Contrapunto
El 30 de abril, el nuevo gobierno socialista español anunció que preparará un decreto para dejar en suspenso la aplicación de varios preceptos de la LOCE, la ley de educación aprobada en la legislatura anterior, con mayoría del Partido Popular. Una de esas disposiciones es la que instaura una asignatura común de Sociedad, Cultura y Religión, con dos versiones a elegir: confesional y no confesional. La religión, pues, seguirá siendo solo confesional, no evaluable y sin asignatura alternativa para los alumnos que no la elijan.
Esto no satisface a veinte organizaciones que unos días antes publicaron un manifiesto. En él piden al gobierno que suprima por completo la clase de religión en los colegios públicos. Alegan que la escuela pública debe ser «laica» y que «las creencias religiosas forman parte del ámbito de lo privado».
Es una opinión. No vamos a negar a un partido político, como Izquierda Unida, o a una ONG humanitaria, como SOS Racismo, el derecho de expresar una postura sobre la religión y su enseñanza. De todas formas, como la cuestión compete ante todo a las familias, es más significativo que también firme el manifiesto una federación de asociaciones de padres, la CEAPA. Si bien existen otras organizaciones de padres, como CONCAPA y COFAPA, que piensan lo contrario y así lo declaran. De modo que hay divergencia de opiniones.
No hace falta, sin embargo, presenciar una competición de manifiestos para saber cuál es la opinión más extendida. Las decisiones de los propios interesados son el plebiscito seguro, y el resultado es claro: el 72% de los alumnos de escuelas públicas eligen la clase de religión. Representar a la minoría no quita a la CEAPA y demás firmantes del manifiesto el derecho a declarar su opinión, aunque debería darles que pensar.
Pero las veinte firmantes parecen persuadidas de que lo suyo es más que una opinión. Contra la postura contraria, el manifiesto emplea el tono que se dedica a lo intolerable. «El nuevo gobierno no puede permitir que ocurran este tipo de cosas en un estado Estado laico», dice. Y añade que los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, que contemplan la enseñanza de la religión en las escuelas, están animados por «la intención de anular la libertad de conciencia de los ciudadanos».
Las veinte están tan inflamadas en el espíritu de cruzada (laica), que no se detienen a pensar cómo tantos ciudadanos pueden dejar que les anulen la libertad de conciencia. Tampoco explican cómo, puesto que la clase de religión es optativa, va a haber más libertad si se suprime la opción.
Lo más claro del manifiesto es la intransigencia de los firmantes. Acusan a la Conferencia Episcopal de presionar al gobierno y tratar de «amedrentarlo». El motivo es el texto, leído en las iglesias el domingo 25 de abril, que insta a los padres católicos a inscribir a sus hijos en la asignatura de religión. ¿Y qué otra cosa sino presionar al gobierno pretende el manifiesto? Pero estas organizaciones no quieren participar en un debate social: en esta disputa pretenden jugar de árbitro.
Rafael Serrano