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Polémica en torno a la educación concertada en España

publicado
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La enseñanza privada pide que la planificación de puestos escolares responda a la demanda de las familias
La política de conciertos educativos en algunas comunidades autónomas, especialmente Asturias, ha provocado protestas por parte de los centros privados concertados y de las familias que optan por ellos. La retirada de conciertos se justifica con el argumento de que no se debe financiar con fondos públicos la enseñanza privada cuando la pública se basta para atender las necesidades de puestos escolares. Los centros concertados responden que la planificación ha de tener en cuenta también la demanda de enseñanza privada por parte de los padres.

Hace un año, la Mesa de la enseñanza concertada emitía un informe (ver suplemento 2/00) según el cual, el 34% de los alumnos españoles (un millón y medio) asistían a centros concertados. Estos últimos conforman el 30% de los centros de enseñanza no universitaria española. Las dos grandes patronales de la enseñanza privada -la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que agrupa 5.000 entidades educativas, y Educación y Gestión (2.400 colegios y un millón y medio de alumnos)- han salido al paso del reciente anuncio, por parte del gobierno socialista de Asturias, de la retirada de conciertos a 52 aulas.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE coinciden en una política restrictiva de los conciertos que, según el director de la Asesoría Jurídica de FERE, Fernando López Tapia, tiene como objetivo «reducir la oferta de la concertada de una forma forzada, ya que, siempre que quitan una unidad es una situación traumática, porque afecta a profesores que pueden ir al paro; pero si la suprimen con demanda de alumnos, es algo inconcebible».

«Si es más barato el coste en nuestra oferta privada concertada y hay gran demanda de los padres, ¿qué puede explicar tanto ataque y tanta restricción?». Es una de las reflexiones de Néstor Ferrera, Presidente de Educación y Gestión, en un reciente editorial del nº 55 de la revista oficial de esta confederación de centros (disponible en http://www.eyg.es/revistas). «No se puede seguir construyendo centros públicos en zonas ya atendidas cuando no hay previsiones de aumento de la natalidad. Que no vengan después, cuando estos centros se queden sin alumnos, a proponer quitar los conciertos a los privados, que son más antiguos y con fuerte demanda, sólo por el criterio de ‘llenar los otros centros’. Ya es hora -concluye Ferrera- que digamos con claridad qué es lo que está pasando en esta absurda batalla de la busca y captura del niño para mantener unas aulas que se vacían por la caída de la natalidad. Ofrezcamos calidad y que los padres elijan. Hay que racionalizar el gasto público, con una buena planificación que cuente con la demanda social como criterio prioritario».

Los padres opinan

La CEAPA, la principal organización de padres de alumnos de la enseñanza pública, que preside Eulalia Vaquero, defiende «la reducción de los conciertos con la enseñanza privada donde no haya necesidades de escolarización»; si las hay, «se exigirá prioritariamente la construcción de nuevos centros». El primer objetivo del plan 2000-2001 de la CEAPA fue la promoción de la escuela pública, la mejora constante de sus recursos y el reconocimiento de su papel como servicio público fundamental.

«Las consejerías de educación de casi todas las comunidades autónomas -se dice en un editorial de la revista de CEAPA, nº 62, paradigmático de la mentalidad estatista- están pagando con dinero público a colegios que seleccionan a niños de edades comprendidas entre 0 y 6 años». La CEAPA acusa a los centros concertados de no admitir alumnos de minorías o con necesidades educativas especiales. Y asegura que el motivo no es la insuficiencia económica de los conciertos, sino «su ideología reaccionaria y contraria a una escuela integradora». Así, concluye el editorial, «las APAs debemos exigir a las administraciones autonómicas que creen plazas escolares infantiles en la escuela pública, que dejen de concertar centros privados, e impedir su interés por desviar alumnos a centros concertados elitistas».

José Manuel Contreras, nuevo presidente de CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), era hasta ahora presidente de la Federación navarra. Tiene tres hijos, que estudian en un colegio dirigido por religiosos maristas. Contreras considera que «la escuela pública gana en calidad con la existencia de la escuela concertada, y viceversa». Sobre la postura de la CEAPA, la otra gran organización de padres de alumnos, Contreras señala que «me parece una forma dictatorial de concebir la vida, que elimina el derecho de poder hacer con mis hijos lo que creo más oportuno».

Libertad de elección de centro

El pasado 5 de junio, José Luis Fernández Santillana, secretario general de la federación de enseñanza de USO, uno de los sindicatos con mayor implantación en la enseñanza concertada, denunciaba en una carta a la ministra de Educación la discriminación que padece la enseñanza concertada en algunas comunidades autónomas, en las que -según el sindicato- se vulnera el derecho constitucional a la elección de centro. USO reclama que los conciertos se extiendan a la Educación Infantil (EI), de los 3 a los 6 años, y que se reforme el Reglamento de Normas Básicas de Conciertos Educativos, con reflejo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Amparo Valcarce, portavoz socialista en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, ha manifestado que su partido cree necesario «un diálogo sobre la enseñanza concertada para garantizar la gratuidad del puesto escolar concertado y la escolaridad equilibrada». Sobre la extensión de los conciertos a la EI, Valcarce señala que en su partido entienden que «la concertación no es el método adecuado, que de acuerdo con la LOPEG debe ser el de las becas, en el marco de convenios para garantizar la escolarización equilibrada de las minorías. Los socialistas queremos resaltar el principio de la programación general de la enseñanza, que es un principio constitucional desarrollado en la LOGSE. Entendemos que, según ese principio, cuando existen suficientes puestos escolares no es necesaria la concertada».

Hoy por hoy, el coste de la plaza escolar no queda cubierto con el módulo financiero del concierto. Por un lado, la actualización del módulo (2%) no va al ritmo del crecimiento del IPC (4%). El concierto no contempla los gastos de funcionamiento (administración, cargos directivos) y estructurales, que deben ser cubiertos por los padres, mientras que en la enseñanza pública no es así. La LOPEG contemplaba la actualización de un módulo mínimo de concierto a la vista de la implantación de la reforma educativa. Ese módulo mínimo de concierto fijado por la Administración estatal debía regir en todas las comunidades autónomas, que podrían mejorarlo pero nunca disminuirlo. El módulo del concierto no contempla los gastos de amortización e inversiones de los centros. Desde la enseñanza privada concertada se reclaman fondos para retribuir los cargos de coordinación pedagógica y de orientación, que el Estado financia en la enseñanza pública.

El caso asturiano

En algunas comunidades autónomas gobernadas por los socialistas (Asturias, Murcia, Extremadura, Andalucía), los responsables de Educación argumentan que si hay menos niños y sobran plazas en los centros públicos, deben retirarse los conciertos en los privados. En Asturias, el gobierno autónomo ha decidido cerrar 52 aulas concertadas, alegando la caída de la natalidad y la necesidad de repartir equitativamente el descenso de alumnos entre la pública y la concertada.

Para la CECE, «este modo de proceder vulnera el derecho constitucional de elección de centro por los padres y la normativa en vigor que lo desarrolla». Fernández Santillana considera «poco serio recurrir al tema del descenso de la natalidad, que no es nuevo, para encubrir errores manifiestos en la política de planificación de la enseñanza pública. Mientras algunos centros públicos tienen una dotación de profesorado sobredimensionada por la falta de alumnos, se pretende retirar el concierto a aulas concertadas plenamente ocupadas, e incluso con excedentes en la demanda. Parece claro que en algunas comunidades autónomas, como Asturias, existe una voluntad política sistemática que pretende reducir en un 20-30% la enseñanza concertada. Es demagógico apelar al equilibrio entre pública y privada, pretendiendo que la enseñanza concertada ha detraído alumnos a la pública. (…) La implantación de la LOGSE ha elevado el número de alumnos de la enseñanza obligatoria, que ahora llega a los 16 años. Es lógico que existan más aulas concertadas porque hay más niveles de enseñanza obligatoria. Los alumnos no se detraen de ningún sitio: ya estaban allí, en los centros concertados».

Miguel Ángel Sancho, consejero delegado de Fomento de Centros de Enseñanza, que atiende cerca de 20.000 alumnos en 11 comunidades autónomas españolas, aprecia «un sistema marcado por la heterogeneidad y la dispersión. Sería deseable una mayor vertebración del sistema, quizás a través de la Alta Inspección». La entidad que dirige Sancho tiene concertadas el 52% de sus aulas de Primaria y Secundaria Obligatoria, y el 63% de las aulas de Ciclos Formativos. De 152 aulas de infantil, están concertadas 14 (9%).

Para Sancho, «el Estado no acaba de cumplir con su misión de garante del derecho a la educación, en su doble vertiente (derecho-prestación y derecho-libertad)». El actual sistema de conciertos, añade, «provoca situaciones deficitarias para los centros concertados, que se ven obligados a soportar unos costes que la subvención no cubre. Si a este hecho se unen la imposición de unas ratios difíciles de soportar y un anárquico sistema de dotación de centros (apertura de centros públicos enfrente de otros preexistentes, públicos o privados), se concluye que el sistema está necesitado de mayores dosis de racionalidad y libertad, que garanticen la calidad de la enseñanza y un buen servicio a las familias».

Educación Infantil: batalla por el niño

Parece claro que la «batalla por el niño» se plantea preferentemente en la EI. Y ello, por una tendencia de los padres a que el hijo prosiga la Primaria en el centro o la entidad educativa titular donde cursó la Educación Infantil. Esta tendencia de los padres se encuentra -en ocasiones- con problemas derivados de la política de conciertos de las autoridades autonómicas. Así, si un centro tiene concertada la educación primaria y la secundaria pero no la infantil, se obliga a los padres a un doble proceso de admisión, que desencadena todo tipo de angustias y maniobras para obtener una plaza en primaria, que no está asegurada por el hecho de haber cursado la EI en el centro.

Representantes sindicales de los trabajadores de la enseñanza pública han afirmado que «mientras la oferta de EI pública no cubra la demanda, no queremos ni oír hablar de conciertos». Para el responsable de Enseñanza del sindicato USO, la extensión del concierto a la EI no sólo es razonable sino necesaria para obviar una discriminación -a su juicio- evidente. «Precisamente porque nos parece bien que la EI de la enseñanza pública sea gratuita -dicen en USO-, solicitamos lo mismo para la concertada. A la vista de los niveles de escolarización en el 2º ciclo de EI, que rondan el 100%, no tiene sentido negar a ese nivel el carácter de básico. De este modo se facilitaría la continuidad. En cuanto a la opinión de algunos sindicatos, convendría recordar que no es el Estado el encargado de establecer la demanda educativa, sino las familias».

«Me parece -concluye el secretario de la federación de enseñanza de USO- que, en las actuales circunstancias, convendría apelar a la capacidad de respuesta social de la comunidad escolar concertada en la legítima defensa de la operatividad del derecho a la libertad de enseñanza. Espero que la larga experiencia negociadora de la escuela concertada no merme su capacidad combativa».

Sobre este último punto, el presidente de CECE piensa que hay bastante razón cuando se afirma que ha existido una postura pasiva por parte de los representantes de la escuela privada concertada (patronal, padres, profesores), que generalmente han evolucionado a remolque de los acontecimientos. «Por un lado, las patronales tendrían que haber sido más dinámicas en el ejercicio de acciones para la defensa de los centros. Por otro lado, una pasividad difícilmente justificable ha llevado a la inhibición de los padres y de las entidades en las que están integrados, que han dejado solos a los centros».

Alberto FijoInmigrantes y enseñanza concertadaEn el último número de su revista, la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) publica un informe titulado «Escuela Concertada: 5 tópicos, 5 compromisos» (1). Reproducimos el contenido del que se considera el primer tópico: la concertada no integra a minorías.

Salvo en Madrid, no hay datos exactos sobre la presencia de estudiantes inmigrantes en los centros educativos españoles. Lo más aproximado habla de unos 96.000 alumnos inmigrantes en toda España, según estimaciones del Ministerio de Educación. La Comunidad de Madrid -con unos 36.000 alumnos de estas características- y Barcelona, junto con algunas zonas de Andalucía y Ceuta, son los lugares de España donde se da una mayor presencia. La escuela concertada en Madrid capital -donde tiene la casi totalidad de sus centros- ha pasado de tener 1.410 alumnos en el curso 96-97, el 22,44% del total, a 3.376 en el 98-99 y a 7.598 en el 2000-2001, el 34,35% del total de 22.000 inmigrantes escolarizados. Son datos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, los únicos oficiales y fiables. Dado que la concertada representa un 40% del total de la enseñanza, está claro que su evolución y la cifra actual, seis puntos por debajo de lo que le correspondería, se acercan mucho a lo razonable. Cataluña va mucho más retrasada que Madrid. No obstante, mientras la pública catalana ha inscrito 3.621 alumnos, 61% más, para el próximo curso, la concertada contará con 1.034, un 94,7% más.

Pero hay dificultades objetivas que deben ser tenidas en cuenta:

1. Las comparaciones no son homogéneas. En las estadísticas de integración de minorías, la escuela pública contabiliza el tramo gratuito de Infantil y el de Bachillerato, es decir, más alumnos. La escuela concertada no puede hacerlo.

2. El Segundo Ciclo de la Educación Infantil (3 a 6 años) es gratuito en los centros públicos. No está concertado salvo en cifras simbólicas. Es lógico que un inmigrante acuda a un centro público gratuito porque no puede pagar la enseñanza. Es casi imposible que, a los 6 años, opte por cambiar al concertado. Algunas asociaciones, CEAPA y sindicatos denuncian que la escuela concertada no escolariza suficientemente a los inmigrantes, pero rechazan los conciertos en este ciclo, lo que hace imposible acortar las diferencias. Saben que si los conceden, se acabaría el problema y crecería la demanda en los centros concertados. Además, el Ministerio de Educación hace transferencias para la gratuidad de ese ciclo que algunas comunidades dedican a otros fines. Y, finalmente, quienes optan por pagar la Infantil en un centro privado, pueden no tener plaza en ese mismo centro en la Primaria concertada.

3. No es lo mismo escolarizar que integrar. De nada sirve presentar altas estadísticas de escolarización de alumnos inmigrantes si luego, por las razones que sean, no se produce la integración. En los centros públicos cualquier niño tiene garantizado un puesto escolar; los concertados tratan de integrar a ese alumno y de que no abandone los estudios. La estadística de cuántos alumnos matriculados en centros públicos y concertados terminan el curso sería esclarecedora.

4. Por razones históricas, los centros concertados están hoy ubicados en el centro de las ciudades, aunque en sus orígenes muchos estaban en la periferia. Por otra parte, la política de construcción de centros públicos cubre preferentemente estas zonas, que es donde se instala la mayor parte de la población inmigrante. Pero, además, cuando un centro concertado ha ido o ha propuesto ir a un área deprimida, la Administración central o autonómica se ha encargado de poner centros públicos al lado.

5. Las diferencias entre un centro público y uno concertado no están sólo en la gratuidad de la enseñanza. Un centro concertado no puede competir con uno público, porque en los primeros, ni el comedor ni el transporte, por ejemplo, son gratuitos. Lógicamente, una familia con problemas económicos elegirá un centro público con comedor y transporte gratuitos. Además, los centros concertados reclaman la dotación de personal de apoyo para poder atender adecuadamente a las minorías con necesidades especiales. Un profesor con una clase con niños rumanos, saharauis, polacos, etc., no está capacitado para atender adecuadamente esa diversidad. Pero los centros concertados no cuentan con profesores de apoyo porque el Estado ni los paga ni los envía. Los centros públicos sí los tienen.

_________________________(1) Texto íntegro disponible en Internet (http://www3.planalfa.es/fereactualidad/Revista_FERE_(Total).htm).

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