La repetición de las protestas de 2019 comenzó con demandas válidas, pero se volvió violenta, reflejo de la división social que se atiza desde los tiempos de Rafael Correa.

Name: Ecuador estancado, sin diálogo que ponga fin a las protestas violentas
Uploaded: 2022-06-27T14:54:27+02:00
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Description: La repetición de las protestas de 2019 comenzó con demandas válidas, pero se volvió violenta, reflejo de la división social que se atiza desde los tiempos de Rafael Correa.

Manifestación en Guayaquil, 16 de junio (CC Erickmacr) Quito.— Se han cumplido ya dos semanas de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador. Las movilizaciones, que se han tornado decididamente violentas, son una señal de la fractura social que cristaliza en el país. Las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se iniciaron el 13 de junio en todo el país. Para empezar, se sintieron sobre todo en las zonas rurales, concentradas en su mayoría en la región Sierra, especialmente en la provincia de Pichincha, donde está la capital, y sus alrededores. Los manifestantes cerraron carreteras, quemaron neumáticos, impidieron el trabajo en empresas, fábricas, cultivos; bloquearon el suministro de víveres y medicinas a diversos puntos y, en general, impidieron el normal funcionamiento del país. La petición del movimiento indígena: una lista de 10 puntos sobre los que reclaman al gobierno una reforma. Estos incluyen la rebaja del precio de combustibles, la regulación de precios de productos del campo y de primera necesidad, la renegociación de deudas, políticas públicas para frenar la precarización laboral, derogación de decretos que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería, entre otros. Diez demandas válidas, que representan necesidades reales de una población muy afectada por la situación de inflación y desempleo actual. Como tal, abiertas a ser consideradas por el gobierno y comprendidas por el resto de la población. Violencia en las calles Las protestas, que comenzaron siendo relativamente pacíficas, se intensificaron tras la polémica detención del líder indígena, Leonidas Iza, en la madrugada del segundo día de manifestaciones. Tras la liberación de Iza, las principales agrupaciones indígenas se unieron más, confirmando su intención de tomar la capital. Colectivos de trabajadores y estudiantes se unieron a las manifestaciones. Con el recrudecimiento de los enfrentamientos, el presidente Lasso decretó estado de excepción en las provincias más afectadas. Las zonas cercanas a las universidades de la capital que actuaban como centros de acogida a los indígenas, fueron escenario de enfrentamientos entre manifestantes y personal policial. En la región amazónica, la ciudad de Puyo fue tomada por los manifestantes, dejando un muerto, numerosos heridos, policías desaparecidos o retenidos y vehículos y edificios incendiados, saqueados y vandalizados. El edificio central de la Fiscalía General del Estado fue atacado en varias ocasiones. Se tomaron medidas para precautelar la seguridad del personal y mantener a buen recaudo información sensible, teniendo en cuenta la lección dejada por las protestas de 2019. En esa ocasión, los manifestantes ingresaron por la fuerza a la Contraloría, destruyeron expedientes y quemaron el inmueble. En esta, las instalaciones de la Fiscalía fueron vandalizadas, un grupo de asaltantes ingresaron al edificio, robaron documentos y los quemaron en la calle. Diana Salazar, Fiscal general del Estado, declaró en Twitter que “lo que buscan no está ahí. Estos desmanes no son protesta social, son delitos. Hago un llamado a la paz, a la cordura y sobre todo al respeto a la Ley”. “Hemos implementado una estrategia de contención, no de represión. Deben entender que no podemos dejar en indefensión a la ciudadanía; se trata de sentarse a dialogar”, aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una entrevista para Teleamazonas. El gobierno ha aceptado estudiar las demandas indígenas, pero las reuniones de diálogo no han tenido lugar En medio del caos, periodistas de varios medios de comunicación han sufrido agresiones e intimidaciones mientras cumplían con su labor de informar. La organización Fundamedios ha registrado más de 80 agresiones contra periodistas en los días del paro. En San Antonio de Pichincha, cerca de Quito, un convoy militar que custodiaba camiones con alimentos y medicinas fue atacado, dejando 17 militares heridos de gravedad y tres camiones incinerados. La ciudad capital, convertida en zona de guerra, se encuentra prácticamente paralizada. No se concreta el diálogo, no se encuentran soluciones A esta lista de la Conaie, el gobierno respondió inicialmente con una carta en que trataba los 10 temas en cuestión y llamaba a buscar soluciones conjuntas, a través del diálogo. A esta carta, la Conaie contestó con nuevas exigencias: que se levante el estado de excepción, cesen las acciones de represión, se retire a las fuerzas de seguridad de la zona de resguardo y que ningún punto de su agenda sea considerado como “inviable” en la negociación. El gobierno nuevamente estudió las peticiones y, como señal de buena voluntad, permitió el libre acceso a la zona de la Casa de la Cultura al movimiento indígena, como espacio de reunión. El ministro Jiménez llamó al diálogo de manera inmediata para dar respuesta sin dilaciones a las aspiraciones de paz. Por su parte, el movimiento indígena continuó exigiendo el cumplimento de su decena de pedidos. Iza aseguró que no se retirarán de la capital hasta conseguirlo. El gobierno da muestras de trabajar los pedidos de la Conaie, publicando decretos y compromisos, pero los encuentros y mesas de diálogo propuestas y apoyadas por grupos intermediarios, como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, no se dan. Posible fin del conflicto No todo ha sido violencia y desmanes. También ha habido movilizaciones pacíficas tanto a favor del paro nacional y las reformas, como a favor del fin de la conmoción y el retorno de la tranquilidad. En las principales ciudades, la respuesta a las convocatorias ciudadanas a plantones y caravanas por la paz ha sido multitudinaria, pidiendo el fin de la paralización y los bloqueos, para poder retomar la normalidad y volver al trabajo. Los asistentes y autoridades que apoyaban estas iniciativas destacaron la importancia de atender las demandas sociales, pero destacando que el vandalismo y la violencia no son parte del derecho a la protesta. En parte por herencia de la propaganda correísta, la sociedad ecuatoriana parece partida en dos bandos: “privilegiados” y “sometidos” En todo este proceso de paralización nacional, ha quedado clara la división social que vive el país actualmente. En parte por herencia de la propaganda correísta, la sociedad ecuatoriana parece partida en dos bandos: “privilegiados” y “sometidos”. Los privilegiados no quieren paro nacional porque quieren mantener el statu quo que los enriquece, mientras los manifestantes, en su mayoría indígenas, son los dominados que buscan liberación. Los clamores en las calles y en las redes sociales hacen eco de esta división y si el diálogo no se concreta ni se encuentran salidas pacíficas, solo crecerá la brecha. La baja confianza en las instituciones políticas no ayuda; el Legislativo sufre pugnas políticas que lo desprestigian, la gestión de Lasso es calificada de mala en las encuestas de opinión y las estructuras partidistas están muy fragmentadas y dificultan la gobernabilidad. En un mensaje al país, el presidente Guillermo Lasso (quien en estos días ha dado positivo por covid-19) llamó la atención sobre las intenciones de concretar el diálogo de Iza, quien, según el mandatario, “nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas; lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. El señor Iza ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos”. Lasso pidió a los indígenas regresar a sus comunidades y explicó que utilizará todos los recursos necesarios para defender el orden público, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza. Asimismo, el espacio de la Casa de la Cultura ha sido desalojado. La Conaie, por su parte, ratifica el paro indefinido. En medio de la crisis, la bancada correísta en la Asamblea ha anunciado su intención de pedir la destitución del presidente y convocar a elecciones anticipadas. Para una posible destitución, la Asamblea necesitaría un total de 92 votos, pero las demás bancadas legislativas han descartado esta acción. Los ecuatorianos vieron el inicio de estas protestas con los hechos violentos de octubre de 2019 aún frescos en la memoria, y pocas esperanzas de no vivir una repetición. Tras doce días de paro nacional, 5 muertos, 200 heridos, 500 millones de dólares en pérdidas económicas y afectaciones a los sectores estratégicos, Ecuador enfrenta una situación de grave incertidumbre política, serias heridas al tejido social y productivo y un estancamiento general que no resuelve la crisis con la que iniciamos, solo la empeora.

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