Un modo de ampliar las opciones para aprender

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¿Por qué limitar la oferta educativa a lo que puedo encontrar dentro de las cuatro paredes de mi escuela local? Esta es la pregunta que está detrás de los Course Access Programs (CAP), que permiten a los estudiantes de high school realizar algunos estudios, válidos para su currículum y financiados con dinero público, a través de plataformas online, pero sin dejar de estar matriculados en su correspondiente instituto. Se trata de favorecer un proceso educativo más personalizado, y de hacer accesible una formación de calidad sin que el lugar de residencia sea una restricción. Los proveedores de estos cursos pueden ser otras escuelas, grupos de profesores o empresas privadas (con o sin ánimo de lucro).

Los CAP son una realidad cada vez más presente en Estados Unidos, aunque el número de alumnos que participan en alguno de ellos es aún marginal. Desde que Minnesota aprobó la primera ley autorizándolos en 2006, otros nueve estados ya han legislado en el mismo sentido. Sin embargo, su implantación no siempre ha sido pacífica, pues habitualmente ha contado con la oposición de los sindicatos de profesores estatales y de ciertos grupos en defensa de la escuela pública.

La iniciativa privada ha provocado una reacción por parte de la escuela pública, que ha entrado a competir

Distintas fórmulas

En la mayor parte de los casos, estos cursos se han especializado precisamente en aquellas materias que muchos alumnos no encuentran habitualmente en sus escuelas: programas avanzados que sirven para ganar créditos universitarios (Advanced Placement), asignaturas con un claro componente técnico, etc.; pero también se ofertan otras más comunes (idiomas, física, cálculo) a las que algunos estudiantes de zonas rurales no tienen acceso por la limitada oferta de sus colegios locales, pero que querrían cursar de cara a una futura carrera u ocupación profesional.

El sistema no se ha aplicado igual en todos los estados que lo han legalizado. En algunos, los cursos funcionan como alternativas a asignaturas ofrecidas por el centro (de las que el estudiante queda exento), mientras que en otros solo cuentan como “complementos curriculares”. También hay diferencias en cuanto a los proveedores que pueden ser elegidos: Oklahoma o Minnesota solo aceptan los programas desarrollados por otras escuelas del distrito, sean públicas o concertadas (charters), mientras que otros estados como Utah o Louisiana permiten la participación de agentes externos (grupos de profesores, empresas privadas, universidades…).

Tampoco es igual la carga de estudios que el alumno puede realizar a través de estas plataformas: en Georgia no hay límite, pero sí en la mayoría de estados (la mitad del día escolar en Minnesota, tres cursos al año en Texas y Carolina del Sur). Por último, el modo de financiación y de pago también varía: en algunos sitios los fondos se deducen de la asignación por alumno que el estado concede a cada distrito, en otros la administración asigna una cantidad adicional, y en otros depende de si el proveedor es público o privado. Para controlar la productividad del curso, la mayoría de estados congela una parte del pago (o todo) hasta que el alumno ha completado el programa.

Los CAP ofrecen un servicio al alumno, pero también pueden ser una solución para el problema de la falta de profesores en los colegios públicos. Según algunas encuestas, el índice de satisfacción entre los docentes que trabajan en este sector ha disminuido drásticamente en los últimos años. Una de las razones son los bajos salarios, pero la gran mayoría de los encuestados cita también la rigidez que ha introducido en la docencia la obsesión por preparar a los alumnos para los exámenes estandarizados, cuyos resultados influyen decisivamente en la valoración del profesor.

En algunos casos, los cursos funcionan como alternativas a asignaturas ofrecidas por el centro, mientras que en otros se consideran “complementos curriculares”

La iniciativa privada no siempre es bienvenida

La participación del sector privado no ha sentado bien a los sindicatos de profesores, sobre todo si el dinero que va a parar a los proveedores externos se extrae del presupuesto del distrito. Otra de las objeciones era la poca regulación de los cursos privados, algo que podía repercutir en la formación de los estudiantes.

En Louisiana, el único estado donde se han aprobado CAP presenciales, el sindicato de profesores mayoritario denunció una primera versión de la ley porque, como después confirmó el Tribunal Supremo estatal, la constitución manda que los fondos públicos destinados a la educación vayan a parar a los distritos públicos, y no a proveedores privados. El fallo obligó a cambiar la ley para establecer una forma de financiación diferente, que no detrajera fondos de los institutos públicos.

En otros lugares la iniciativa privada ha provocado una reacción por parte de la escuela pública, que ha entrado a competir en el mercado de los CAP. En Utah los distritos comenzaron a ofrecer sus propios cursos, y actualmente copan la mayoría de la demanda. Algo parecido ocurrió en Minnesota:la Minnesota Virtual Academy, una iniciativa pública pero que desarrolla sus programas en colaboración con el proveedor privado K12 Inc., es donde estudian casi todos los alumnos de CAPs del estado. Dos ejemplos de cómo la entrada del sector privado puede dinamizar el mercado educativo y dotar a los padres de más opciones para escoger la formación de sus hijos.

En Nevada, la opción por la libertad de elección ha ido aún más lejos (cfr. Aceprensa, 18-06-2015). A principios de junio se aprobó una ley –que entrará en vigor en enero de 2016– por la que a los padres de los alumnos que no quieran estudiar en un centro público se les ingresa en una cuenta (llamada ESA, Education savings account) el equivalente al 90% del gasto estatal por alumno, que pueden invertir en una escuela privada (también para pagar el coste del desplazamiento), en clases online, en servicios personalizados de tutoría, en las tasas de los exámenes estandarizados, o incluso en libros; otra opción es dejar al hijo en el colegio público pero contratar parte de los servicios educativos con otro proveedor, en cuyo caso la cantidad ingresada en la cuenta es menor. La ley de Nevada supone un cambio de mentalidad en cuanto al papel de la administración en la educación: dejar de ser el proveedor por defecto para convertirse en el garante de un derecho.

Los proveedores de estos cursos pueden ser otras escuelas, grupos de profesores o empresas privadas

Libertad con exigencia

Programas como los CAP o las ESA de Nevada suponen una decidida apuesta por la libertad de elección en el ámbito educativo, pero incluyen algunos retos evidentes. El primero y más importante es asegurar la calidad de los cursos.

Un informe de dos think tank dedicados a la reforma educativa examina este y otros riesgos en la implementación de los CAP, que definen como una herramienta prometedora pero necesitada de regulación. En el capítulo de recomendaciones abogan por crear mecanismos de evaluación de los cursos, fomentar la colaboración entre la escuela pública y los proveedores privados, establecer marcos de financiación flexibles pero estables, y mejorar la comunicación con los padres, especialmente los de alumnos con desventajas educativas.

Esta es una preocupación especialmente relevante, ya que en varios estados de los que han adoptado el modelo CAP, se ha comprobado que los alumnos que participan en estos cursos son mayoritariamente blancos y de buena posición social, justo los que menos necesitan del aporte que estos programas facilitan.

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