasado, los Kirchner fueron a más y largaron la famosa ley de medios. Entendida por muchos como una manera de democratización de los medios y una forma de terminar con los monopolios, el debate quedó envuelto en la lucha entre el gobierno y el Grupo Clarín. Por esta ley, que aún debe esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia, el conglomerado perderá algunas áreas de negocio. Para enrarecer aún más la situación, la redacción del diario Clarín recibió en un mismo día y en plena discusión de la ley de medios a un centenar de agentes tributarios. Junto a la polémica por Papel Prensa, vinculada a los derechos humanos y la última dictadura, existe una investigación sobre supuesta apropiación ilegal de los hijos adoptivos de la principal accionista del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Se pretende conocer si los jóvenes eran bebés de desaparecidos durante el gobierno de facto. Los muchachos se han realizado exámenes que rechazan esta tesis; pero, al parecer, no ha sido suficiente para las huestes kirchneristas. La última jugada oficialista, previa a la presentación del informe de Papel Prensa, se produjo también en agosto, cuando el gobierno retiró la licencia a Fibertel, la empresa del Grupo Clarín que presta servicios de internet. La cuestión es que, según el oficialismo, la regulación de Fibertel -hoy con un millón de abonados- nunca fue aceptada por el gobierno. Por ende, operó ilegalmente. Venezuela, siempre Venezuela Del país de la llamada revolución bolivariana y socialismo del siglo XXI siempre hay algo para decir. En un país que vive una ola de violencia y crímenes (cfr. Aceprensa 27-08-2010), el gobierno del presidente Hugo Chávez, que lleva 11 años en el poder, ha renovado su ofensiva contra los medios de comunicación. Esta vez, justamente, prohibiendo la divulgación de imágenes y noticias sobre hechos violentos. Al comandante no le cayó en gracia la portada del diario El Nacional de Caracas del 13 de agosto, en la que una gran foto mostraba varios cadáveres desparramados en una morgue de la capital venezolana. Chávez no quiere sorpresas en las elecciones legislativas del 26 de septiembre, donde la oposición llegará un poco menos dividida que de ordinario. Esta ha sido la primera medida dura y directa hacia los medios escritos. Los blancos favoritos han sido, especialmente desde el golpe de Estado de abril de 2002 -que sacó a Chávez del poder por 48 horas-, los medios televisivos y radiofónicos. Este año, el gobierno bolivariano le bajó la persiana a seis canales de cable. Las protestas por esta decisión gubernamental, convocadas en febrero pasado, degeneraron en enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, con el resultado de dos estudiantes universitarios muertos. Ya en agosto de 2009, se quitó del aire a 34 emisoras de radio y televisión porque, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), no actualizaron sus datos en tiempo y forma. Esta temporada Chávez cerró el cerco a Globovisión, el único canal opositor a nivel nacional que aún escapa totalmente de las manos chavistas. Parece que tendrá el mismo desenlace que Radio Caracas Televisión, canal opositor al que Chávez no le renovó la concesión en 2007, acusado de “golpista”. Por mucho tiempo, Globovisión, que el año pasado sufrió un ataque a su sede en Caracas y que tiene varios procesos abiertos, ha sido acusada por el presidente de hacer “terrorismo mediático”. En julio pasado, en una de sus tantas cadenas de televisión y radio, Chávez anunció que controlará el 48,5% de las acciones de Globovisión y que por esto tiene derecho a nombrar un representante del Estado en la junta directiva de la emisora. En su estilo coloquial, el líder bolivariano explicó, sonriente, sus cuentas matemáticas. Dijo que Nelson Mezerhane, presidente del Banco Federal intervenido en junio tiene, vía esta entidad, “un 20% de las acciones de Globovisión” y, vía otra empresa, otro 5,8%. Y “hay otro 20% de las acciones de Globovisión que están en el aire”, las de Luis Teófilo Núñez, uno de los fundadores de la emisora que falleció hace tres años. Eso ahora “pasa al Estado”, dijo Chávez. “Sumado las dos eso da el 48,5%, compadre. Nadie podrá decir que estamos expropiando el canal”, añadió. Mezerhane y Guillermo Zuloaga, los dos mayores accionistas de Globovisión, huyeron a Estados Unidos en junio donde, seguramente, se quedarán por un buen tiempo. La Fiscalía ordenó el arresto de los dos hombres de negocios por presuntos delitos económicos. Ambos señalan que todo forma parte de una maniobra de Chávez para quedarse con el canal. Por si fuera poco, el comandante, en el mismo mensaje sobre las acciones del canal opositor, amenazó con revocar la concesión de Vale TV, entregada a la Iglesia católica de Venezuela antes de la llegada del chavismo. Según el presidente, la televisora debe “regresar al pueblo” porque la entrega de la concesión se realizó en términos poco claros. Chávez mantiene un abierto enfrentamiento con la jerarquía católica, especialmente con el cardenal Jorge Urosa. Es lo que suele suceder, opinar diferente al mandatario bolivariano pasa factura.

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