Pontificia Universidad Católica del Perú: ni católica ni pontificia

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La hasta ahora Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ya no podrá llamarse ni pontificia ni católica. La excepcional decisión de la Santa Sede, dada a conocer el pasado fin de semana por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, presidida por el cardenal Tarcisio Bertone, es el desenlace de un conflicto que se arrastra desde hace años.

En la raíz de esta medida está la modificación unilateral, por parte de los dirigentes universitarios, de los estatutos de la universidad, fundada en 1917 y erigida canónicamente con Decreto de la Santa Sede en 1942. Los cambios estatutarios, introducidos en varias ocasiones desde 1967, han perjudicado “gravemente” los intereses de la Iglesia.

Según la nota de la secretaría vaticana, “a partir de 1990, la Universidad ha sido requerida por la Santa Sede en múltiples ocasiones a adecuar sus Estatutos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae (15 de agosto de 1990), sin que haya respondido a esta exigencia legal”.

El rectorado de la PUCP, en respuesta a la demanda de la Santa Sede, expresó que dicha adecuación se efectuaría únicamente si el arzobispado limeño renunciaba a su deseo de gestionar los bienes de la universidad. No obstante, según recuerda la Secretaría de Estado vaticana, “la participación de la Archidiócesis de Lima en el control de la gestión patrimonial de esta entidad ha sido confirmada en varias ocasiones con sentencias de los Tribunales civiles del Perú”.

“La Santa Sede –concluye la nota– seguirá atentamente la evolución de la situación de esta Universidad, deseando que en un futuro próximo las Autoridades académicas competentes reconsideren su posición con el fin de poder revisar las presentes medidas”.

Pulso constante con la Iglesia

Variados son los temas en los que la docencia y la doctrina católica se dan la espalda en una institución que pretende seguir mereciendo el título de “católica”.

El caso del presbítero Gastón Garatea es una muestra del pulso que entabló el rectorado de la PUCP con las autoridades eclesiásticas locales. En mayo pasado, en abierto desafío a la decisión del arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, de no renovarle a Garatea las licencias para ejercer el sacerdocio en esta jurisdicción eclesiástica, la PUCP decidió nombrarlo profesor honorario.

La discreta sanción del Arzobispado obedeció al público apoyo del P. Garatea a los argumentos de los grupos de presión gay, e incluía el cese de sus funciones como asesor en temas de responsabilidad social en la PUCP. Sin embargo, la universidad reaccionó promoviéndolo como Asesor de la Dirección Académica de Responsabilidad Social por “su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, de la igualdad y de la tolerancia”.

Asimismo, la PUCP abrió las puertas a una de las promotoras más activas del aborto en Iberoamérica: la abogada colombiana Mónica Roa, quien el 21 de febrero fue ponente en un curso de posgrado.

Roa, quien llegó a publicar una fotografía suya disfrazada de “obispa”, es actualmente directora de Women Worldwide Link y consultora del Center for Reproductive Rights, dos organizaciones que promueven iniciativas judiciales para lograr que el aborto sea aceptado como un derecho humano en todo el mundo. En su presentación en la universidad peruana, la abogada colombiana habló de casos jurídicos sobre aborto, uniones homosexuales y fecundación artificial, sobre los cuales es conocida su postura anti-vida y anti-familia.

Temas de conflicto

En una entrevista con Zenit, el 24 de febrero pasado, el arzobispo metropolitano de Ayacucho, Salvador Piñeiro, dio detalles del diferendo que enfrentaba a la PUCP con el arzobispado limeño, a cargo del cardenal Juan Luis Cipriani.

“Había dos temas que eran aparentemente de conflicto. Uno es que la universidad quiere que la asamblea elija al rector, pero debemos saber que en la vida de la Iglesia hay la parte jerárquica y democrática. Entonces lo que pide la Iglesia es que la asamblea denomine una terna con tres posibles rectores, como sucede en todas las universidades católicas.

“El otro tema de conflicto –en que mucho daño ha hecho la interpretación de alguna prensa sesgada–, es que el arzobispo de Lima quiere acaparar la economía… ¡No señores!, la Iglesia también cuida los bienes que con tanto sacrificio se han labrado en esta querida universidad católica del Perú. Por eso nos ha dicho el cardenal Bertone que de alguna manera lo supervise la Conferencia Episcopal Peruana”.

Lamentablemente, las buenas perspectivas de monseñor Piñeiro no se cumplieron, y el pasado 11 de julio, el cardenal Bertone debió comunicar al rector de la universidad, Marcial Antonio Rubio Correa, “la notable decepción con que esta Secretaria de Estado ha ido percibiendo la orientación que ese Rectorado daba a la problemática, (…) Llama particularmente la atención el modo de presentar en ella las indicaciones recibidas de la Santa Sede y el papel desempeñado por el Arzobispo de Lima. Esa interpretación ha sido causa de desinformación para la comunidad universitaria, para los fieles y los ciudadanos en general”.

El rector Rubio Correa, en la misiva del 9 de mayo, comunicaba a la Santa Sede que “la única manera de lograr la paz plena que la Universidad y los obispos peruanos desean, según pública declaración, es que el Cardenal Juan Luis Cipriani deje de ser el interlocutor entre la Jerarquía de la Iglesia y las autoridades de la Universidad, pues muestra una reiterada voluntad personal de conflicto y de ventilarlo públicamente, agraviando a la Pontificia Universidad Católica del Perú”.

La misiva vaticana del 11 de julio aclaraba asimismo, en cuanto al tema de la administración de los bienes de la PUCP por parte de la Iglesia, que “sobre este punto se han pronunciado los tribunales del Perú. Se trata de un derecho-deber a favor de la Iglesia de Lima, que busca sólo garantizar la transparencia y ejemplaridad en dicha administración patrimonial y su adecuación a los fines fundacionales de esa Universidad”.

Por su parte, conocida la decisión de la Santa Sede, el arzobispo de Lima, monseñor Cipriani, expresó que las autoridades de la PUCP convirtieron el tema en un ataque contra él, “buscaron dividir a la Conferencia Episcopal, y en otras ocasiones decir cosas no correctas”.

“Confíen en el Santo Padre y vuelvan por el camino de sus fundadores antes de llegar a los cien años de la universidad”, añadió.

De momento, sin embargo, no parece que el propósito de la PUCP sea la rectificación. En una entrevista concedida a un portal electrónico, el rector Rubio Correa dijo que la universidad tiene registrada las denominaciones de “pontificia” y “católica”.

“Este es nuestro nombre oficial y a través de él somos reconocidos nacional e internacionalmente. Tenemos el pleno derecho a seguir utilizándolo mientras lo consideremos conveniente. Cualquier decisión que se tome al respecto es potestad de los organismos de gobierno de la propia Universidad”, manifestó.

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