Lo que Obama no defiende, puede defenderlo el Congreso

El fiscal general (ministro de Justicia) de EE.UU., Eric Holder, anunció el 23 de febrero que el Departamento de Justicia dejará de defender ante los tribunales determinadas disposiciones de la Ley de Defensa del Matrimonio (Defence of Marriage Act, DOMA). Según Holder, el presidente Obama ha decidido -sin esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo- que la DOMA es inconstitucional. Holder coincide con Obama en que la DOMA “viola el principio de igualdad ante la ley”, reconocido en la Quinta Enmienda de la Constitución.

Holder indicó que el Departamento de Justicia no defenderá la DOMA ante los tribunales, lo cual tendrá efectos sobre varios casos en curso. En dos de ellos los demandantes cuestionan que sea constitucional la definición legal de matrimonio como la unión legal de un hombre y una mujer. Holder dijo al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, que la DOMA implica “una reprobación moral de los gays y lesbianas y de sus relaciones personales y familiares”. Holder añadió que este tipo de “pensamiento basado en estereotipos y en la animadversión” es exactamente lo que intenta evitar la cláusula constitucional de igual protección.

Durante la campaña presidencial de 2008, Obama prometió abolir en el ejército la política llamada “Don’t Ask, Don’t Tell” con respecto a los homosexuales, y rechazar la DOMA. Se opuso a la posibilidad de una enmienda constitucional para definir el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, y se declaró en contra de los esfuerzos de algunos estados para retrasar la legalización del matrimonio homosexual y de las uniones del mismo sexo. Dijo que el gobierno federal reconocería todas las leyes estatales que admitieran tales relaciones. Apoyó que se equipararan a los actos de racismo, antisemitismo, etc. (los llamados hate crimes, cuando la víctima es escogida por pertenecer a un determinado grupo) los que se cometen por motivos de orientación sexual o género.

Obama no apoyó explícitamente el matrimonio para homosexuales, sino la solución intermedia de uniones civiles que dan a las parejas del mismo sexo los derechos y ventajas propias del matrimonio.

A pesar de todo, cuando en 2009 el fiscal general Holder presentó ante un tribunal un escrito de alegaciones en defensa de la DOMA, se ganó la condena de activistas homosexuales y liberales. Esta nueva postura puede ser vista como una finta en las tácticas de Obama, que a menudo afirma sus creencias cristianas y su oposición al matrimonio homosexual, aunque sus acciones en los tribunales contradigan sus declaraciones.

El Congreso puede defender la ley

Sin embargo, el Congreso puede defender la DOMA ante los tribunales en lugar de la Administración. El 4 de marzo el presidente de la Cámara de Representantes anunció que iba a reunir a un grupo de asesoramiento legal formado por miembros de ambos partidos para defender la DOMA. “Es de lamentar -dijo- que la Administración Obama haya abierto esta cuestión tan polémica en un momento en que los americanos quieren que sus líderes se centren en el empleo y en los problemas económicos. La constitucionalidad de esta ley debe ser decidida por los tribunales, no por el presidente de modo unilateral, y esta decisión de la Cámara quiere garantizar que la cuestión se afrontará de modo conforme con la Constitución”.

Nancy Pelosi, la anterior presidenta de la Cámara y actual portavoz de la minoría demócrata, replicó: “El presidente Obama ha dado un audaz paso adelante a favor de los derechos civiles y de la igualdad al anunciar que el gobierno federal no defenderá la DOMA ante los tribunales”.

La Administración Obama seguirá aplicando la ley a menos que sea abolida por el Congreso o que los tribunales den “un veredicto definitivo contra la constitucionalidad de la ley”. Un cambio en la definición de matrimonio tendría efectos sociales y legales. Se estima que resultarían afectadas cerca de 1.500 leyes y reglamentos federales sobre distintas materias. como ayudas públicas o el estatuto de inmigrantes. La defensa de la DOMA por parte de la Cámara es una cuestión que puede crear más enfrentamiento en un momento en que hay un profundo desacuerdo sobre cómo arreglar el déficit público y los programas de gasto social, así como la crisis del Norte de África.

La autoridad del presidente

Los argumentos esgrimidos para justificar que el gobierno federal no defienda la DOMA son principalmente dos.

La facción presidencial sostiene que, dentro de la división de poderes que establece la Constitución, el presidente tiene una autoridad en pie de igualdad con el Congreso y el Tribunal Supremo para interpretar la Constitución de acuerdo con su mejor juicio. Una interpretación más estricta o conservadora de la Constitución sostiene que la autoridad del presidente para participar en la legislación está expresamente limitada al poder de veto y al poder de otorgar perdón, y que el presidente tiene el deber de hacer cumplir cualquier ley debidamente aprobada por el Congreso, incluso aunque crea que es inconstitucional.

Pero Obama, que fue profesor de Derecho constitucional, puede sentirse bastante fuerte. Hacer recaer sobre Boehner la carga de defender la ley (en un momento en que están siendo debatidas cuestiones como el desempleo, las carencias de infraestructuras, el aumento del precio del petróleo y la incertidumbre en política exterior) tiene el sello de los movimientos de un hábil estratega político. Los reparos a los detalles de la ley pueden perderse en la disputa entre progresistas y conservadores sobre la tolerancia hacia los homosexuales y el matrimonio gay.

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