La Comisión sobre casos de corrupción atribuidos al entorno del presidente Guillermo Lasso se reúne en el Parlamento ecuatoriano el 13 de febrero de 2023 (CC Asamblea Nacional del Ecuador)
La petición formal para iniciar el juicio político a Guillermo Lasso se entregó ayer en la Asamblea, con lo que el tiempo corre para conocer si pasa los filtros necesarios y se puede llevar a cabo. Lasso sufrió el año pasado otro intento de destitución que no prosperó, pero la posición del presidente es más débil tras la victoria de la oposición en las recientes elecciones locales y regionales, y el rechazo de su propuesta para reformar la Constitución. ¿Es factible el juicio? ¿Qué posibilidades hay de que Ecuador viva un impeachment?
En febrero, Ecuador abrió el calendario electoral latinoamericano con comicios seccionales y un referéndum. Además de elegir a los representantes para prefecturas y alcaldías, los ecuatorianos eligieron consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y votaron en un referéndum para reformar la Constitución. La consulta convocada por el presidente no obtuvo el apoyo que buscaba para el “Sí” para la gran reforma y el partido oficialista, el Movimiento CREO, se quedó casi sin fuerza política en el territorio.
Al mismo tiempo, otro partido fuerte, el PSC (Partido Social Cristiano), perdió sus territorios históricos, que pasaron a manos del movimiento del expresidente Rafael Correa, el gran ganador de la jornada; una jornada que, además, estuvo marcada por el asesinato de uno de los candidatos horas antes de abrirse las urnas.
¿Por qué es importante esta información? Porque los resultados de estas votaciones son una muestra clara del revés político que vive el gobierno de Lasso actualmente. Rechazo y descontento: un contundente “No” a las propuestas del ejecutivo; un relevo en la administración seccional que afecta no solo al oficialismo, sino también a otros partidos “tradicionales”; tensión política en un contexto de violencia.
Para el gobierno, la situación derivó en un cambio fuerte en su gabinete ministerial. Esto denota una intención de reforma al trabajo del gobierno, pero no parece ser suficiente para enfrentar la crisis política. Crisis a la que se suma la que no se ha podido controlar en las cárceles de todo el país, la violencia e inseguridad ligadas en gran parte al crecimiento de las estructuras del narcotráfico, las acusaciones de corrupción, la falta de resultados de las mesas de diálogo con los sectores indígenas y otras dolencias.
Es en este contexto de inestabilidad y rechazo que se presenta la intención de destituir al presidente a través de un juicio político. No es el primer intento de destitución en los menos de dos años que lleva Lasso en Carondelet y no será el último de no poder seguir adelante la presente opción. El jefe de Estado y la Asamblea han mantenido una difícil relación desde el inicio de su mandato, lo cual ha dificultado mucho la gobernabilidad del país.
Las razones del juicio político
El 4 de marzo, el pleno de la Asamblea aprobó con 104 votos de respaldo (necesitaba 70) un informe llamado “El gran Padrino”, que recomendaba el juicio político al presidente. Este fue elaborado por la Comisión creada en enero de este año en el Legislativo para investigar presuntos vínculos entre el gobierno y la mafia albanesa. Esta Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción se creó después de filtraciones que realizó un medio digital, La Posta, vinculando al cuñado del presidente y allegados al gobierno con una presunta red que gestionaba nombramientos y contratos del Estado.
Tras la aprobación del informe, se necesitaba que un asambleísta actuara como proponente del juicio. Así, la petición oficial de juicio político se presentó este 16 de marzo, con 59 firmas de respaldo del correísmo (UNES), el Partido Social Cristiano y aliados. En un máximo de tres días, el presidente de la Asamblea debe enviar esta solicitud al Consejo de Administración Legislativa, para que verifique que cumpla con los requisitos. Si este organismo determina que la documentación está completa, enviaría la petición y sus argumentos a la Corte Constitucional. Esta deberá calificar su admisibilidad y, de resolver que sí procede el enjuiciamiento, se pone en marcha el proceso en la Asamblea.
En la cámara, el juicio se concretaría en un máximo de 72 horas y la censura o destitución necesitaría 92 votos (de 137). Entonces, asumiría el poder el actual vicepresidente, Alfredo Borrero.
La Constitución apunta tres causales para un juicio político al presidente o vicepresidente, que serían: delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas de consciencia. La petición recientemente presentada se basa en los presuntos delitos de concusión y peculado en las empresas públicas Petroecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco).
El Ejecutivo sostiene que no hay argumentos legales para sostener las acusaciones y rechaza la acción, tildándola de intento de desestabilización y atentado a la institucionalidad del Estado y la democracia. Lasso ha negado la existencia de las supuestas tramas de corrupción; manifestó en una carta a la fiscal general, Diana Salazar, su disposición para colaborar con investigaciones pertinentes.
Posibles escenarios a la vista
En junio de 2022, en medio de una paralización nacional de 18 días por las protestas lideradas por el movimiento indígena, el presidente Lasso ya se enfrentó a un intento de destitución por parte de la Asamblea Nacional. La tentativa no tuvo éxito en esa ocasión. Si tampoco lo tiene en esta, algunos legisladores aseguran que hay otras vías para retirar al presidente Lasso del poder, como la de, por ejemplo, declarar su incapacidad mental. Semejante opción requeriría el apoyo de 70 legisladores y gestiones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Salud y la Federación de Facultades de Medicina, entre otros. Las razones que usan los asambleístas como Mireya Pazmiño para apoyar esta vía no parecen, de momento, tener el sustento que requieren y se ven más como una baza desesperada a la que acudirán si sus tiros actuales no dan en el blanco. Resulta preocupante el que la censura a Lasso por parte de la Asamblea sea lo principal de la relación entre las partes y la labor legislativa en tantas otras cuestiones urgentes parezca secundario en el escenario actual.
Si los asambleístas no consiguen su objetivo desde su tribuna, siempre quedan las movilizaciones sociales. Con el apoyo de varias organizaciones sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la ciudadanía descontenta podría pedir la salida de Lasso desde las calles, con levantamientos a nivel nacional que llevase al presidente a abandonar el cargo. La CONAIE anunció a finales de febrero que rompía la conversación con el gobierno y anunciaba nuevas movilizaciones, en vista de la falta de resultados de las mesas de diálogo que se formaron a partir del paro nacional del 2022. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, asegura que falta voluntad política por cumplir los acuerdos.
Ante el juicio político y la tensa relación con los asambleístas, el presidente tiene una carta que podría jugar y es la de la famosa “muerte cruzada”: disolver el Legislativo y adelantar elecciones. Elecciones en las que podría ser derrotado y reemplazado, lo cual hace poco probable este escenario. Además, si los levantamientos sociales son solo ligeras amenazas en la situación actual, se convertirían en algo definitivo de darse una muerte cruzada.
De momento, queda esperar la respuesta del Consejo de Administración Legislativa, si archiva el pedido o no; después de eso, si la Corte Constitucional dictamina o no la admisibilidad del juicio. Y más tarde, si la Asamblea en mayoría resuelve la censura al mandatario o no.
Si finalmente el presidente sale –una vez más– victorioso de esta batalla y mantiene su cargo, eso no significa que los problemas del gobierno hayan terminado. La gobernabilidad seguiría en crisis, así como la seguridad, la relación con los colectivos indígenas y de trabajadores, la salud, el riesgo país y otros muchos temas pendientes que se acumulan en la agenda.
El oficialismo ya recibió un duro golpe en las urnas en febrero y el futuro de alcaldías y prefecturas ya está en manos de líderes del correísmo en todo el país. Si el cambio que pretenden ejecutar no se hace tangible pronto, el gobierno le estará entregando mucho más a esa fuerza cara a las próximas elecciones.
Un comentario
Muchas gracias por la información tan precisa y actual.