Para que la libertad de elección cumpla su objetivo, los padres tienen que tener información sobre los proyectos educativos y los resultados de los colegios.

Para el curso que viene, la Comunidad de Madrid se convertirá definitivamente (ya lo había hecho en parte este curso) en zona escolar única, de forma que los padres que no opten por un colegio privado podrán escoger entre todos los centros públicos y concertados de la región, independientemente de dónde vivan. Aunque todavía no se ha publicado el decreto definitivo, el visto bueno del Consejo Escolar a finales de enero parece anunciar una aprobación inminente. Con todo, las líneas maestras de la reforma se conocen desde hace tiempo. Distintos miembros del gabinete regional han señalado que el proyecto incluirá medidas para evitar la segregación que, según los críticos, traerá la liberalización de la oferta escolar. Estas medidas –como la obligación para los colegios de hacer públicos sus resultados en las pruebas externas y estandarizadas, el programa educativo y el régimen interno y de conducta, y los servicios complementarios ofrecidos– buscan evitar que las familias de bajos estratos socioeconómicos se involucren menos en la elección de colegio, lo que en la práctica significa que muchas de ellas deciden solo por un criterio de cercanía geográfica. La asimetría de información (y de interés) entre las familias de más y menos ingresos es uno de los argumentos para los detractores de las políticas “liberalizadoras” del mercado educativo. En realidad, el debate sobre este asunto sigue muy frecuentemente los cauces (y el estilo esloganero y poco profundo) de la discusión política entre liberalismo o intervencionismo. Los detractores de las políticas “liberalizadoras” aducen la distinta información e interés entre las familias de más y menos ingresos Por eso, vale la pena recordar algunos razonamientos realistas (es decir, pegados a la realidad de las escuelas) y alejados de las consignas ideológicas. Estos acercamientos suele reconocer, en primer lugar, la complejidad del problema: no es fácil determinar la influencia de medidas liberalizadoras del mercado educativo (como la de la zona escolar única o los cheques escolares) en la segregación socioeconómica de las aulas, puesto que a esta segregación concurren otros factores ajenos a la escuela como la política urbanística, la inmigración, e incluso la situación económica del país. La experiencia internacional La OCDE ha publicado varios documentos al respecto. En uno de 2012 (ver Aceprensa, 21-06-2012) se señalaba que, como norma general, la segregación socioeconómica por tipo de centro (concentración de alumnos desaventajados en los colegios públicos) era menor en aquellos países que más financiaban su escuela privada. Esta tendencia general sigue la lógica de que si una administración pone todas las escuelas al alcance de todas las familias, la mezcla de estratos socioeconómicos en las aulas debería ser lo normal (como ocurre, por ejemplo, en Finlandia y Holanda, donde apenas hay diferencia socioeconómica entre las aulas privadas y públicas). No obstante, hay excepciones como Suecia, donde la segregación ha aumentado en la última década a pesar de la subvención prácticamente total de la escuela privada. En otro informe, de septiembre de 2011, la OCDE señalaba algunos de los riesgos de las políticas educativas basadas en la libre competencia de los centros, y proponía una serie de medidas para contrarrestar los efectos negativos. Unas iban encaminadas a facilitar la elección de los padres: extender las políticas de cheques escolares entre las clases más desfavorecidas (asignando, por ejemplo, un dinero extra para el transporte a las familias de barrios más pobres, para evitar que sus colegios se conviertan en guetos); otra medida consiste en proporcionar más información a todas las familias, pero sobre todo a las que tradicionalmente se involucran menos en la decisión. Un informe de la OCDE encuentra que la segregación socioeconómica por tipo de centro es menor en aquellos países que más financian la escuela privada Entre las propuestas dirigidas a los colegios, se sugiere incentivarlos para que escolaricen a los alumnos en mayor peligro de exclusión (a través de un cheque escolar más cuantioso o de beneficios fiscales). Por último, el informe de la OCDE, consciente de la importancia de acompañar los estímulos con medidas coercitivas, proponía vigilar que los colegios no establecieran criterios selectivos destinados a repeler a los alumnos desaventajados. Sin diversidad no hay elección real Además de dar información a los padres, vigilar que los colegios no se aprovechen de los criterios de admisión, y premiar económicamente a los centros más abiertos a todo tipo de alumnos, otra condición indispensable para que la libertad de los padres tenga sentido es que la oferta de los colegios realmente sea diversa. En su libro La escuela que necesitamos, E.D. Hirsch explica las limitaciones de aplicar al ámbito educativo el modelo económico liberal (a más oferta, más competencia y por tanto más calidad del producto). Por un lado, comenta, mientras que en la esfera económica los clientes suelen saber lo que quieren, en la elección de centro no ocurre lo mismo, ya sea por ignorancia, falta de interés o incapacidad: “Los resultados de la escolarización tardan mucho tiempo en verse. Incluso cuando los padres saben qué logros quieren ver a largo plazo, rara vez tienen una idea clara de lo que desearían que los colegios hicieran en el día a día para lograrlo”. La falta de conocimientos pedagógicos de la gran mayoría de los padres (lógica, por otro lado) y la no inmediatez de los resultados son dos importantes obstáculos para que exista una libertad real en la elección de centro. Además, no tienen fácil solución. Por el lado de la demanda, todo lo que se puede hacer, además de dotar de medios económicos a todos según sus necesidades, es preocuparse de que a las familias menos involucradas les llegue al menos un mínimo de información. En cambio, Hirsch señala otra disfunción del mercado, relacionada esta vez con la oferta, y que sí tiene solución posible, aunque no sea fácil. Se trata de que los colegios realmente ofrezcan modelos pedagógicos distintos. Para Hirsch, existe una especie de monopolio intelectual en la pedagogía moderna que ha uniformado (y empobrecido intelectualmente) la escuela. Todo su libro es un alegato contra ese modelo pedagógico, centrado más en el proceso de aprender que en la profundidad y rigor de los contenidos enseñados: así, los clichés de esta tendencia educativa son “el fomento de la autoestima del alumno”, el “respeto a su ritmo individual de aprendizaje”, “la alegría de aprender” o el “aprendizaje cooperativo”. Una de las consecuencias de este monopolio intelectual es que los proyectos educativos que los padres pueden ver en los distintos colegios son todos muy parecidos. A falta de propuestas pedagógicas originales, los colegios terminan compitiendo (y los padres decidiendo) por las instalaciones o las actividades extraescolares. Así, los padres a los que estos aspectos no les importan especialmente, terminan escogiendo el centro más cercano a su casa. Para Hirsch, si realmente se pretende que los padres puedan elegir libremente, la primera medida debería ser obligar a los colegios a diseñar un proyecto educativo serio y centrado en los aspectos académicos.

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