Los cambios sociales que afectan negativamente a la familia son bien perceptibles en Europa. Sobre todo, porque la desintegración familiar favorece la marginación social y la pobreza, deficiencias de formación y conductas destructivas -delincuencia, consumo de drogas, embarazos de adolescentes…- entre los jóvenes, y compromete el futuro al hacer que la natalidad quede por debajo del nivel de reemplazo de generaciones. El remedio más eficaz -proteger a la familia- es a la postre el más barato. Así concluye el sociólogo Lluís Flaquer en un estudio comparativo de las políticas familiares en la Unión Europea, publicado por la Fundación “La Caixa” (1).
Flaquer, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, observa que en la Unión Europea (UE) abundan las innovaciones para responder a los cambios sociales que afectan a la familia. De modo que la UE viene a ser una especie de “laboratorio” de políticas familiares.
El primer elemento de la política familiar consiste en las prestaciones económicas directas. En su origen, los subsidios públicos a la familia eran de carácter asistencial, limitados a los trabajadores menos favorecidos. La actividad doméstica -criar hijos y atender a ancianos- era considerada como privada, a diferencia de la actividad productiva. No se reconocía, en la práctica, el valor social del trabajo familiar, no remunerado, que recaía sobre las mujeres. Pero cuidar de niños y ancianos es una contribución al bienestar general.
La siguiente fase vino cuando se construyeron los modernos Estados del bienestar sobre el principio de la redistribución de la riqueza por medio de transferencias de recursos entre clases sociales y generaciones. Entonces los pagos a las familias dejaron de tener carácter asistencial y se universalizaron, al igual que las pensiones y el seguro médico.
Ahora se dan situaciones nuevas. El panorama familiar ha cambiado mucho con la incorporación general de las mujeres al empleo, la caída de la fecundidad, el aumento de los índices de divorcios, el crecimiento del paro… Hoy la sustentación de los mayores no recae en las familias: está asegurada por las pensiones públicas. Ahora el problema está en evitar el deterioro económico relativo de las familias con hijos pequeños y en las nuevas situaciones de pobreza surgidas por el aumento de familias monoparentales, en su mayor parte de madres solteras o divorciadas.
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Todo ello llevó hacia los años 80 a un replanteamiento de las políticas familiares europeas. Flaquer señala, en primer lugar, el debate en torno al mantenimiento de la universalidad de las prestaciones familiares, es decir, si deben darse en función del número de hijos, independientemente del nivel de ingresos de la familia. En vista de que empeoraba la situación de las familias con menos recursos, se empezó a pensar si no había que condicionar los subsidios familiares a los ingresos. Había también otro motivo: la crisis del Estado del bienestar, que imponía restricciones presupuestarias.
Subsidios para todos
Flaquer defiende la universalidad. Alega que eliminarla supondría convertir los subsidios a las familias en asistencia social, con el estigma que ello comporta. Además, la inequidad económica que supone dar subsidios a las familias que quizá no los necesitan se puede corregir fácilmente mediante la política fiscal.
Como buen ejemplo de esto último, Flaquer cita el caso de Alemania. Allí, desde 1996, subsidios directos y desgravaciones fiscales no son acumulables. Las familias que, por no alcanzar el nivel de ingresos fijado en la ley fiscal, no hacen declaración de la renta solo reciben subsidios. Las que han de declarar tributan por los subsidios. De esta forma, se evita privilegiar a las familias con más recursos y a la vez se respeta un principio básico de política familiar: la justificación de los subsidios no es la asistencia social, sino el simple hecho de tener hijos.
