La igualdad ante la ley, discriminada

En nombre de la defensa del “matrimonio igualitario” se pueden negar al discrepante derechos y libertades que corresponden a cualquier ciudadano. La corrección política falsea así los términos del debate, pues el que se opone solo puede actuar de mala fe. El Tribunal Supremo de EE.UU. ha empezado a analizar los dos recursos planteados sobre el matrimonio gay: la Proposición 8 de California, la ley aprobada en referéndum para reconocer solo el matrimonio entre hombre y mujer en la Constitución estatal, y la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996, que dispone que el matrimonio entre hombre y mujer es el único reconocido por el gobierno federal. Tal y como explica la nota de prensa del fiscal general Heric Holder, la Administración Obama toma partido en ambos casos a favor del matrimonio gay “para reivindicar el principio constitucional de igualdad ante la ley”. A su juicio, las dos leyes que analizará el Supremo están “enraizadas en la discriminación”, ya que niegan a los homosexuales y a las lesbianas “los mismos beneficios y derechos que otorgan las leyes” a los casados. Sin derecho a réplica El principio de igualdad ante la ley se ha convertido en un poderoso argumento para pedir la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. También lo ha invocado recientemente The Washington Post para explicar por qué este diario tiende a inclinarse en sus informaciones a favor de las demandas de los gays. No hay discriminación cuando las leyes establecen distinciones justificadas En un polémico artículo, el ombudsman del periódico media entre un redactor y un lector. Este se había quejado de la presencia excesiva de artículos a favor del matrimonio gay en el Post. El redactor contestó diciendo que eso se explica porque la defensa del matrimonio homosexual constituye hoy “la causa pro derechos civiles de nuestro tiempo”. El lector replica diciendo que el periodismo más bien tiene que ver con la exactitud y la equidad. De ahí que el buen periodismo no pueda presentar a los contrarios al matrimonio gay como “personas que odian”. Y el redactor objeta: “¿Deberían los medios dar espacio a los racistas; es decir, a quienes piensan que los negros no pueden casarse con los blancos?”. Pero, precisamente, lo que se debate es si el matrimonio con otra persona del mismo sexo es un derecho como el de casarse con una persona de otra raza o si es una desvirtuación del matrimonio. Los partidarios de las bodas gay son muy celosos de la igualdad, pero a menudo no la respetan a la hora de defender su causa Discriminas porque no piensas como yo Según la lógica del Washington Post (y la de Obama), la idea del matrimonio como unión de hombre y mujer responde solamente a un prejuicio, que alimenta una discriminación de siglos. Para el profesor de Princeton Robert P. George, este planteamiento lleva a pensar que ninguna persona razonable de buena voluntad puede estar en desacuerdo con las bodas gay, del mismo modo que ninguna persona razonable de buena voluntad puede estar a favor de la segregación y la superioridad racial. Vistas así las cosas, el debate sobre el matrimonio gay queda profundamente viciado pues ya no hay espacio para un intercambio de ideas razonables: en su lugar, tenemos un “enfrentamiento entre las fuerzas de la razón, el progresismo y la igualdad –o sea, los partidarios de ‘abrir el círculo de la inclusión’–, de un lado, y los que militan en el bando de la ignorancia, el odio y la discriminación –aquellos que por animadversión excluyen a los demás [del matrimonio]–, de otro”. Además de hacer imposible el diálogo, este modo de pensar descalifica automáticamente a quienes defienden que el matrimonio solo puede ser la unión de hombre y mujer. “Los ‘excluyentes’ –sostiene George en Public Discourse– han de ser tratados como los racistas, pues son equivalentes. Por supuesto, nosotros (al menos, en EE.UU.) no encerramos a los racistas en la cárcel por expresar sus opiniones; respetamos la Primera Enmienda. Pero no dudamos en estigmatizarles e imponerles, a ellos y a sus instituciones, diversas formas de inhabilitación social e incluso civil. En nombre de la ‘igualdad matrimonial’ y de la ‘no discriminación’, socavamos la libertad –sobre todo, la libertad religiosa y la libertad de conciencia–, así como la genuina igualdad”. Trato desigual ¿justificado o arbitrario? George Weigel, profesor en el Ethics and Public Policy Center de Washington, también ha respondido a quienes defienden que las leyes a favor del matrimonio gay son equivalentes a las que en su día prohibieron la discriminación racial. “En los sistemas de gobierno conocidos en la historia, cualquier política sobre el matrimonio establece fronteras, al excluir de esta institución cierto tipo de relaciones. Los padres no pueden casarse con sus hijos. Los hermanos no pueden casarse con sus hermanas. Los menores tampoco pueden casarse. Ni los que ya están casados”. “Ya fueran autocráticos, aristocráticos, monárquicos o democráticos, los gobiernos siempre han ‘discriminado’ (es decir, siempre han hecho distinciones) en sus leyes sobre el matrimonio”. El problema moral y legal clave aquí es discernir “si esas distinciones establecen ‘discriminaciones’ arbitrarias e injustas, o si pertenecen a la misma naturaleza del matrimonio a la vez que sirven al auténtico bien común”. Y concluye: “Desde hace siglos, los gobiernos han reconocido legalmente que la naturaleza del matrimonio consiste en la unión estable de hombre y mujer: primero, porque eso es lo que es; y, segundo, porque existen buenas razones de orden público [para proteger esa unión], entre otras, el bienestar de los hijos y la promoción de la vida familiar. ¿Supone ese reconocimiento establecer distinciones? Sí. ¿Equivale a una injusticia? No”. Un argumento muy parecido al de Weigel es el que acaba de emplear el Tribunal Supremo de Puerto Rico para rechazar la adopción entre homosexuales. La sentencia mantiene que no es discriminatorio tratar de forma desigual realidades distintas, siempre que el trato desigual se base en una “racionalidad mínima”. El Supremo entiende que la prohibición de la adopción entre homosexuales no es arbitraria ni injustificada, sino que responde a un interés legítimo del Estado en brindar a los niños la oportunidad de criarse en una familia formada por una madre y un padre (cfr. Aceprensa, 28-02-2013). Intolerancia y discriminación Los partidarios de las bodas gay son muy celosos de la igualdad, pero a menudo no la respetan a la hora de defender su causa. La experiencia de los últimos años muestra que, en nombre del “matrimonio igualitario”, se pueden restringir derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. En Canadá, el Tribunal Supremo acaba de fallar contra un activista cristiano por repartir panfletos en los que critica la práctica homosexual. La sentencia declara que los folletos “se oponen a la capacidad de alcanzar la autorrealización” de los homosexuales. El columnista del National Post Rex Murphy considera preocupante que el Supremo anteponga un supuesto nuevo “derecho a no sentirse ofendido” a derechos de gran tradición como la libertad de expresión y la libertad religiosa. También son problemáticas las medidas anti-discriminación que, para proteger a unos, niegan la libertad de organizaciones de inspiración cristiana para actuar en conformidad con sus creencias. En Estados Unidos, por ejemplo, las ciudades de Boston y San Francisco, el Distrito de Columbia y el estado de Illinois han retirado las licencias a las agencias de adopción católicas por negarse a colocar a niños en hogares de parejas homosexuales, o de distinto sexo pero que cohabitan sin casarse. En Australia se está debatiendo ahora la Human Rights and Anti-Discrimination Bill 2012, un anteproyecto presentado por el gobierno para unificar cinco leyes anti-discriminación. Uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto es el giro subjetivo que da a la idea de discriminación: las autoridades podrán apreciar que hay trato desigual injustificado cuando consideren que “una conducta ofende, insulta o intimida a otra persona” (cfr. artículo 19). La plataforma GetUp! va más lejos y exige que se eliminen las exenciones previstas para las instituciones de inspiración religiosa (escuelas, hospitales, agencias de adopción…) que les permiten seleccionar empleados de acuerdo a sus creencias. Intolerancia y discriminación van de la mano cuando se tacha de “homófobos” a quienes defienden que el matrimonio solo puede ser la unión de un hombre y una mujer, o que es mejor para los niños que tengan un padre y una madre. Un caso significativo de linchamiento mediático por ejercer su derecho a expresarse con libertad es el de Dan Cathy, presidente de la cadena de restaurantes Chick-fil-A. En julio de 2012, Cathy sufrió un boicot por declarar en una entrevista que solo entiende por familia la de madre y padre (cfr. El Sónar, 11-08-2012). La peligrosa intolerancia con el “intolerante” Los penalizados por la censura gay también pueden ser exhomosexuales que se atreven a cuestionar los postulados de la “corrección política”. En los buses londinenses hubo una campaña con el eslogan: “Some people are gay. Get over it!”. Pero cuando otra organización británica, Core Issues Trust (CIT), quiso hacer por el mismo medio otra campaña para ofrecer apoyo a homosexuales que quieren dejar de serlo, el alcalde de Londres, Boris Johnson, la prohibió. A su juicio, el eslogan “Not gay! Post-gay, ex-gay and proud. Get over it!” era “claramente ofensivo”. Para vetarla alegó que “Londres es una de las ciudades más tolerantes del mundo, e intolerante con los intolerantes”. Mike Davidson, director de CIT y exhomosexual, lamentó que se acusara a los suyos de promover la “interiorización de la homofobia” cuando solo estaban escogiendo su propia identidad sexual. Al fin y al cabo, ¿no tenía que ver con esto el movimiento gay? El caso se está dirimiendo estos días ante el Tribunal Supremo británico. Andrea Williams, el abogado que se encarga de la defensa judicial de CIT, sostiene que los exhomosexuales son una minoría discriminada a la que se niega la libertad de expresión.Cuando el alcalde de Londres dice que desea combatir con intolerancia a los “intolerantes” en realidad está diciendo que aspira a que todo el mundo, le guste o no, se someta a una estructura de corrección política. Y si alguien discrepa de ella, se le deniega el permiso para decirlo. A Johnson le ocurre como a esos liberales contemporáneos que critica Robert George en su nuevo libro Conscience and Its Enemies: aunque les gusta presentarse como relativistas, lo cierto es que son unos moralistas. “Los liberales quieren reformar la vida política y social, y, en la medida de lo posible, la fe individual de acuerdo con sus convicciones morales. Por eso plantan batalla a la Iglesia católica, cuyas enseñanzas morales están en conflicto con las creencias liberales sobre el estado de la vida humana naciente, la naturaleza y el significado del matrimonio, y la libertad religiosa”.

La igualdad ante la ley, discriminada

Recibe la newsletter

Whatsapp

La igualdad ante la ley, discriminada

Recibe la newsletter

Política de Privacidad

Whatsapp