Francia no inscribe a los hijos nacidos de “vientres de alquiler” y renuncia a renegociar las convenciones bilaterales con países que no reconocen las uniones homosexuales.

A pesar de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, en Francia otros aspectos del derecho matrimonial siguen vigentes, en defensa sobre todo del estado civil de los hijos. No todo vale, ni mucho menos, como acaba de mostrar una sentencia del Tribunal Supremo (Corte de Casación), a propósito de la incorporación al ordenamiento francés de actos jurídicos procedentes de otros países, según informa La Croix. En concreto, el pasado 13 de septiembre, el Tribunal anuló las inscripciones de actas de nacimiento de personas nacidas en la India, mediante la gestación de una “madre de alquiler”; esa subrogación es legal en aquel país, pero sigue prohibida en Francia, porque el ordenamiento considera nulo cualquier contrato relativo al cuerpo humano. La sentencia se dictó frente a una resolución judicial previa dictada por el tribunal de apelación de Rennes, que había autorizado la inscripción de dos gemelos gestados de este modo en 2010. En otra sentencia, sobre un niño nacido por subrogación en la India en 2009, la Corte Suprema confirmó la anulación del reconocimiento de paternidad hecho en Francia por el padre antes del nacimiento. Cabe recordar que en España, donde también está prohibida la maternidad subrogada, la Dirección General de Registros y Notariado estableció en 2010 unos requisitos formales para la inscripción de niños nacidos de este modo en el extranjero, a pesar de la ley y de una resolución judicial contraria (cfr. Aceprensa, 14-04-2011). Once nacionalidades excluidas del “matrimonio para todos” En un mundo globalizado, se intensifican las relaciones familiares entre personas de diversos países, con los consiguientes problemas para el derecho internacional privado. La famosa cláusula del orden público impide una transposición sin más de actos jurídicos válidos en un Estado. En ese contexto, el gobierno francés ha renunciado (cfr. Le Monde, 28-08-2013) a renegociar los acuerdos bilaterales sobre cuestiones matrimoniales que mantiene con once países que no reconocen la unión entre homosexuales. En una respuesta escrita, enviada a mediados de agosto al diputado socialista de Isère, Erwann Binet, ponente de la ley que permite el matrimonio gay, los ministerios de Exteriores y de Justicia descartan esa opción. Concretamente, personas originarias de Polonia, Bosnia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Eslovenia, Marruecos, Túnez, Argelia, Camboya y Laos no podrán casarse con un consorte francés del mismo sexo. En su momento, el gobierno pretendía la más amplia aplicación de la ley a parejas binacionales, y el Código Civil ha quedado así: “Dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio cuando al menos lo permita para una de ellas bien su ley personal –la del Estado del que es nacional–, o la ley del Estado aplicable al territorio en que tiene su domicilio”. Esta disposición permite descartar la “ley personal” de un ciudadano de un país que no reconoce o proscribe el matrimonio gay, siempre que uno de los dos miembros de la pareja sea francés o resida en Francia. Pero ese sistema no resulta aplicable para esos once países con los que Francia está comprometida por acuerdos internacionales, negociados a partir de los años cincuenta. Esos acuerdos se proponían en su momento proteger a los residentes franceses en estas naciones, y establecían que las condiciones del matrimonio se regirían por la ley personal de los candidatos a la unión. Ninguno de estos países autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lógicamente, las convenciones internacionales preceden a la ley francesa en la jerarquía de las normas. Pero no se tuvo en cuenta en el trámite parlamentario de la reforma. Muchos se enteraron de la existencia de esa restricción por la circular de presentación del texto reformado del Código Civil. Ante las peticiones formuladas, el gobierno francés remite el asunto a los tribunales. En el fondo, confía en que las decisiones judiciales hagan evolucionar la jurisprudencia. Pero, a juicio de expertos, no parece que la unión entre personas del mismo sexo sea un principio esencial de la legislación, sobre el que pueda invocarse la cláusula de orden público.

Francia: el “matrimonio para todos” no se aplicará a once nacionalidades

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