Ya antes se habían aprobado leyes sobre las uniones homosexuales y sobre prohibición de discriminación.

En Irlanda como en otros países europeos la cuestión del matrimonio gay es muy discutida. Pero, a diferencia de otros sitios, se ha optado por que la cuestión la decidan los ciudadanos en referéndum, y no una simple mayoría parlamentaria o una sentencia del Tribunal Supremo. El gobierno irlandés ha anunciado formalmente que el referéndum sobre el matrimonio homosexual se celebrará en mayo de 2015. El gobierno –coalición del Fine Gael, de centroderecha, y laboristas–apoyará el “sí”. Tanto la viceprimer ministra como el colectivo gay han utilizado palabras parecidas para celebrar la noticia: según la primera, esto “demuestra cuánto han cambiado las actitudes de la gente hacia los gais y las lesbianas”. En Irlanda del Norte, los obispos católicos y el Partido Unionista protestante defienden una cláusula de conciencia en la provisión de servicios Según varias encuestas, el “sí” conseguirá algo más del 70% de los votos. No obstante, asumir que el apoyo a la causa gay entre la población implica necesariamente aceptar el matrimonio homosexual no es del todo riguroso. En primer lugar porque ya no puede decirse que sea necesario para solventar situaciones perjudiciales para las parejas homosexuales. En 2010, el gobierno, junto con la mayoría de grupos que ahora piden el “sí” en el referéndum, optó por aprobar una ley de uniones civiles que amparaba legalmente a las parejas homosexuales en varios ámbitos (propiedad inmobiliaria, derechos de sucesión, pensiones e impuestos), sin equipararlas completamente con el matrimonio. En segundo lugar, porque el derecho a la igualdad de gais y lesbianas ya ha sido protegido expresamente por dos leyes anteriores (la Employment Equality Act de 1998 y la Equal Status Act de 2000). Países donde se han pronunciado los ciudadanos El referéndum no va a preguntar si los homosexuales deben ser considerados como ciudadanos iguales a los demás. Ya existen provisiones específicas para eso –aparte de las cartas de derechos humanos de la ONU y de la Unión Europea–. Lo que la consulta planteará, se quiera o no, es una redefinición del matrimonio, que como institución social –y no como comunidad de amor ni tampoco como sacramento– interesa a lo público. Conviene por tanto ser escrupuloso al estudiar las razones por las que el Estado ha protegido una institución que, a juzgar por el activismo de unos y otros en el debate, es de gran importancia para el ethos de la sociedad irlandesa. Aunque la Constitución no dice explícitamente que el matrimonio solo esté reservado para la unión entre un hombre y una mujer, sí lo hace la Ley de Registro Civil de 2004; además, así lo han interpretado durante años los tribunales del país. De hecho, el comité sobre cuestiones constitucionales al que se pidió opinión sobre el referéndum concluyó que haría falta una reforma constitucional para incluir el matrimonio homosexual en el ordenamiento irlandés. El recurso al referéndum sitúa a Irlanda en la línea de los otros dos países europeos –Croacia y Eslovenia, ambos también de mayoría católica– donde la cuestión fue decidida por democracia directa. En Europa, Croacia, Eslovenia e Irlanda han optado por decidir la cuestión en referéndum El 1 de diciembre de 2013 los croatas decidieron por una mayoría del 65,8% que su constitución defina el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Esta consulta fue consecuencia de una iniciativa popular apoyada por 740.000 firmas (20% del electorado), promovida por una asociación llamada “En nombre de la familia”. El 25 de marzo de 2012 los eslovenos rechazaron en referéndum, con un 55% de los votos a favor y un 45% en contra, el nuevo Código de Familia que hubiera permitido casarse a las parejas homosexuales y tener los derechos a que da acceso el matrimonio. La baja participación en el referéndum (26%) parece indicar que la gran mayoría de la población no estaba especialmente interesada en cambiar la legislación en este punto. ¿Discriminación o diferencia? La Ley de Uniones Civiles aprobada en Irlanda en 2010, fue planteada como una forma de dar un mayor amparo legal a las parejas homosexuales que estaban cohabitando, y que manifestaban una estabilidad mayor que la de las simples “parejas de hecho” (se exigía haber convivido al menos cinco años, o dos si se estaba criando algún hijo en común). Sin embargo, los partidarios del matrimonio homosexual interpretaron el texto como un “premio de consolación”, sin renunciar en ningún momento a su aspiración al matrimonio. No todos, en cambio, lo ven así En Inglaterra, donde las uniones civiles están limitadas por ley a las parejas homosexuales, han surgido quejas que piden que también las parejas heterosexuales puedan acogerse a esta fórmula. Así lo plantea Holly Baxter en un artículo para The Guardian. Baxter, que no siente simpatía por el matrimonio por su “trasfondo histórico de machismo”, se siente discriminada respecto a los homosexuales. Un argumento similar aduce una pareja heterosexual que ha demandado al Estado británico, y que espera que su caso sirva para que las uniones civiles se abran por igual a todo el mundo. Ambas peticiones coinciden en señalar la diferencia entre matrimonio y otro tipo de uniones. Tratar diferentemente lo que es diferente Los discursos de la discriminación, ya sean de un lado o de otro, frecuentemente obvian una cuestión importante: en qué consiste la justicia. Enuna sentencia de abril de 2000 sobre un ciudadano griego que consideraba que se le había discriminado por su condición de exconvicto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalaba que “el derecho a no ser discriminado también se vulnera cuando, sin una justificación razonable, los Estados tratan de manera igual a personas cuyas situaciones son significativamente diferentes”. Este es precisamente el argumento de la Conferencia Episcopal de Irlanda. Tras anunciarse el referéndum, los obispos católicos publicaron un documento llamado “El significado del matrimonio: una relación única diferente a todas las demás”. Aunque también hay una explicación del aspecto sacramental, el documento utiliza en su mayor parte planteamientos estrictamente seculares. Repasa las notas que definen al matrimonio, entre ellas la complementariedad del varón y la mujer. La riqueza que aporta cada sexo, junto con el compromiso y el amor de los esposos, convierten esta institución en el ámbito idóneo para que nazcan y se desarrollen los hijos. Lo que plantea el texto de la Conferencia Episcopal es que si el gobierno equipara el matrimonio homosexual con el heterosexual, está eliminando una de las notas que han definido a esta institución tradicionalmente, y por tanto redefiniéndola. Nadie entiende como discriminatorio que se diferencie entre matrimonio y parejas de hecho por el mayor compromiso que supone el primero. La complementariedad del varón y la mujer es otra característica suficientemente significativa como para justificar una diferencia en el trato. Irlanda del Norte: protestantes y católicos unidos El discurso de la discriminación renuncia a valorar la diferencia y a debatir con profundidad el significado de los términos. En lugar de eso, su enfoque lleva a pensar en el oponente como un agresor, lo que a veces provoca paradójicamente que los que son llamados discriminadores se unan. Es lo que ha pasado en Irlanda del Norte. Como cuenta The Economist, tras varios casos de supuesta discriminación a personas homosexuales (cfr. La tarta de la discordia, Blog El Sonar,11/11/2014),la Iglesia Católica y el Partido Unionista (de marcado carácter protestante y anti-católico) han hecho bloque común para defender los derechos de los trabajadores a no cooperar en actividades que supongan apoyar la causa gay u otras que vayan contra sus principios religiosos.

Irlanda: habrá referéndum sobre el matrimonio gay

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