EE.UU. debate sobre la respuesta jurídica a la pretensión del matrimonio entre homosexuales

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En EE.UU. el debate sobre la respuesta jurídica a los intentos de admitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo está en una fase de gran confusión. Tanto el presidente Bush como las asociaciones defensoras de la familia y el matrimonio coinciden en que la mejor solución es una enmienda a la Constitución federal, pero no hay acuerdo sobre el texto: ¿se debe dejar abierta una puerta a las uniones civiles, como se ha hecho en Vermont, o no? Y en caso afirmativo: ¿qué derechos tendrían?

Según las encuestas, la mayoría de la población está en contra del matrimonio entre homosexuales. Pero dentro de esta mayoría hay un porcentaje que jamás votaría a favor de una enmienda constitucional porque prefieren que sea cada Estado -competente en materia de regulación matrimonial- quien decida. Sin embargo, también hay quien piensa que la Ley de Defensa del Matrimonio (ver servicio 91/03), que ya han aprobado 38 Estados, no es garantía suficiente, pues cualquier día podría ser declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo del país.

Entre los defensores del matrimonio gay tampoco hay acuerdo, y sus movimientos van desde la vía “festiva” de conceder licencias matrimoniales fuera de la ley, como en San Francisco, hasta la exigencia de aprobar una ley que regule este matrimonio antes del 17 de mayo, como es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de Massachusetts. Por lo general, los defensores de la legalización prefieren la vía judicial, pues una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos impondría una solución nacional, como ocurrió con la sentencia que legalizó el aborto.

Enmienda constitucional en Massachusetts

El caso de Massachusetts es el que ha levantado más polémica últimamente y quizás sirva de banco de pruebas para el futuro. El 18 de noviembre, por 4 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que expresaba que sería una discriminación contraria a la Constitución del Estado impedir el matrimonio entre homosexuales; y dio un plazo de 180 días al Parlamento estatal para que aprobara una ley que permita esas uniones (ver servicio 164/03).

La sentencia fue confirmada en febrero. Pero el Parlamento, a pesar de estar entre la espada y la pared, o quizás por eso, en lugar de iniciar los trámites para aprobar la ley, formó una convención constitucional para elaborar una enmienda que prohibiera el matrimonio entre homosexuales. Tras múltiples debates, el pasado 11 de marzo aprobaron un texto preliminar, por 169 a favor y 29 en contra. El texto prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo pero permite las uniones civiles, al estilo Vermont. Los legisladores se volverán a reunir el 29 de marzo para finalizar las deliberaciones, pero aún quedan muchas votaciones.

Las enmiendas estatales tienen que aprobarse al menos tres veces en dos legislaturas consecutivas. Si se aprueba de manera continuada, esta se incluiría en la Constitución, como pronto, en noviembre de 2006 (The Washington Times, 12-III-2004). Sin embargo, la diferencia de votos ha sido muy grande y varios partidarios del matrimonio entre homosexuales han votado a favor esta vez. Lo cual hace sospechar a algunos que en la última votación, antes de que termine la convención constitucional de este año, retiren su apoyo para seguir ganando tiempo.

Debate jurídico

La prensa estadounidense se ha hecho eco de un debate que está trabado de elementos jurídicos, electorales y morales. En el aspecto jurídico, se puedan destacar las posturas de John Yoo -hasta hace poco segundo del fiscal general- y Edwin Meese III -ex fiscal general- en The Wall Street Journal (27-II y 10-III-2004).

Según Yoo, una enmienda a la Constitución en consonancia con el sistema federal debería dejar a cada Estado decidir por sí mismo, como se ha hecho hasta ahora. Así, quienes han criticado la imposición del aborto en todo el país por sentencia del Tribunal Supremo (Roe v. Wade) no deberían permitir que la iniciativa de un Estado -como pueda ser Massachusetts- decida la política matrimonial del resto. Si cada Estado pudiera decidir la política respecto del aborto, no sería un motivo de división política nacional, y no viviríamos pendientes de una posible revisión de la sentencia, cada pocos años, concluye.

El mismo día, un editorial del periódico coincidía con Yoo en la solución estatal, pero expresaba que los defensores del matrimonio entre homosexuales no desean esta vía, sino imponer una solución nacional a través de los tribunales. De ahí que el presidente Bush se haya pronunciado a favor de una enmienda constitucional. A diferencia de la vía del Supremo -que, en última instancia, impone la opinión de siete jueces-, una enmienda no es una solución federal sino federalista, ya que requiere el voto favorable de las dos terceras partes de ambas Cámaras y, luego, el del 75% de los Estados.

Edwin Meese III, por su parte, afirma que la mayoría de la población piensa que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; que ningún Estado ha legalizado el matrimonio homosexual, de manera que no puede forzar las leyes de los demás o las del país; y que, de momento, la ley de Defensa del Matrimonio de 1996 no ha sido sometida a escrutinio constitucional. Efectivamente, una enmienda constitucional desarmaría a los jueces y defendería una institución fundamental para la sociedad. Pero también trastocaría las competencias entre el gobierno federal y los Estados. Y, como se observa, concluye Edwin Meese III, los Estados ya se están encargando de aprobar leyes, como la LDM, e incluso comenzar procesos de enmienda constitucional.

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