Una comisión independiente recomienda dejar libres los precios de las matrículas universitarias en Inglaterra y dar a los estudiantes más facilidades de pago. En cambio, liberales y laboristas quieren abolir las tasas y financiar las universidades con un impuesto especial a los graduados.
Que el dinero vaya adonde el estudiante quiera ir: es un principio fundamental de la nueva propuesta para reformar la financiación de las universidades inglesas (las otras partes del Reino Unido tienen sus propios sistemas). La idea es de una comisión presidida por lord John Browne, ex presidente de BP (1). Fue encargada por el anterior gobierno laborista de Gordon Brown, pero no suscribe las ideas de este partido. Lo que ya no sería problema, si no fuera porque los liberal-demócratas, hoy en el poder junto con los conservadores, en esta materia piensan como la oposición.
La misión confiada a lord Browne era hallar una fórmula para remediar la insuficiente financiación de las universidades sin cerrar el paso a los estudiantes con menos medios ni cargar todo el esfuerzo adicional sobre el erario público.
La lógica de Browne es clara: vincular los ingresos de las universidades a su atractivo para los estudiantes. Ahora cuesta prácticamente lo mismo (el tope legal) estudiar en Cambridge o en una universidad de segunda fila, lo que envía señales distorsionadas a la demanda y no estimula a mejorar la oferta.
Un impuesto a los graduados
Ese planteamiento suena demasiado liberal hasta a los liberal-demócratas, que en su programa se declaran a favor de abolir las tasas, como se hizo en Escocia en 2007 (por acuerdo del anterior gobierno de coalición liberal-laborista). Pero como reconocen que en Inglaterra ya no es factible que el Estado ponga todo el dinero a fondo perdido, y menos en estos tiempos de drásticos recortes presupuestarios, proponen financiar la educación superior con un impuesto especial a los titulados. Creen que sería la fórmula más justa: no impediría a nadie entrar por falta de dinero o temor a contraer una deuda gravosa, y a la vez la enseñanza sería sufragada por sus mismos beneficiarios, y en proporción a los beneficios que sacaran de ella. Los laboristas tienen la misma idea. También en Escocia está planteada, porque pagar la carrera a los estudiantes lleva camino de hacerse insostenible.
La comisión Browne consideró esta solución y la descartó por varias razones. Sería, dice, un impuesto vitalicio, de modo que los graduados podrían acabar devolviendo al Estado mucho más de lo que recibieron. Los estudiantes aún necesitarían créditos para manutención, que una vez licenciados tendrían que devolver, además de pagar el impuesto; en cambio, en el adelanto propuesto en el informe entraría todo. Con el impuesto, el Estado tendría que aportar dinero adicional por un buen número de años, quizá 25, hasta que la recaudación igualara el gasto. Aparte de esos inconvenientes prácticos, la comisión ve otro de principio: no habría relación entre las asignaciones a las universidades y la calidad de la enseñanza o la satisfacción de los alumnos.
Esa misma objeción ponen también las propias universidades, al menos las más prestigiosas, que se han pronunciado en contra del impuesto a los graduados y a favor de la propuesta Browne. Quieren que sus ingresos dependan de los precios que ellas fijen y de las preferencias de los alumnos para que no se los fije el Estado.
Por su parte, el gobierno se ha declarado de acuerdo con las propuestas del informe “en líneas generales”. Parece que los conservadores las suscribirían, pero no pueden comprometerse por la discrepancia de sus socios de coalición. Por eso pueden acabar llevando al Parlamento una solución intermedia entre la de Browne y la de liberal-demócratas y laboristas. Ya han dejado caer un esbozo: subir el tope de las matrículas a 7.000 libras anuales, exigir un tipo de interés más alto a los graduados con más medios y eximir parcial o totalmente de la devolución a los de menores ingresos.
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Notas
(1) “Securing a sustainable future for higher education in England”, Oct. 2010, 64 págs.