EE.UU.: organizaciones cívicas en defensa del matrimonio

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Duración lectura: 3m. 36s.

En Estados Unidos no está permitido el “matrimonio” homosexual; las parejas homosexuales no pueden adoptar niños; y la mayoría de los Estados han aprobado la Ley de Defensa del Matrimonio, que lo define como la “unión entre un hombre y una mujer”. Sin embargo, en este contexto se han introducido algunos elementos que muchos interpretan como los primeros pasos hacia la completa equiparación entre matrimonio y unión homosexual.

Uno de los últimos elementos ha sido la sentencia del Tribunal Supremo de Massachusetts, según la cual no hay nada en la Constitución del Estado que impida el matrimonio entre homosexuales, y da un plazo de seis meses al Parlamento estatal para que apruebe una ley que permita esas uniones (ver servicio 164/03).

El pasado julio, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento en el que alegaba motivos de orden antropológico, social y jurídico, por los que es preciso oponerse a la legalización de las uniones homosexuales.

Los obispos de Massachusetts han pedido a los católicos, a través de una carta que fue leída en todas las iglesias del Estado, que sean conscientes de lo que está en juego después de la sentencia, y que trabajen para salvaguardar el matrimonio. Los obispos afirman que el matrimonio “no es simplemente la opción de un estilo de vida entre muchos”, por lo que redefinir el matrimonio dañaría seriamente a largo plazo la vida familiar. Una idea que ya reflejó el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe: “Si desde el punto de vista legal, el casamiento entre dos personas de sexo diferente fuese solo considerado como uno de los matrimonios posibles, el concepto de matrimonio sufriría un cambio radical, con grave detrimento del bien común”, pues la sociedad “debe su supervivencia a la familia fundada sobre el matrimonio”.

Por otro lado, los obispos dicen que el plazo que ha dado el Tribunal al Parlamento es demasiado breve para que la sociedad pueda reaccionar si lo desea: una ley se puede aprobar en seis meses, pero una enmienda constitucional no estaría lista antes de 2006.

Las organizaciones cívicas que luchan también en defensa del matrimonio -como Family Research Council, Alliance for Marriage, Focus on the Family, American Values, etc.- afirman que la homosexualidad es un fenómeno privado y que la unión de dos homosexuales no puede equipararse a la institución matrimonial, cuyos elementos y perfiles han sido definidos por la historia.

Pero su mayor empeño está siendo la propuesta de fórmulas jurídicas para defender el matrimonio. Todos coinciden en que es necesaria una enmienda constitucional -eso taponaría la vía judicial, que al final se abre o no según la opinión de cada juez-, pero no hay acuerdo sobre la formulación. El texto de la enmienda puede ser más o menos abierto hacia el reconocimiento de ciertos beneficios a las uniones homosexuales, lo cual puede ser decisivo en un procedimiento legal que requiere aprobaciones mayoritarias en las dos cámaras y ratificación de tres cuartas partes de los Estados.

Uno de los textos que se estudia es: “El matrimonio en Estados Unidos es la unión entre un hombre y una mujer. Ni esta Constitución, ni la Constitución de ningún Estado, ni la ley federal, ni la ley de ningún Estado podrá ser interpretada para conceder el estatus marital o los derechos que derivan del matrimonio a ninguna pareja no casada”.

Esta fórmula impediría el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero permitiría el reconocimiento de ciertos beneficios a las uniones homosexuales, como ocurre actualmente en Vermont. De ahí que la mayoría de las asociaciones que defienden el matrimonio prefieran que la segunda parte de la enmienda sea así: “Ni el gobierno federal ni ningún Estado podrá aprobar beneficios, privilegios, derechos o inmunidades a la existencia, reconocimiento o presunción de relaciones sexuales no maritales”.

Esta fórmula todavía dejaría hueco para que los Estados legislaran las uniones civiles entre homosexuales; sin embargo, no podrían concederles más beneficios que a otra pareja (heterosexual sin casar; dos mujeres mayores solteras; etc.).