Testimonios de nicaragüenses ilustran las restricciones a las libertades impuestas en los últimos meses.

Protestas en Managua en 2018 Ciudad de Guatemala.— Felipe vive en Managua. Pero Felipe no se atreve a decir su nombre real, pues sabe que si las autoridades de Nicaragua se enteran de que ha expresado alguna crítica al gobierno, es probable que pierda su puesto de trabajo e incluso que le echen del país. Sin embargo, Felipe, como muchos otros nicaragüenses, quiere hablar. “Han montado estas leyes –dice Felipe– para vigilar a los ciudadanos. Para ellos, la ‘verdad’ es lo que dice lo oficial, lo que el gobierno diga, aunque haya pruebas en contra”. Este es el ambiente que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ha intentado implementar a través del control de jueces y magistrados, un sistema de vigilancia de las redes sociales y ahora distintas leyes que restringen la libertad de expresión. Específicamente, se trata de la la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua por “delitos de odio”. La “verdad” es lo oficial Después de las marchas y manifestaciones de 2018, la fuerte represión policial y la cruda acción del gobierno para impedir las críticas, muchos ciudadanos tuvieron miedo y las protestas masivas se detuvieron. El gobierno de Ortega justificó sus acciones tildando los sucesos de acciones contra el bien del pueblo y coincide, según Felipe, con la lógica del partido expresada por el “comandante” sandinista Tomás Borges hace años, a la cadena venezolana Telesur: “‘Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder”. Hoy en día, esto se palpa en la postura del frente Ortega-Murillo. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es una de las armas que el Frente Sandinista ha ideado para limitar la cooperación internacional y restringir la libertad de expresión. Según esta ley, toda persona u organización que recibe fondos del exterior debe registrarse en el Ministerio del Interior y someterse a un control financiero, bajo el pretexto de impedir injerencia extranjera. En realidad, el objetivo de esta ley es limitar la participación política y la influencia de organizaciones o asociaciones que reciben financiación internacional para proyectos de desarrollo. Felipe relata el caso de Cáritas, a la que han retenido en la aduana los furgones de ayuda social durante meses y meses, incluso permitiendo que los alimentos se echaran a perder, o el conocido caso del diario La Prensa, al que se retuvo papel por más de 500 días. La ambigüedad legal como herramienta de control Álvaro Navarro, director del medio Artículo 66, describe las argucias del gobierno como los últimos intentos de atizar lo que lleva haciendo más de una década: el control de las voces críticas. “Estas leyes son como la cereza encima del pastel: han robado, han secuestrado medios de comunicación, han encarcelado a periodistas, han obligado al exilio mediante amenazas, han robado equipos, y ya estas leyes son como el último suspiro en medio de que han visto que hay una determinación de los periodistas de seguir ejerciendo su trabajo y que no se han silenciado, pues somos varios medios de comunicación que en medio de las presiones económicas y amenazas de cárcel no nos hemos callado”, dice. Navarro se refiere especialmente a la Ley de Ciberdelitos y la reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua por “delitos de odio”. Ambos conceptos, conocidos ampliamente en el mundo legal, adquieren en Nicaragua nuevos matices. El problema es la ambigüedad, según Navarro, pues incluyen nociones necesarias en un Estado moderno como la protección de datos o el ciberacoso, pero se aprovecha para incluir otros términos equívocos que se prestan a ser utilizados arbitrariamente. La Ley de Ciberdelitos está pensada “para censurar contenidos críticos con la bandera de combatir las noticias falsas” La iniciativa de ciberdelitos no es nueva. Desde 2016 se ven intentos por controlar las redes sociales, aunque en aquel momento se hizo con el pretexto de la divulgación de información falsa que causaba inestabilidad. Hace algunos meses retomaron esta iniciativa y se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, que tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas”. La misma ley advierte: “Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio o la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”, se impondrá una pena de entre 3 a 5 años de prisión y una multa de entre 500 a 800 días de salario. “Con esta ley dejan una gran cantidad de conceptos ambiguos y abiertos, que si fueran aplicados sería a total discreción de los jefes de gobierno”, explica Navarro. Gran Hermano sandinista Además, el gobierno cuenta con medios para hacer este control efectivo al más puro estilo big brother. “Se dice que montaron un centro de investigación de redes, que tienen gente que se dedica a revisar las publicaciones de los ciudadanos. En una asociación a la que pertenezco nos rechazaron la inscripción dos veces porque se presentaba una persona que había compartido en redes un comentario negativo en contra del gobierno. La persona renunció y finalmente nos dieron el permiso para operar”, comenta Felipe. Este sistema de vigilancia de las redes está controlado por la Juventud Sandinista y funciona tanto para crear perfiles falsos y mejorar la imagen del gobierno, como para monitorear medios, periodistas y ciudadanos. “Lo cierto es que con eso lo que estarían haciendo es legalizar algo que ya han ejecutado de manera abierta y sin necesidad de normas –asegura Navarro–. Aquí se procesó y encarceló durante seis meses a dos periodistas, y los delitos eran inspiración al odio, proposición para cometer delitos, sembrar odio en la población, incrementar la zozobra y cosas por el estilo. Esos conceptos que ahora meten en las leyes ya los aplicaron antes: no necesitaron leyes para encarcelar a Miguel Mora y a Lucía Pineda”, periodistas del canal 100% Noticias –que hasta hoy sigue confiscado por el gobierno– encarcelados en 2019 por su cobertura de las manifestaciones de 2018. “A la gente le preocupa la situación económica: no está contenta con el gobierno pero no está dispuesta a enfrentarse a él” Asimismo, la periodista independiente y corresponsal de Univisión María Lilly Delgado opina que son estos antecedentes lo que hacen que la ley sea tan peligrosa. “¿Quién determina qué es noticia falsa? –se pregunta Delgado–. Porque si es el criterio del gobierno, entonces esta es una ley, en palabras de Pedro Baca, ‘para censurar contenidos críticos con la bandera de combatir las noticias falsas’. Es una ley que viene a criminalizar el periodismo”. Esta ley entra en vigencia a finales de diciembre, así que los nicaragüenses empezarán el 2021 con un poco menos de libertad. Criminalizar la disidencia La iniciativa que aprueba una reforma constitucional y una reforma al Código Penal que permite imponer cadena perpetua por “delitos de odio” es más de lo mismo. “El pretexto que usaron –explica Navarro– fue una noticia que conmovió al país, la violación de una niña y el asesinato a ella y a su hermanito en una comunidad rural. Esto movió a la población a exigir justicia y penas mayores”. Navarro añade que esta es una iniciativa más para reprimir la disidencia. El concepto de crímenes de odio lo utilizan desde 2018, cuando, además de los 327 homicidios a manos de las fuerzas gubernamentales, hubo otros por parte de los opositores. A estas acciones el gobierno las llamó crímenes de odio, bajo la presunción de que las víctimas fueron asesinadas por ser sandinistas o afines al régimen. La gente de la calle se debate entre el deseo de cambio y el de sobrevivir en el régimen. “El tema económico es importante; después de la pandemia, la economía cayó, y ahora poco a poco los comercios se van recuperando y volvemos a una ‘media normalidad’ como teníamos en febrero. Esto es lo que a la gente le interesa ahorita: no está contenta con el gobierno pero no está dispuesta a enfrentarse a él. Nadie quiere que llegue la policía y lo aporree y lo meta en la cárcel, o perder la hacienda en juicios interminables que no dependen de la ley sino del arbitrio del juez. La gente vive al día”, explica Felipe. El futuro: ¿qué les depara? El próximo año 2021 debería ser un año electoral, pero en lugar de elecciones libres parece que el gobierno de Ortega quiere iniciar el año amordazando a sus ciudadanos. La periodista Delgado solo tiene clara una pregunta: “¿Va a ser un año electoral o va a ser un año en el que el régimen de Daniel Ortega criminalice masivamente a ciudadanos por opinar críticamente y a los periodistas por informar?”. Las opciones son muchas, pero pocos ven esperanzas de cambios próximos. “Habrá que ver qué pasa con las elecciones de 2021, hasta eso es incierto –señala Navarro–. Daniel Ortega ha dicho claramente que vamos a ir a unas elecciones, pero que el pueblo va a decidir. Esto siempre se ha interpretado como que pretenden desmantelar cualquier indicio de oposición creíble que pueda aglutinar a los votantes no sandinistas, o que permita que vayan a elecciones pero que no las reconozca si el resultado no es como espera. Este es el primer paso para saber si algo va a cambiar”. Lo único que parece claro es que ocurra lo que ocurra, Ortega no soltará el poder con facilidad. ¿Qué les queda? Navarro reflexiona: “¿Cuál va a ser el papel de la comunidad internacional y qué puede traer para Nicaragua? Porque en Venezuela todo sigue igual…”

El gobierno de Ortega impone un 2021 silenciado para Nicaragua

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