Los estudios y experimentos llevados a cabo hasta ahora no son concluyentes, aunque apuntan en qué condiciones la medida puede ser más efectiva.

El PSOE, el principal partido del gobierno español actual, presentó la pasada semana una proposición no de ley que insta a reducir la ratio de alumnos por profesor en los centros educativos “de alta complejidad social”. Sin embargo, la evidencia científica no muestra que esa medida sea siempre eficaz. La propuesta socialista se debe debatir ahora en la Conferencia sectorial de Educación, de la que son parte, además de los representantes del gobierno central, los respectivos consejeros autonómicos. El ejecutivo pretende que esta bajada sea permanente, pero aún no ha aclarado cuáles serán los criterios que determinen los centros beneficiarios de la medida. Más alumnos, pero sobre todo en la concertada Tampoco se conoce hasta el momento si se reducirá la ratio alumnos/profesores o el número de estudiantes por clase. Aunque ambos indicadores están relacionados, no son lo mismo. La ratio es el cociente entre el número de estudiantes y el de docentes en un centro educativo. Así pues, incluye a los profesores ayudantes (por ejemplo, en los laboratorios), o los que imparten los llamados “desdobles” y las asignaturas optativas. En cambio, el segundo término, el tamaño de la clase, se refiere al número medio de alumnos en los grupos estables; es decir, los que están habitualmente juntos en una misma aula. En España, ambos valores están por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea, aunque con importantes diferencias por redes educativas. De hecho, España supone una anomalía en cuanto que el tamaño de la clase y la ratio alumnos/profesores son mayores en las aulas concertadas y privadas que en las públicas. Por ejemplo, en Primaria, hay 25, 21,5 y 21 estudiantes respectivamente; en la OCDE, en cambio, 19, 16 y 20. Lo mismo sucede con las ratios: mientras que en Europa es similar en la red pública y concertada, y claramente inferior en la privada, en España los centros de titularidad estatal tienen una tasa cuatro puntos menor que los otros dos sectores. Es cierto que la diferencia con respecto a hace 20 años se ha estrechado ligeramente, pero los datos de la OCDE desmienten el discurso de una parte de los profesores de la red pública, según el cual los recortes tras la anterior crisis económica se habrían cebado con estos centros, abarrotando sus aulas y en cambio mejorando las condiciones laborales de los concertados. De hecho, según la última edición del informe Education at a Glance, entre 2013 y 2019 el número de alumnos por clase en el sector público español cayó un 1%, mientras que el del privado (incluyendo al concertado) subió un 2,5%. Evidencia mezclada En cualquier caso, la Proposición del PSOE atiende una antigua reivindicación de gran parte del profesorado, que considera imprescindible bajar el número de alumnos por clase para mejorar la instrucción. No obstante, una cosa son las experiencias personales y otra la evidencia científica sobre el tema, que no es concluyente. Los estudios no son concordes sobre el efecto de bajar el número de alumnos por clase Se han publicado cientos de estudios sobre el tema. Hablando en términos estrictamente cuantitativos, la mayoría sí encuentra una relación positiva entre la reducción del tamaño de la clase y el rendimiento de los alumnos; además, muchos de ellos señalan beneficios en otros aspectos no estrictamente académicos, como el clima escolar o la satisfacción de los profesores, que de forma indirecta acaban afectando a las notas. No obstante, también hay un buen número de estudios –incluidos algunos cualitativamente superiores en cuanto a las metodologías empleadas– que no aprecian una relación significativa entre los dos factores. Con tal volumen y disparidad de resultados en la investigación sobre el tema, resultan especialmente interesantes los llamados metaanálisis: estudios que sopesan la literatura científica previa, separando las investigaciones más rigurosas de las no tanto y ofreciendo conclusiones. La proposición presentada por el PSOE cita uno de estos estudios, el publicado en 2019 por Campbell Collaboration. Sus autores se proponen, precisamente, separar “el grano de la paja” para esclarecer la tan disputada cuestión. Para ello, de los casi 1.900 estudios sobre el tema encontrados en distintas fuentes, hacen una primera selección de los 127 más rigurosos. Después de analizar las características metodológicas de estos (los posibles sesgos en la selección de campo, o el uso de variantes viciadas) se quedan solo con 10. Aunque el rigor del filtrado pueda parecer excesivo, resulta importante en el estudio de una cuestión tan compleja como el rendimiento académico, influido por multitud de factores cuyo efecto puede fácilmente solaparse. La conclusión del metaanálisis es que la reducción del tamaño de la clase –número de alumnos por aula– produce efectos positivos, aunque no muy abultados, en la destreza lectora, pero no en matemáticas. Traducido a una medida estadística llamada “probabilidad de beneficio”, habría un 53% de posibilidades de que el resultado en lectura de un alumno escogido al azar entre los del grupo tratado (es decir, los de aulas reducidas) sea superior al de otro escogido al azar entre los del grupo de control (los de las clases con un tamaño normal); en matemáticas, en cambio, la probabilidad sería del 49%. Esta conclusión se sitúa a mitad de camino entre los estudios previos que han señalado grandes beneficios y los que niegan prácticamente cualquier efecto significativo. En ocasiones, incluso la misma base de datos ha llevado a conclusiones contrarias a distintos investigadores. Por ejemplo, un metaanálisis realizado por Glass y Smith en 1979 observó una ventaja considerable (de diez puntos percentiles) si un alumno estudiaba en una clase de 20 en vez de en otra de 40. En cambio, Slavin, analizando los mismos datos, concluye que el efecto directo de la reducción de tamaño es muy leve, aunque sí viene bien a los estudiantes desaventajados. Basándose en estos y otros análisis, un estudio trató de calcular la rentabilidad económica de la reducción de estudiantes, contrapesando costes y beneficios a medio y largo plazo. Calculando que cada alumno menos en el aula suponía un sobrecoste de entre 200 y 250 dólares al año, el autor concluye que, en general, la medida no resulta rentable. Condiciones especiales No obstante, distintos estudios –a un lado y a otro del debate sobre la efectividad general de la reducción de ratios– sí que coinciden en mostrar una relación positiva de esta medida para determinados colectivos y en condiciones concretas. Por ejemplo, en 1990 se publicaron dos análisis sobre el proyecto STAR, que para muchos investigadores creó las mejores condiciones posibles para el estudio del tema: el estado de Tennessee asignó aleatoriamente a todos los alumnos de infantil de una promoción a clases de tres tamaños diferentes, y siguió su desempeño académico hasta tercero de primaria. Tanto el estudio que señaló grandes beneficios en los estudiantes de clases pequeñas como el que no, estaban de acuerdo en que la medida resultaba más efectiva en estudiantes de estratos socioeconómicos bajos y en los primeros años de escolarización. Otro estudio publicado unos años más tarde señalaba otra circunstancia “especial”: para que la reducción de tamaño produjera efectos significativos, el número de alumnos por aula tenía que ser menor de 20. No mejora la enseñanza si la reducción de alumnos por aula se consigue contratando a profesores sin experiencia También se ha señalado la importancia de que los profesores que imparten clase en estas aulas “menguadas” aprovechen estas circunstancias para aplicar determinadas metodologías. Cuando reciben formación específica para ello, y pueden llevarlas a cabo, la reducción de tamaño ofrece mayores beneficios. Así lo señalaron dos metaanálisis publicados en la pasada década, el de Zyngier y el de Hattie. Escuelas desaventajadas La propuesta del PSOE de bajar las ratios alumnos-profesores está limitada a las escuelas de “alta complejidad social”, lo que supone un cambio de discurso frente a la pretensión anterior de aplicar la reducción a todos los centros. De ahí que en el texto se citen algunos estudios que inciden en el beneficio que esta medida produce entre el alumnado más desaventajado. No obstante, convendría que se tuviesen en cuenta algunas precauciones que aparecen en muchos de los estudios sobre el tema. Por ejemplo, que la concentración de estudiantes pobres en “escuelas gueto” puede anular el impacto de la reducción de alumnos, o que la cualificación de los profesores es importante para que la medida tenga efecto. Por ejemplo, el estado de California decidió a finales de los 90 reducir drásticamente el número de alumnos por aula, pero para cubrir los puestos vacantes en las nuevas clases tuvo que contratar a casi 25.000 nuevos profesores, sin experiencia previa. El resultado de la política, analizado años después, resultó negativo. Según datos de la OCDE, las escuelas desaventajadas de España no están demasiado guetificadas, y su profesorado tiene un nivel de titulación y de experiencia docente similar al de las demás, por lo que la medida de reducir las ratios podría encontrar el “suelo” necesario para producir buen fruto. No obstante, conviene no olvidar que la investigación previa ha ido señalando otras posibles intervenciones que también resultan beneficiosas para las escuelas más necesitadas, y no son tan caras. La que más acuerdo genera es aprovechar el reducido tamaño de la clase para adaptarse mejor a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, o dedicar a la enseñanza el tiempo que deja libre la disminución de las tareas burocráticas y disciplinarias. Un estudio reciente que analiza los factores escolares que favorecen mejores resultados por parte de alumnos socioeconómicamente desaventajados, en primer lugar señala el clima disciplinario en el aula y en el centro en general. Después, aunque con una correlación menos fuerte, la cantidad de tiempo dedicado a la instrucción directa, y la oferta de actividades extracurriculares, especialmente si en ellas se logra implicar a las familias de los alumnos y a otros miembros de la comunidad local. La figura del mentor o consejero personal también resulta particularmente efectiva entre alumnos desaventajados, así como que el director tenga autonomía para contratar a docentes con el perfil necesario para ese tipo de centros.

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