En las zonas con buenas escuelas, los pisos son más caros

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Duración lectura: 4m. 29s.

Pinchada la burbuja inmobiliaria, los precios de las viviendas en Gran Bretaña están bajando (casi un 2% en agosto pasado), pero las que están cerca de colegios con prestigio siguen siendo muy bien valoradas. Es una consecuencia de la rigidez del mapa escolar y del empeño de muchas familias por llevar a sus hijos a una escuela de calidad.

Este fenómeno ha sido certificado por un estudio, elaborado por la Cranfield School of Management para el banco Halifax, con datos de Londres y otras seis grandes ciudades inglesas. Hay, en efecto, una relación clara entre los resultados académicos de una escuela pública y los precios de las viviendas en la misma zona. La primera magnitud se mide, como es usual en Gran Bretaña, por la proporción de alumnos que aprueban al menos cinco asignaturas en el examen final de secundaria (GCSE). El aumento de precio no es el mismo en todas las ciudades, y va del 1% al 3% por cada 10 puntos porcentuales de más en rendimiento escolar.

La diferencia de precio es relativa al estado general de la enseñanza pública en la ciudad. La máxima se registra en Bristol, que entre las siete ciudades examinadas ostenta los peores resultados medios en las escuelas públicas. Allí, las familias están dispuestas a pagar hasta un 12% más que el precio medio de la vivienda en la ciudad por conseguir plaza en un buen colegio. En términos absolutos, esto viene a suponer un desembolso de unas 20.600 libras (26.000 euros) adicionales.

Casos semejantes se dan también en otros países donde impera el mapa escolar, como Francia (que lo ha relajado hace poco) o España. El resultado inevitable de la aspiración a la libertad de elegir colegio es una distribución de alumnos diversa de las previsiones de la autoridad planificadora. En Inglaterra preocupa que la clase media casi cope las mejores escuelas públicas, por su capacidad de pagar una vivienda próxima y por otras causas. Por eso, un think tank llamado Local Government Information Unit ha propuesto que se adjudiquen las plazas por sorteo, a fin de dar a las familias modestas iguales posibilidades.

Pero el estudio encargado por Halifax no suscribe esa idea, pues sería -dice- atacar “los síntomas del problema, en vez de la raíz”. Mientras haya colegios que disgusten a las familias, las que tengan más posibilidades hallarán algún modo de evitarlos. La solución, según los autores, es mejorar los centros públicos deficientes: solo así se frenaría la huida de los alumnos más favorecidos y se eliminaría el sobreprecio de las casas cercanas a los buenos.

Los pobres también irían a otra escuela

El estudio no se plantea suavizar la zonificación, que sería otra fórmula para facilitar el acceso de los alumnos de clase baja a los colegios buenos, que suelen estar en zonas más elegantes. Precisamente una crítica común al mapa escolar es que refuerza las diferencias sociales, porque al encerrar aún más la escuela en su barrio, reduce la variedad socioeconómica del alumnado.

Pero las escuelas públicas también corren peligro de perder a los pobres, si es verdad lo que se ha oído últimamente en la Cámara de los Comunes. Una comisión parlamentaria ha estudiado el modo de aplicar una nueva legislación que afecta a los colegios llamados “independientes”: privados, pero no elitistas como Eton y los demás del mismo estilo. A partir de ahora, no serán automáticamente considerados entidades sin fin de lucro, y se les exigirá probar que son de interés público para beneficiarse de las exenciones fiscales correspondientes. Una manera de cumplir el requisito sería, según la Charity Commission (la autoridad reguladora de las entidades no lucrativas), ofrecer un mayor número de plazas subvencionadas o gratuitas a alumnos de escasos recursos.

Esa propuesta tiene la oposición de varios directores de centros públicos que han presentado alegaciones ante la comisión de los Comunes. Dicen que si se multiplican las becas en las escuelas independientes, las públicas se quedarán sin los mejores alumnos. Uno añadió que la idea de la Charity Commission no satisface el criterio de interés público, porque la mayor concentración de estudiantes mediocres en la red pública sería perjudicial para el sistema.

Lo anterior supone una idea de bien común monopolizado por proveedores de titularidad pública y en la que no entra la libertad de las familias. También implica tomar la red escolar pública como un bloque uniforme. Pero el fenómeno inmobiliario descrito arriba muestra que no todos los centros públicos son iguales. Y el temor de los directores indica que también a los padres de condición modesta les gusta elegir, como hacen los más acomodados, y si muchos preferirían una beca en un colegio independiente, teniendo uno gratis en la red pública, será porque esta no les ofrece alguno que sea de su gusto. Adjudicándoselo por sorteo no habría mayor probabilidad de satisfacerles que con el actual mapa escolar. En uno u otro caso, acaban en la escuela que les ha “tocado”.