Pensé que, con el Concilio Vaticano, se cerraba el tiempo en que el derecho de la verdad podía ahogar el de la libertad. Los textos conciliares venían a ser el reconocimiento de que la libertad es un don de la persona, de toda persona, no de ideologías o cosas abstractas. Ni el error ni la verdad tienen derechos, sino la persona: su libertad religiosa merece el respeto y la defensa –también en los ordenamientos jurídicos civiles–, como búsqueda de lo más profundo del ser humano.
No contaba con la pervivencia, fuera del ámbito eclesiástico, de tics hierocráticos –típicos de la órbita islamista–, ni con el crecimiento de las religiones civiles del siglo XX: sus dogmas están resultando muy opresivos; ni siquiera admiten aquella antigua tolerancia descrita por la teología medieval, abierta hacia el camino de la libertad por la Escuela de Salamanca.
Viene esto a cuento de la reacción de los partidarios de la eutanasia en Francia, ante las restricciones que la reciente ley sobre el fin de la vida impone a este procedimiento. Los lectores de Aceprensa conocen bien su largo trámite parlamentario, con idas y venidas entre Asamblea y Senado: se saldó con una corta mayoría, a diferencia del consenso de las dos leyes anteriores. De ahí el número insólito de demandas al Consejo Constitucional, que ha decidido con rigor y diligencia envidiables: la ley se aprobó el 11 de julio, y el 14 de agosto decretó su conformidad con la carta fundamental de la República.
Sólo tres días después, publica Le Monde la tribuna de un colectivo de militantes por la “ayuda a morir”. Consideran que eximir a entidades privadas de aplicar lo establecido con carácter general hará ilusorio el ejercicio del derecho al suicidio asistido.
Quizá les molesta que la realidad ignore sus prejuicios: allí donde se atiende a los mayores y a los enfermos terminales, donde la compañía y el afecto hacen llevaderos el miedo y la soledad, allí se espera la muerte con dignidad, y se aleja la eutanasia. Esta realidad subleva a quienes intentan imponer su criterio sin resquicios, apoyándose en la autonomía de la voluntad del enfermo. Pero, resulta paradójico invocarla y negar la de quienes han promovido centros asistenciales, que aseguran con su cuidado el libre albedrío de los más vulnerables, y excluyen con razón en estatutos o propósitos el suicidio asistido.
Les exaspera que la ley y el Constitucional vayan más allá de la mera objeción de conciencia de los profesionales: el ordenamiento jurídico protege la libre voluntad de médicos y enfermeras, y también de farmacéuticos, cuando se trata de preparar píldoras letales. Negar la libertad de empresa o de asociación sería introducir un derecho a costa de otro.
Pero un dogmatismo cuasirreligioso no admite excepciones. Y seguirá luchando –con una tenacidad digna de mejor causa– para eliminar esa barrera a la eutanasia. Así se hizo en Bélgica en 2020. Y en Quebec en 2023.
Ante la debilidad de argumentos, suelen repetir que el reconocimiento de la libertad de elegir la muerte –como la de abortar– no obliga a nadie a hacerlo. No quita nada a quienes lo rechazan. Pero ellos sí quieren quitar el derecho de entidades asistenciales y paliativas, que evitan ceder a la eutanasia en ausencia de cuidados. Así, la muerte sería un derecho; los cuidados, sólo una antigua promesa apenas cumplida.
Más importante parece promover esfuerzos colectivos para urgir al Estado a poner en práctica las disposiciones de la ley sobre cuidados paliativos, votada unánimemente el pasado mes de mayo. El punto de partida muestra la debilidad de los planes trienales: según datos de 2025, 25 departamentos franceses, en su mayoría rurales, seguían careciendo por completo de instalaciones especializadas. Las desigualdades territoriales siguen siendo graves, en detrimento de las periferias: una gran brecha que no se colma con meras unidades móviles.
