La Ley de Dependencia afronta una necesidad inaplazable

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Duración lectura: 13m. 48s.

Llega una nueva generación de derechos: el cuarto pilar del Estado del Bienestar. El gobierno español anuncia una nueva fase en la legislatura, más social. La Ley de la Dependencia, el proyecto estrella, dará cabida en el Estado Social al más del millón de personas incapaces de realizar por sí mismas alguna de las actividades básicas de la vida diaria. Los colectivos afectados aplauden la iniciativa. Pero no sin advertir que hay demasiados puntos en el aire…

En pleno debate sobre la crisis del Estado del Bienestar, los países desarrollados se plantean cómo afrontar la dependencia. Las cuentas, más o menos, salen. En España, la atención a las personas dependientes generará 350.000 puestos de trabajo.

Entre Sanidad y Servicios Sociales

Es una cuestión de justicia. Y de necesidad. La Encuesta sobre Discapacidades, de 1999, cifra en más de tres millones y medio el número de personas con alguna discapacidad o con limitaciones que han causado o pueden llegar a causar discapacidades. De ellas, 1,12 millones -para las que se hace esta ley- padecen limitaciones severas y totales. Más de un millón de personas que pivotan entre Sanidad y Servicios Sociales y que no saben, porque a veces la respuesta no existe, a qué ventanilla de la Administración deben acudir.

El Libro Blanco de “Atención de las Personas en Situación de Dependencia en España” reconoce “la necesidad de derribar esa especie de ‘muro de Berlín’ entre los sistemas social y sanitario” y de avanzar “en el establecimiento de estrategias de coordinación (entre las distintas Administraciones)”. No está claro qué es lo que se ofrece ni dónde o con qué criterio.

Las ONG de acción social y, sobre todo, la familia cubren ese vacío como mejor pueden, pero el reto que se avecina requiere una atención mucho mayor por parte de los poderes públicos. El Libro Blanco menciona, a modo de ejemplo, que el número de personas mayores de 80 años se ha duplicado en sólo 20 años, “y todo hace prever que su número superará los 2,9 millones en el año 2016”.

Catálogo de servicios

El Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros, prevé la creación del llamado Sistema Nacional de Dependencia, lo cual, en teoría, lo equipara a los otros tres pilares del Estado del Bienestar: Sanidad, Educación y Pensiones. Se implantaría de modo progresivo entre 2007 y 2015.

El anteproyecto establece tres posibles vías para ayudar a las personas dependientes. La primera es la atención a través de servicios domiciliarios, centros de día o residencias, en centros públicos o concertados. En la segunda modalidad la persona dependiente recibirá una ayuda para pagar el servicio en el mercado. Y en la tercera el familiar que se ocupa de la persona dependiente recibirá una ayuda para prestar el servicio en el seno de la familia. Se dará de alta a este cuidador en la Seguridad Social, de modo que pueda tener acceso en su día a una pensión. La idea del gobierno es que al principio de la implantación del sistema el modelo del cuidador familiar será el más común, mientras que con el tiempo se irá profesionalizando la atención.

El “catálogo de servicios” comprende la prevención de las situaciones de dependencia, la teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio (atención de las necesidades del hogar y cuidados personales), los centros de día y de noche (la persona continúa residiendo en su casa, aunque deba abandonarla durante unas horas, por el día o por la noche) y los centros residenciales, cuando la necesidad de atención es más acentuada y no existe otra alternativa.

Uno de los principios en los que se inspira el anteproyecto es “la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida”.

Otro asunto en el aire es cuál será el catálogo de servicios disponibles en todo el territorio nacional. Las prestaciones de cada uno de los servicios deberán desarrollarse “mediante los correspondientes Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas”. No es lo mismo ayuda a domicilio una vez a la semana que cuatro. Son las Autonomías las que van a marcar aquí los límites.

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Diferencias en la protección social

Hay un criterio, éste sí taxativo, que establece que la Administración General del Estado no aportará en ningún caso una cantidad mayor para la financiación que la que invierta la Autonomía. Las diferencias en la protección social, hoy ya más que evidentes, podrían acentuarse.

Éste es uno de los principales puntos de fricción entre PSOE y PP. Ana Pastor, que inició durante su etapa de ministra del gobierno de Aznar los trabajos preparativos de esta ley, pide que el gobierno “defina claramente la cartera de servicios” comunes. Tampoco le convence la idea de financiar la implantación del Sistema Nacional de Dependencia con cargo al superávit de la Seguridad Social y a los Presupuestos Generales del Estado. Pastor prefiere un modelo, similar al alemán, de seguro de dependencia obligatorio, análogo a la Seguridad Social.

Más del 80% de los usuarios del Sistema Nacional de Dependencia serán personas mayores, recalca Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Martín reconoce que todavía quedan muchos puntos por perfilar, pero está convencido de que “lo prioritario, en este momento, es dar el primer paso, y después ya iremos desarrollando el Sistema”. Ahora toca que los grandes partidos acuerden un pacto de Estado.

Uno de los puntos que, a juicio de la UDP, conviene trabajar, es el del porcentaje que tendrá que pagar el usuario de los servicios del Sistema Nacional del Dependencia. Un tercio del coste, tal como establece la Memoria del anteproyecto, es “quizá excesivo”.

¿Cuánto nos costará la ley?

La profesora de la Universidad Ramón Llull Julia Montserrat, una de las expertas que participó en la redacción del Libro Blanco, ha elaborado un cálculo del coste del Sistema Nacional de Dependencia, publicado en la Revista del Instituto de Estudios Fiscales. En el supuesto optimista de que se fije para el usuario un copago del 25% del coste del servicio, las personas con dependencia moderada deberán pagar 2.236 euros al año; las personas con dependencia severa, 3.694 euros, y las personas con gran dependencia, 4.508. Estas cifras contrastan con las de las pensiones contributivas, en muchos casos la principal fuente de ingresos de los mayores: el 63% es inferior a 500 euros al mes, y casi el 20% no llega a los 300 euros. Las no contributivas son todavía menores…

Si llegara a producirse este escenario optimista, el esfuerzo público para la atención a la dependencia alcanzaría el 0,92% del PIB español para 2015 (hoy día está en un 0,18% del PIB). Pero las cifras que aporta la Memoria del anteproyecto son bastante menos generosas. Aquí se prevé un gasto público medio por persona dependiente y mes de 375 euros, mientras que un copago medio del 25% implicaría un gasto de 570 euros.

Según los cálculos del gobierno, cuando el sistema esté totalmente implantado costará unos 9.000 millones de euros anuales, un 1% del PIB. Entre un 30% y un 35% del coste lo pagarán los usuarios, según su renta y patrimonio. El resto se repartirá entre el Estado (la mitad) y las comunidades autónomas y los ayuntamientos (la otra mitad). La aportación del Estado saldrá de los Presupuestos Generales, sin tocar el superávit de la Seguridad Social.

El copago no será el mismo para todas las personas dependientes, sino que estará en función de su renta y su patrimonio. De nuevo, en este punto “no se establecen ni se intuyen unos baremos determinados”, afirma Víctor Renes, responsable de Estudios de Cáritas Española. La cosa parece clara cuando la persona pueda acreditar que carece de todo recurso. Y en el caso contrario, “los que tienen mucho dinero pueden vivir felices, porque tienen derecho a pagarse un seguro privado de dependencia que desgravará fiscalmente…” ¿Y el resto, que son la mayoría? “Si tengo un pisito, aunque mi pensión sea baja, ¿me quedo fuera?”

Contar con las ONG

No es precisamente Cáritas quien se va a oponer a una ley que lleva muchos años reclamando. Renes destaca que los principios sobre los que se inspira el anteproyecto son “muy buenos”. “El problema está en no decidirse claramente por un sistema de seguro social y no haber llegado a un pacto como el de Toledo. Eso nos pondría en una tesitura totalmente distinta, con derechos garantizados y consolidados, y no pendientes de averiguar cómo van a encontrar las Comunidades Autónomas la financiación necesaria”.

Otro contrasentido, a su juicio, es que no se reconozca la función específica del sector social no lucrativo. “Durante muchísimo tiempo nos hemos encontrado las ONG de acción social solas en este campo, y cuando llega el momento en que se articula la atención a las personas dependientes como un derecho, se nos pone a competir con las empresas”.

Similar es lo que sucede con la familia. “Estoy plenamente de acuerdo en que no se debe cargar a las familias. Pero eso significa ‘no cargar en los recursos propios’ de la familia, no que ésta quede al margen. Bienvenidos sean los servicios profesionales, pero no hay motivo para considerar los cuidados familiares sólo ‘excepcionalmente'”.

Ante una ley de estas características, Víctor Renes considera que “hay que tener muy presente el modelo de sociedad que queremos construir”. El modelo nórdico, en el que el Estado asume todo el gasto, “sería de muy difícil aplicación en España”. Y tampoco parece factible tratar de copiar el sistema estadounidense, con coberturas públicas muy limitadas. Pero hay, en cambio, muchos elementos que sí nos podrían servir de la experiencia de Centroeuropa. Sobre todo, lo que se refiere a la articulación del papel de la familia, del Estado, de las regiones y municipios, de las organizaciones sociales y del sector privado. En definitiva, el reconocimiento del principio de subsidiariedad.

Dentro de la Coordinadora de ONG de Acción Social, algunas voces advierten el peligro de que algunos empresarios aterrizan en el sector de las residencias con el único criterio de maximizar el beneficio. El de las residencias “no es un sector empresarial como otro cualquiera”, dice José Ramón Solanillas, secretario general de Lares, patronal que agrupa a residencias gestionadas por religiosos. Existe una norma sagrada: “Trabajamos con personas”.

Hay otra serie de elementos cuyo impacto resulta hoy difícil de predecir. Por ejemplo, la cesión en herencia de la vivienda a empresas o a entidades financieras y aseguradoras a cambio de una renta vitalicia o de determinados servicios, puesto que el 80% del patrimonio familiar en España está invertido en inmuebles, y no en fondos de pensiones o de inversión, como es habitual en otros países. Por lo pronto, las principales aseguradoras españolas, que se preparan a conciencia para entrar en el sector de la dependencia, rechazan esta solución y se decantan por extrapolar la experiencia de los seguros de salud, si bien reconocen que los seguros de dependencia serán productos muy caros y que deberán introducirse nuevos instrumentos de evaluación de riesgos más rigurosos.


¿Quién subvenciona a quién?

El materialismo no es el único enemigo de la dignidad de la persona. También está la burocracia, advierte Calixto Plumed, director de la Fundación Juan Ciudad y miembro de la Comisión Interprovincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, dedicada al cuidado y atención de los enfermos mentales. El hermano Calixto ha sido varias veces testigo de cómo un enfermo psíquico tiene que ser trasladado “dos o tres veces el mismo día en ambulancia”, porque las Administraciones se pasan la pelota unas a otras.

La realidad nos dice que las personas dependientes “necesitan atención sanitaria y social, simultánea y complementaria”, que debería articularse en “un marco socio-sanitario específico”. No hay por qué crear un superministerio o una superconsejería. Bastaría con una unidad de gestión independiente encargada de “la información, la gestión, la coordinación y el control del acceso a los recursos de uno y otro departamento”.

Es sintomático para Plumed que, con el cambio de gobierno, la preparación de la Ley de Dependencia se trasladara del Ministerio de Sanidad al de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que el primero haya podido intervenir después lo más mínimo en su elaboración. “Es en la Sanidad donde está el dinero y donde están los derechos, y la parte más pobre son siempre los Servicios Sociales”.

María José Bollaín vive en sus carnes esta cruda premisa: “Sanidad son derechos; Servicios Sociales, en cambio, es beneficencia, y eso es lo que nos tenemos que ocupar nosotros de buscar en este centro: una subvención aquí, la ayuda de una fundación más allá, esta empresa que nos paga la calefacción… Estamos siempre con la soga al cuello, sin saber si vamos a tener que cerrar de un mes para otro”.

María José es miembro de la Junta Directiva de la Asociación El Despertar, que cuenta, en el barrio madrileño de Aluche, con una residencia, un centro de día y un colegio para niños y jóvenes con enfermedades raras y en situación de dependencia extrema. Cada uno de estos 46 chicos es un caso único que requiere permanente atención personalizada. “En realidad, tendrían que estar a cargo de Sanidad, no de Educación ni de Servicios Sociales. Pero como dicen que no se puede hacer nada por ellos, nos cuesta incluso que venga un médico de vez en cuando a hacer una rondita”.

Todo funciona gracias a un grupo de padres absolutamente entregados y a un personal motivado hasta la médula.

“Es el eterno drama de los enfermos crónicos”, afirma Calixto Plumed, sobre todo si son enfermos mentales. Los Hermanos de San Juan de Dios, como otros religiosos, saben bien lo que es administrar “centros con un tipo de enfermos que nadie más quiere”, o simplemente “en el medio rural”, porque allí no resulta rentable. “Se ha abusado y se abusa de las instituciones religiosas y de las organizaciones sin ánimo de lucro, porque no protestan. ¿Cómo vamos a desentendernos, cuando precisamente creemos en la opción por la persona?” ¿Engaño? “No hay engaño cuando uno no se deja engañar, pero hay una cosa cierta: estamos subvencionando al Estado”.

Sin familia no hay cuidados

Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, cree que el debate en torno a la Ley de Dependencia es un buen momento para pensar en la importancia de la familia para el futuro del Estado del Bienestar.

Si se mantiene el aumento actual de divorcios, las rupturas matrimoniales igualarán a los enlaces en 2010, según un reciente estudio del Instituto. La aprobación del “divorcio exprés” contribuirá mucho a que esto sea así. Añadamos que casi uno de cada cuatro niños nace hoy en España fuera del matrimonio. Y aderecemos la receta con una drástica caída de la tasa de natalidad. “Sinceramente, no consigo ver quién va a cuidar de los mayores dentro de unos años: ¿el hijo del primer matrimonio?; ¿la mujer del hijo del marido? ¿Y quién va a cotizar para pagarnos las pensiones y todos esos servicios del Sistema Nacional de Dependencia? No serán los hijos que no han nacido”.

Cree Hertfelder que nos olvidamos de que todo ese sistema de protección de la vejez no es “un invento del Estado”, sino “un acuerdo intergeneracional que nace, en primer lugar, de la experiencia vivida en la convivencia familiar”.